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Máximo busca dictamen para el impuesto a la riqueza y tendría los votos para que sea ley

El debate en comisión se demoró para este miércoles. La UIA se manifestó en contra. Debaten una ley para prohibir ayuda a empresas con domicilio en paraísos fiscales.

La demora en el tratamiento de la ley para blindar al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses obligó a postergar para este miércoles el debate del impuesto a la riqueza presentado por Máximo Kirchner, que tendría dictamen y se aprobaría la semana próxima en el recinto remoto de la Cámara de Diputados.

El plan original era debatirlo en comisión este martes, pero la necesidad de corregir el proyecto de Anses prolongó la reunión y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, prefirió postergar un día el prometido proyecto de su jefe de bloque, que propone gravar por única vez a patrimonios superiores a 200 millones de pesos.

Avanza ley para refinanciar deudas de las provincias con el Fondo de Garantías de Anses

También quedó pendiente otro proyecto presentado por sus compañeros de bloque para impedir ayuda económica a empresas con cuentas en paraísos fiscales. Esta noche, en reunión de bloque, los diputados de Cambiemos debatían que postura tomar. No había posición unánime. Algunos creían que era mejor aprobarlo con críticas, para no sufrir represalias en sus rivales locales; pero otros insistían en rechazarlo.

Los primeros sabían que su sanción no tiene riesgos, porque los diputados cercanos al cordobés Juan Schiaretti y al economista Roberto Lavagna anticiparon que apoyarán y con ellos la mayoría simple está garantizada. En el Senado el frente de Todos tiene quórum propio para sesionar cuando quiera y sancionarla.

Este martes surgieron además algunas críticas que podría derivar en retoques al texto. El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey se mostró a favor pidió no tomar la facturación pasada como referencia porque puede ser declarado inconstitucional.

El proyecto, que presentó el jefe del bloque oficialista con firmas de sus pares, alcanza a 12 mil grandes fortunas y la mitad tienen un patrimonio de entre 200 a 400 millones de pesos. Las alícuotas partirán del 2% y subirán a 2.25% a quienes tengan 300 millones (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000. Quienes posean más, aportarán un 3.5%.

El gravamen se duplicará en todos los casos si los bienes están en el exterior, pero podrán ser repatriados en un plazo de 60 días desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Aunque sólo serán reconocidos si los activos que tragan son igual o superior al 30% de sus tenencias financieras en el exterior.

Como había anticipado LPO, el impuesto tendrá asignaciones específicas, un reclamo de los diputados del Frente de Todos para apoyar la ley y poder llevar ayuda a sus provincias. Un 20% será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, que era el origen de la idea iba a ser el único destino.

Pero las roscas palaciegas del Congreso obligaron a incorporar otros. Puede ser que para busca aliados aparezcan otras asignaciones específicas o se modifiquen la actuales. Un 20% irá a subsidios a las Pymes, el mismo porcentaje a un programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, para sostener a los chicos en sistema escolar. En los tres casos, el Gobierno está obligado a coparticipar los fondos con las provincias.

Un 15% será para los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el plan de mejorar la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes.

Y un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de YPF S.A. “Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen”, señala el proyecto.

Según un informe distribuido entre los diputados del oficialismo durante el Gobierno de Macri, “se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente acumulado de 7 puntos del PBI” y con este impuesto se recuperará una parte. Y significará sólo el 34% de la inversión realizada por el Estado en la pandemia.

Calculan que en agosto habrá una inversión de $870.000 millones entre “equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios”.

“Este aporte extraordinario, en comparación, representa solamente el 34% de ese enorme esfuerzo que están haciendo todas/os las/os ciudadanas/os por medio del Estado. Si bien lo recaudado tiene los destinos específicos que consignamos arriba, sirve esta comparación como una medida para ponerlo en orden de magnitud”, señalan.

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