El jueves retomará la actividad la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que en 2020 fue escenario de una feroz embestida contra el procurador interino Eduardo Casal por proteger al fiscal Carlos Stornelli, protagonista de la mayoría de las causas contra Cristina Kirchner.
La vicepresidenta impulsó en el Senado una reforma del Ministerio Público que fue aprobada, pero en Diputados aún no están los votos para su sanción y quedó escondida en un cajón. El plan B para la salida de Casal fue un jury de enjuiciamiento en el Ministerio Público, para el que aún buscan los votos.
Mientras tanto, en 2021 los legisladores del Frente de Todos apuntarán contra fiscales que actuaron en causas contra la vicepresidenta, que definen como parte del lawfare, para evaluar su conducta en la bicameral, pese a que no tiene capacidad de sanción.
El jueves, el diputado Rodolfo Tailhade presentará un pedido de investigación contra el fiscal Abel Córdoba por cerrar la causa que investigaba la concesión en 1998 sin licitación previa de una porción del espectro radioeléctrico al grupo francés Thales.
Pese a que se pagó un canon irrisorio, basados en la investigación de Córdoba, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu concluyeron en que la administración fraudulenta existió, pero no se pudo comprobar que haya habido una dádiva.
“La causa estaba en el tribunal oral desde hacía seis años, luego de más de 14 de investigación. Y ahora dicen, entre otras mentiras, que prescribió. Durante estos años ni el fiscal ni los jueces se preocuparon en impulsar el juicio, pero sí le daban trámite urgente a causas más recientes, como la de obra pública contra Cristina”, sostuvo Tailhade.
Córdoba fue uno de los fiscales que intervino en la investigación del constructor Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión, cuatro más que los pedidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si bien la condena fue por evasión impositiva y no identificó delito precedente, el contenido de la investigación podría utilizarse para la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta.
El diputado no puede entender porqué es tan rápido para estas instrucciones y tan lento para otras. “Es el mismo fiscal que la semana pasada le dio la prisión domiciliaria a Enrique Blaksley, el mayor estafador argentino, mientras encarcela a los que le indica el macrismo. Voy a pedir la inmediata intervención de la Bicameral de Ministerio Público para evaluar a este corrupto”, anunció.
