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Coparticipación: de forma coordinada, los gobernadores del PJ le reclamaron a la Corte “ser escuchados”

De forma coordinada, una decena de mandatarios oficialistas realizaron presentaciones ante el máximo tribunal. La semana pasada, un fallo ordenó restituirle a CABA una parte de los recursos que el Gobierno Nacional le había recortado.

De manera coordinada, una decena de gobernadores oficialistas realizaron en las últimas horas presentaciones ante la Corte Suprema, en medio del conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por fondos de la coparticipación. Los mandatarios le reclamaron al máximo tribunal “ser escuchados” y respaldaron el pedido del Gobierno nacional para revocar el fallo que le restituye a la administración porteña una parte de los recursos que Alberto Fernández le había recortado.

Así lo confirmaron este miércoles a través de sus cuentas oficiales de Twitter Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kichner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), entre otros mandatarios provinciales, con mensajes muy similares.

“La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas. Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado Nacional”, dijo Kicillof.

“Es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al jefe de Gobierno de la Ciudad. Necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial”, agregó.

El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores en Casa Rosada (Foto: Presidencia).
El presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores en Casa Rosada (Foto: Presidencia).

El chaqueño Capitanich, uno de los gobernadores más cercanos a Cristina Kirchner, sostuvo: “La afectación evidente al Estado Nacional y las Provincias Argentinas, en favor de una jurisdicción resulta arbitraria, desmedida y carente de sustento legal”.

El martes, el Gobierno de Alberto Fernández le pidió formalmente a la Corte Suprema que suspenda los efectos de su fallo con el que le ordenó restituir parte de los fondos de coparticipación que el Presidente le recortó a la Ciudad de Buenos Aires en 2020 para transferírselos a la Provincia.

Lo hizo a través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El Gobierno interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

En el Palacio de Tribunales, cede de la Corte, indican que los planteos serían considerados improcedentes. La revocatoria in extremis se plantea ante un evidente error material, no para discutir los fundamentos jurídicos de un fallo. Las recusaciones (apartamiento de un juez del proceso) se plantean con anterioridad a la definición de un juicio, no luego del fallo, más considerando que los funcionarios del Gobierno nacional reconocieron la competencia de los jueces cuando accedieron a participar de las audiencias conciliatorias con la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti: los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia (Foto: NA).
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti: los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia (Foto: NA).

El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta denunció ante la Corte el incumplimiento del fallo y le reclamó al máximo tribunal tomar las medidas necesarias para que se vuelva efectivo.

En cualquier caso, la resolución de los planteos del Ejecutivo nacional, de los gobernadores del oficialismo y de la administración porteña se demorará al menos hasta febrero: el 1 de enero comienza la feria judicial (receso) que se extenderá hasta el fin de mes.

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