Un sector del PJ entiende que incrementar los miembros del tribunal serviría para diluir el peso de los magistrados que condenaron a Cristina. Los libertarios, sin línea.
Los senadores peronistas que integran la comisión de Asuntos Constitucionales tienen instrucciones de Cristina Kirchner para avanzar con la ampliación de la Corte Suprema, un tema que volvió a abordarse este miércoles en la Cámara Alta, en una reunión plenaria presidida por la cordobesa Alejandra Vigo y el libertario Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Justicia.
“Nosotros apuntamos a una Corte de 15 miembros, que los jueces no sean vitalicios y que las causas tengan plazos pero si ampliamos a nueve, está bien porque tenemos que diluir el peso de los tres que condenaron a Cristina”, explicó uno de los legisladores más cercanos a la exmandataria.
El interbloque de UP cuenta con 34 bancas en total, computando las cuatro de Convicción Federal. Para llegar a los dos tercios que se requieren para nombrar nuevos magistrados, los cristinistas apuestan a un acuerdo con el gobierno: “los libertarios ponen 6 votos y después traen los 8 votos que faltan entre los que responden a los gobernadores”, estiman.
Sin embargo, uno de los aliados de Casa Rosada comentó a LPO que la tropa oficialista “está sin línea” en el Congreso. “No quieren abrir las comisiones ni para darle trámite a los proyectos de jubilaciones y emergencia en discapacidad que vienen con media sanción de Diputados, eso va a hacer que el peronismo nos lleve puestos la semana que viene”, planteó.
El pacto de Romero y Mayans para quedarse con la AGN que inquieta a Milei
En efecto, el gobierno quedó golpeado tras el rechazo del Senado a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla pero ahora paga también por la resolución del triunvirato de Talcahuano contra la expresidenta. “No movimos nosotros la ampliación, podría pasar pero no fue nuestra intención”, contestaron en Balcarce 50 ante la consulta de LPO.
En la bancada libertaria, consideraron que “no es una cuestión simple y no depende solo del gobierno”. Esa postura coincide con la visión del bloque Las Provincias Unidas, comandado por Carlos “Camau” Espínola y Juan Carlos Romero, donde creen que “sería un error que el gobierno no permita el avance del Senado en la discusión de la Corte”.
La detención de Cristina y las deliberaciones en el PJ para definir una estrategia de campaña impidieron por el momento una síntesis clara. Una diputada peronista propuso en los últimos días a dos senadores kirchneristas que se avance en un acuerdo con los libertarios para ampliar la Corte antes del recambio parlamentario pero intentaron bajar la ansiedad: “Vas muy rápido”, le dijeron.
El planteo de la legisladora era que había que acelerar la ampliación de la Corte “de forma urgente, antes de diciembre”. “Podemos llevarla 9 miembros, que ponga dos el gobierno, dos la UCR y dos nosotros, y así diluimos el poder de los tres que condenaron a Cristina”, sostuvo en referencia a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En el Instituto Patria aceptan un tribunal de nueve integrantes pero consideran que “el radicalismo no existe, tampoco el PRO”. Insisten que el pacto tiene que hacerse con el oficialismo y eso terminaría operando para que se arrimen las voluntades necesarias en los distintos bloques.
A un sector del peronismo vinculado a los gobernadores, por lo demás, le inquieta cualquier nuevo impulso del juicio a la Corte como eje programático. La disyuntiva es clara para ellos: sellar un pacto con los libertarios para incrementar la cantidad de miembros o una confrontación directa contra la Corte, sin el apoyo de los aliados del gobierno y los bloques del centro.
“No tiene nada que ver, podemos ampliar la Corte y echar a los que están porque son impresentables”, repuso un senador. Su argumentación se basa en la experiencia de los albores kirchneristas, cuando Néstor Kirchner anunció el juicio político a los cortesanos, algunos de ellos renunciaron y el gobierno terminó postulando nuevos magistrados.
Un eventual intento por aumentar los integrantes del cuarto piso de Tribunales también implicaría archivar el trámite de la comisión investigadora por el Criptogate, algo que el kirchnerismo no dudó en utilizar como prenda de negociación para voltear Ficha Limpia en el Congreso pero que encaró con vehemencia tras la confirmación de la sentencia contra Cristina.
De hecho, una diputada que integra el cuerpo que debe indagar sobre las responsabilidades de los hermanos Javier y Karina Milei en la estafa Libra repitió este viernes que intentarán emplazar la comisión en la sesión del próximo 2 de julio, para destrabar la designación de autoridades.
Una compañera suya en la bancada que conduce Germán Martínez se mostró escéptica. “Lo de Libra no lo vamos a poder destrabar, yo creo que fue una gansada hacerlo así y había que ir directamente a la comisión de Juicio Político, que ya tiene reglamento específico”, precisó.
Su afirmación se basa en que, como informó LPO, en la última reunión de la comisión del Criptogate el radical Fernando Carbajal y la lilita Mónica Frade se pronunciaron a favor del juicio político contra Javier Milei, ante el persistente freno de libertarios y macristas contra el nombramiento de un presidente opositor al frente del cuerpo.
El inconveniente es que, pese a que la Comisión de Juicio Político se constituyó en abril de 2024 con Marcela Pagano como presidenta, Martín Menem niega esa conformación por instrucciones de Karina. Fuentes parlamentarias reconocieron ante LPO que el objetivo es correr a la diputada de ese lugar, por la desconfianza que le tiene la secretaria general de la Presidencia.
Los más mileístas comentaban con deleite la semana pasada que el primer mandatario había dejado de seguir en Twitter a Pagano, aunque en un despacho oficialista consideraban que el cambio en la comisión podría darse recién después de las elecciones de medio término, con la nueva composición de la Cámara Baja.
La neutralización política entre el juicio político a Milei y el juicio político a la Corte sería, quizá, la razón más poderosa para postular otra vez la apertura de una mesa de negociación que comprenda la ampliación de la Corte, la designación del Procurador, la Defensoría y la Auditoría. Casi una quimera en medio del calendario electoral.