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Máximo apura la quita de fondos a la Ciudad y negocia con Losardo la reforma judicial

Este viernes comienza a tratarse el proyecto que regula el traspaso de la policía federal y le resta recursos a Larreta. Diputados del Frente de Todos le pidieron a la ministra abrir un diálogo con los aliados.

El Congreso entró en un vértigo de fin de año con proyectos del Gobierno congelados por meses que los referentes del oficialismo están dispuestos a despuntar, pero sólo si antes hay una fuerte presión del Gabinete para sumar los votos que faltan. 

Los principales son la ley de traspaso de la policía federa a la ciudad, que en los hechos le quita casi dos puntos de coparticipación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, uno más que lo perdido por el decreto que firmó con Alberto Fernández. 

Pero también empezaron las negociaciones para destrabar la reforma judicial que el presidente promocionó desde la campaña, logro que el Senado aprobara con modificaciones en agosto y hace dos semanas pidió a los Diputados que “se dignen” de tratar. 

La pelea por los fondos porteños tendrá varios capítulos hasta fin de año. El jefe de Gobierno acudió a la Corte Suprema en septiembre para pedir que le restablezca el punto de coparticipación que dejó de recibir en forma diaria y en respuesta el presidente envió un proyecto de ley para afinar números sobre el presupuesto que les cedió Macri para financiar la policía, sin pasar por el Congreso. Sus estimaciones dieron que no necesita más que 24.500 millones de pesos anuales, un tercio de lo que recibe.   

El máximo Tribunal aún no se pronunció pero en la Ciudad hay expectativa de que lo haga a favor, sobre todo luego del fallo que favoreció parcialmente al Gobierno al negar la continuidad de los jueces trasladados por Macri. 

El Senado aprobó la ley de traspaso de la policía con la mayoría oficialista el 2 de octubre, pero recién este viernes empezará a tratarse en Diputados, mediante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, presididas por Carlos Heller y Pablo González. 

En el Frente de Todos confían en que tienen los votos para sancionar la ley la semana siguiente, pese a que no pudieron garantizar el respaldo de los cuatro diputados por Córdoba, porque su gobernador Juan Schiaretti se negó a firmar las solicitadas junto a sus colegas para exigir una baja de fondos a Ciudad, aunque no redunde en giros a sus arcas por tratarse de la porción de la masa coparticipable retenida en el tesoro nocional.  El otro elemento de presión de  

Si se sancionara la ley, Larreta debería volver a la Corte y romper definitivamente su vínculo con la Nación, entre otras cosas porque no podría permanecer en el pacto fiscal firmado por Macri y los gobernadores en 2017, renovado este año con mayores licencias para las provincias. 

Por pedido unánime, a poco de asumir Alberto flexibilizó el compromiso de no subir impuestos locales y volvería hacerlo con otra adenda, pero siempre a cambio de renunciar a reclamos judiciales a la Nación por fondos. 

El jefe de Gobierno no tendría más opción que salir del pacto fiscal y quedar al margen de acuerdos con la Nación, como sólo hizo hasta ahora San Luis. Aún sin la garantía de los cordobeses, en el Frente de Todos creen que podrán sancionar la ley con respaldo del resto de los bloques chicos, que por goteo el martes le permitieron aprobar dos leyes rechazadas por Cambiemos.

Con 8 aliados consolidados (el bloque Unidad Federal más la dupla Felipe Álvarez-Antonio Carambia) y el respaldo que para este tema llegará de la neuquina Alma Sapag, necesitan rescatar cuatro votos de los once interbloque federal, en el que confluyen los 4 cordobeses, 2 socialistas santafesinos, 3 del bloque de Roberto Lavagna y 2 que provienen de su espacio pero se mueven como libre pensadores (Eduardo Bucca y Andres Zottos).

En el Senado, el debate le trajo rédito político al oficialismo porque lo completó con una agresiva campaña en redes sociales, no tan habitual en el oficialismo, en la que acusaron a radicales y macristas del interior del país de trabajar para que haya más fondos en Capital Federal, un discurso sensible en las provincias. La mayoría respondió.

La reforma judicial

En el Frente de Todos saben desde septiembre que no tienen los votos para sancionar la reforma judicial, porque los bloques chicos se manifestaron en contra y aseguraron que no darían quórum para aprobarla por mayoría simple. 

Varios hicieron propuestas, como Graciela Camaño, líder de los federales, que pidió aprovechar la oportunidad para debatir una reforma integran del Ministerio Público, que el kirchnerismo inició por las suyas en el Senado y la dictaminaría este mismo miércoles.

Massa había evaluado devolverlo al Senado algunos de los consejos del comité de expertos que el miércoles emitió un dictamen para realizar otras reformas judiciales, con temas que bien podrían alcanzar consensos unánimes como juicio por jurados. 

Pero nunca llegaron las propuestas y tampoco alternativas del Gobierno. Según supo LPO, por indicación de Máximo, esta semana los diputados Rodolfo Tailhade y González, presidente de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, mantuvieron un diálogos con la ministra de justicia Marcela Losardo para saber que está dispuesta a cambiar del proyecto para que sea ley.

Losardo quedó en la mira de Cristina Kirchner en agosto por su opaca defensa a la reforma judicial que ella misma escribió: asistió a exponer en la primera audiencia y apagó los teléfonos para siempre, sin intervenciones en los medios. 

Lejos de sentirse culpable, en Diputados no quiere ni aparecer y hasta se negó a puntear el dictamen para elegir cuales se pueden negociar. “No vamos a volver a poner la cara nosotros para una ley que pide Alberto”, le aclararon. Pero Losardo nunca respondió y quedó en ajustar la estrategia con el presidente. 

En el Senado, Cristina le bajó el precio a la reforma con una de sus cartas, luego que debieran timonear el debate sus protegidas María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti. Ante la ausencia de la ministra no pudieron evitar que los gobernadores multiplicaran los juzgados y cámaras de apelación del interior del país, hasta minutos antes de votar y según Cambiemos el costo estimado se duplicó, de 6 mil a 12 mil millones de pesos, aunque no es inmediato porque llevará años abrir todas las oficinas.  

Tampoco quedó intacto el capítulo de Comodoro Py, con la eliminación de la fusión de los fueros civiles y comerciales con el contencioso administrativo, un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).  

La reforma fusiona en ese fuero los tribunales criminales y correcciones con los penales económicos, se suman 23 juzgados hasta alcanzar 46, encargados de investigar las causas por corrupción. Tendrán 17 tribunales orales: los doce existentes y otros cinco que crea la ley. Las causas seguirán en sus jueces naturales pero en la oposición creen que podrán manipular las incómodas para el Gobierno cuando escale a instancias superiores.

Tal vez el capítulo más polémicos, y tal vez uno de los primeros en judicializarse, es el sistema especial de subrogancias que habrá para cubrir por un año los nuevos juzgados. En el dictamen se reincorporó el examen escrito a los postulantes (el proyecto no lo tenía), que para pasar las siguientes instancias deberán obtener un 60% de calificación en esa prueba. 

Algunos senadores con experiencia en los pasillos de Comodoro Py lo interpretaron como un reclamo de la corporación judicial con la que Losardo prefiere no chocar de frente. Le gusta más el silencio. 

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