La jueza fue confirmada en el expediente por sus pares de la sala primera del máximo tribunal penal del país, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes señalaron que la defensa de Macri “no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos suficientes” que demuestren “la parcialidad invocada”, según surge del fallo al que accedió Télam.
Macri pretendía apartar a la jueza Figueroa bajo el argumento de que es una de las magistradas que declaró en calidad de testigo en el marco de la causa que se investigan supuestas presiones de la Mesa Judicial de Cambiemos sobre jueces y fiscales.
Los jueces que rechazaron el planteo entendieron que en el hecho de haber relatado ante la justicia episodios que le tocó vivir en el marco de sus funciones no hay ningún elemento que permita presumir una supuesta falta de imparcialidad.
En este expediente, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó una presentación para que se investigue si Macri, el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, el extitular del Banco Nación Javier González Fraga y a los dueños de Vicentín incurrieron en maniobras de lavado de activos.
La investigación se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del Banco Nación que dio cuenta del supuesto otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa de esa entidad en relación a los préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
La investigación –delegada en el fiscal Gerardo Pollicita- también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
