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El peronismo suspende a la legisladora que pidió los “Falcon verdes” y Cambiemos va a la Justicia

El peronismo votó la sanción de la Legislatura de Córdoba y Cambiemos anunció que la rechazará en la Justicia. “Aplican el delito de opinión”, cuestionaron.

En una sesión caliente que combinó 22 legisladores en el recinto y otros 48 conectados por Zoom, el peronismo cordobés empleó su mayoría y con el voto de sus 51 representantes, suspendió por seis meses sin goce de sueldo a la radical Patricia de Ferrari.

La legisladora, que políticamente responde a Mario Negri, fue sancionada por la Unicameral cordobesa por el contenido de un tuit publicado, y que luego borró, el pasado 22 de octubre el Día nacional del Derecho a la Identidad, que textualmente decía: “¿Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para ‘impartir’ justicia a la medida de Grabois y compañía?”.

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A partir de ello y de la ola de repudio público que generó ese último texto de un hilo de 12 comentarios más expresados por esa red, el bloque de Hacemos por Córdoba, la fuerza del gobernador Schiaretti, solicitó una cuestión de privilegio. La sanción aprobada de manera nominal en medio de acusaciones cruzadas y un clima de tensión con la oposición, incluyó además de la suspensión, la imposibilidad de que la legisladora sea autoridad de Cámara y que represente al cuerpo en cualquier otra instancia fuera del edificio parlamentario.

El caso expuso la feroz interna que atraviesa el radicalismo cordobés. El sector de Ramón Mestre no perdió la oportunidad de impulsar una sanción ejemplar contra De Ferrari, que responde a Mario Negri.

“Mi trayectoria no puede quedar reducida a un tuit”, se defendió De Ferrari tras pedir “sinceras disculpas”.

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El tuit en cuestión expuso la semana pasada, una vez más, la interna feroz que atraviesa al radicalismo cordobés cuando un sector, el de Ramón Mestre y otros grupos aliados, repudió enérgicamente los dichos de su correligionaria a través de un comunicado que luego fue apoyado por el bloque de legisladores radicales. 

En Córdoba, la división del partido en las elecciones del año pasado, dejó como secuela, entre tantas otras, la fractura del espacio también en el recinto deliberativo donde, por un lado, está la bancada de Juntos por el Cambio integrada por macristas y radicales, y por el otro, el bloque de la UCR.

Sin embargo, el caso De Ferrari también generó ruido en el oficialismo en la instancia previa a definir qué tipo de sanción propondría luego el oficialismo en el debate.

Durante más de una hora y cuando el resto de los legisladores ya estaba en el recinto, la bancada mayoritaria no se podía poner de acuerdo y, por momentos, se barajaron todas las opciones posibles, desde la máxima sanción hasta directamente no hacer nada.

El presidente del bloque, Francisco Fortuna, y el vicegobernador y máxima autoridad del cuerpo legislativo, Manuel Calvo, creían que había que expulsar a De Ferrari. Una posición que fue rechazada por el presidente provisional de la Unicameral, Oscar González, tras calificar esa propuesta como excesiva. El también presidente del PJ Córdoba planteó que el gobierno de Schiaretti no necesita sumar una polémica nueva en este momento donde la administración provincial atraviesa una fuerte crisis económica y sanitaria, y tiene varios frentes abiertos, entre ellos, la polémica por los casos de gatillo fácil.

De allí que, después de mucho discutir, surgió como medida intermedia la suspensión. En el oficialismo sabían que esa decisión provocaría un nuevo enfrentamiento con la oposición que, al unísono, rechazó la sanción y consideró “desproporcionado” el debate generado más allá de repudiar también las expresiones de la radical.

Entre los reproches, los opositores acusaron al peronismo de usar la mayoría oficialista y sentar como precedente la posibilidad de “echar a un opositor”. Se refirieron al artículo 89 de la Constitución Provincial que habla de la inmunidad de opinión: “ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las expresiones en los medios de comunicación o en cualquier otro ámbito, que en el desempeño de su mandato como legislador, emita en el recinto o fuera de él”. Con ese argumento, los opositores advirtieron que irán a la Justicia por lo sucedido. 

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