Todo se enmarca en la denuncia que contra el actual senador tucumano del Frente de Todos –en uso de licencia– fue radicada por su sobrina y ex asesora el 22 de noviembre de 2019. En ese momento, Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara Alta. Una vez que finalizó ese periodo, el bloque de senadores del Frente de Todos extendió ese requerimiento por tiempo “indefinido”.
“Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas, por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda”, recordó la joven en noviembre pasado.
Desde Tucumán, en el juzgado de instrucción 2 decían que correspondía investigarlo en Buenos Aires. En Buenos Aires, el juzgado en lo criminal y correccional 35 decía lo mismo, pero viceversa. El ex gobernador quería llevar su caso a Tucumán. La víctima promovía la radicación de la causa en ámbito porteño.
Es que la mujer lo acusó por siete hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino, mientras que por los otros cinco comenzó un proceso paralelo en la Ciudad de Buenos Aires
Hoy, la Corte Suprema de la Nación puso fin a esa discusión: la causa se queda en el ámbito porteño. Con este escenario, se espera que se avance en los próximos pasos procesales y se defina si se llama a declarar a Alperovich.
El 30 de diciembre, mientras se definía la votación de la ley del aborto en el Congreso, los fiscales Vismara y Labozzetta reclamaron la indagatoria del ex gobernador. Sostuvieron que los casos de abuso sexual se cometen en un ámbito de intimidad donde no siempre es posible contar con testigos directos de lo ocurrido. Y señalaron que: “Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades para denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”.
En su dictamen los fiscales resaltaron el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las comunicaciones mantenidas entre la víctima y Alperovich, que otorgaron “fuerza probatoria” a los dichos de la denunciante. Hicieron hincapié en la necesidad de aplicar “un criterio de amplitud probatoria”, es decir, que se consideren las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos “siempre que estos sean indicios graves, precisos y concordantes”.
Labozzetta y Vismara además señalaron: “Puede sostenerse que la prueba más trascendental en estas causas son los dichos de la víctima y los elementos reunidos deben evaluarse bajo la directriz que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. A esto le sumaron que en el expediente se cuenta con “sobrados elementos de cargo” que sustentan esos dichos.
Y en el caso de la denunciante, resaltaron que la relación de asimetría estaba atravesada también por la relación laboral que tenía con Alperovich y la posición de poder que éste ostentaba, no solo en la cuestión de trabajo sino a nivel provincial y nacional.
Además de la relación familiar, los fiscales tuvieron en cuenta la diferencia de edad (35 años); la situación de dependencia laboral; el hecho de que Alperovich era y es un reconocido político con influencia provincial y nacional, que gobernó años Tucumán, la provincia donde la denunciante vive actualmente. La joven relató en su denuncia el contexto de “permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”.
Los fiscales Vismara y Labozzetta concluyeron que se debe indagar a Alperovich porque los hechos que le imputaron “se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género”.
