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Economia

Paritarias 2020: el Gobierno quiere negociaciones que ayuden a desacelerar la inflación, pero la CGT se niega a resignar la “cláusula gatillo”

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La política de achatamiento de la pirámide jubilatoria que se reeditó el viernes, y generar un ahorro presupuestario de casi $5.500 millones mensuales respecto de lo que hubiera significado aplicar la anterior “ley de movilidad”, parece una señal de lo que el Gobierno pretende en materia de ingresos en general: ralentizar el ritmo para reducir la “nominalidad” de la economía y bajar así la tasa de inflación sin aplicar nuevas dosis de ajuste fiscal y descartando cualquier forma de apretón monetario.

Esa intención será puesta a prueba en las paritarias salariales que tendrán lugar entre marzo y abril y en una segunda ronda a mediados de año, cuando venza el convenio 2019 de Camioneros y Hugo y Pablo Moyano decidan qué balance hacer entre sus bases, las cámaras de transportistas y el gobierno de Alberto Fernández.

El presidente les pidió a los gremios negociaciones “prudentes”, pero aunque en la Casa Rosada los popes sindicales le sonríen, en las reuniones de la CGT y en las negociaciones que ha habido hasta ahora no hay plafond para los deseos oficiales, en particular, para el pedido de que no haya “cláusula gatillo”.

Según el consultor y experto laboralista Julián de Diego, en una reunión reciente en el gremio de Sanidad, en la que el titular del gremio, Carlos West Ocampo hizo de anfitrión del secretario general de la CGT, Héctor Daerlos gremios resolvieron algo “completamente distinto” a los pedidos oficiales y acordaron que los gremios pujen por recuperar lo perdido en los últimos acuerdos, preservar las “cláusulas gatillo” y discutir cada convenio según sus posibilidades.

De los convenios del último período, los únicos que le ganaron a la inflación fueron Encargados de Edificios, Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), Construcción (Uocra), Estaciones de Servicio y Bancarios, con aumentos de entre 59 y 54 por ciento. El gremio que encabeza el dirigente peronista porteño Víctor Santamaría fue el que más consiguió. Es la única paritaria en la que no participan los que pagan: propietarios e inquilinos de edificios de propiedad horizontal.

El secretario de la CGT, Héctor Daer, el secretario del gremio de Porteros, Víctor Santamaría, y el canciller Felipe Solá
El secretario de la CGT, Héctor Daer, el secretario del gremio de Porteros, Víctor Santamaría, y el canciller Felipe Solá

Los cinco gremios que más perdieron fueron Textiles, Plásticos, Madera, Maestranza y Comercio, que tuvieron aumentos en un rango de 18 a 38 por ciento.

A su vez, según el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, entre 2015 y 2019 los salarios reales de convenio de todos los sectores tuvieron caídas. Algunas, leves, como Aceiteros (-0.1%) y Bancarios (-2,2%) y otras grandes, como Prensa (-35,9%) y Textiles (-38,7%).

El primer acuerdo 2020 fue el de Utedyc, que encabeza el moyanista Carlos Bonjour: aumento de 20% en tres cuotas hasta julio, cuando volverán a reunirse con su contraparte (Clubes, ONGs, Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) para negociar los aumentos del resto del año. Hay ahí un cálculo implícito de inflación anual de 40 a 44 por ciento.

“También Smata y Bancarios ya empezaron a negociar los convenios 2020”, dice Luis Campos, coordinador del Observatorio de la CTA Autónoma. Smata negocia trimestralmente con las terminales automotrices (Adefa) y los concesionarios (Acara), además de algunos convenios más chicos que para el primer trimestre acordaron aumentos de 9 a 11,5 por ciento. Comercio, UOM y Alimentación todavía tienen pendientes “revisiones” de los acuerdos 2019.

En tanto, Camioneros logró un 26% para el primer semestre de este año, que es en verdad el cierre del convenio en curso que corre de julio 2019 a junio 2020 y acumulará una suba de 49,5 por ciento.

La Asociación Bancaria, encabezada por su secretario general, Sergio Palazzo, negoció aumentos de “suma fija”, de 4.000 a 10.500 pesos según escalafón (7 a 9% en el primer trimestre) antes de sentarse a discutir la paritaria 2020, y la UTA, del secretario general Roberto Fernández a quien su opositor, Miguel Bustinduy, acusa de “convertir a los choferes de larga distancia en asesinos” y negociar un “Ahora 12 vergonzoso”, firmó recientemente en Trabajo el pago de “diferencias salariales” que se empezaron a abonar este viernes, un “aumento solidario” de suma fija a pagar en febrero y marzo y el inicio de paritarias ese mes, aunque aclaró que el aumento acumulado del convenio vigente fue de sólo 41,3%, por lo que “resta recomponer los meses remanentes de la paritaria 2019”.

Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria. Su gremio fue uno de los dos que salió mejor parados en los últimos cuatro años (Foto: Daniel Dabove)
Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria. Su gremio fue uno de los dos que salió mejor parados en los últimos cuatro años (Foto: Daniel Dabove)

La clave del momento son las paritarias docentes, que entre viernes y lunes se iniciaron o inician en Buenos Aires, CABA, Misiones, Chaco, Chubut, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Los gobiernos provinciales, que en enero tuvieron la más fuerte caída de ingresos por coparticipación de los últimos tres años, y los gremios negocian con un ojo en la “paritaria docente nacional” que el gobierno nacional reinstaló por decreto pero a la que todavía no convocó

El gobierno de Mauricio Macri había obviado esa instancia al fijar por decreto que el salario mínimo docente para todos los distritos era igual al Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en el “Consejo del Salario”, más un 20 por ciento. Al respecto, también es una incógnita cuándo convocará el ministerio de Trabajo al “Consejo del Salario” para establecer el nuevo salario mínimo, que desde octubre pasado quedó en $16.875.

 El gobierno restableció por decreto la “paritaria nacional docente”, pero aún no la convocó. Macri había prescindido de esa instancia fijando por decreto que el mínimo docente fuera igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil más un 20 por ciento

La “paritaria nacional” dijo a Infobae Javier Almirón, secretario de Prensa de la Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe), que el viernes se reunió con el gobierno provincial, “es importante como símbolo y también concretamente, porque la Nación se compromete a aportar fondos”. Y agregó: “el sistema de gobierno anterior sólo le servía (a los docentes de) 3 ó 4 provincias”. La próxima reunión con el gobierno del peronista Omar Perotti será el 20 de febrero; allí Amsafe espera recibir una primera oferta a evaluar contrarreloj en asambleas departamentales y en la provincial, antes del 2 de marzo, fecha en que, en todo el país, debe iniciarse el ciclo lectivo.

La expectativa de los docentes es el temor de los gobernadores: los salarios del sector insumen entre 25 y 30% de los presupuestos provinciales. La eventual munificencia nacional para dar aumentos que pagan las provincias podría disparar situaciones como la de 2007, cuando como ministro de Educación y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Daniel Filmus, anunció un aumento que provocó problemas en varias provincias, incluida una rebelión docente en Santa Cruz.

Por de pronto, una cuestión es si habrá “cláusula gatillo” o de revisión. “Ya lo dijo el Presidente: en Argentina no hay más cláusula gatillo”, dijo el tucumano Juan Manzur. También la ministra de Educación bonaerense, Mara Ruiz Malec, cuestionó esa cláusula y admitió que será difícil cerrar un “acuerdo largo”. La cláusula tampoco parece del agrado de Adriana Cantero, ministra de Educación de Santa Fe; “es una metodología, pero no es la única”, señaló.

El secretario de Suteba (docentes bonaerenses), Roberto Baradel. Discurso menos agresivo, pero pedido de recomposición y rechazo a las sumas fijas (Gustavo Gavotti)
El secretario de Suteba (docentes bonaerenses), Roberto Baradel. Discurso menos agresivo, pero pedido de recomposición y rechazo a las sumas fijas (Gustavo Gavotti)

En Buenos Aires, al cabo de la primera reunión, Roberto Baradel dijo que “el gobierno provincial tiene los recursos para dar respuesta a los docentes”, aunque supeditó la negociación a “lo que suceda en la paritaria nacional”. El titular de Suteba –cuya esposa, Lorena Riesgo de Baradel, es funcionaria del gobierno de Axel Kicillof– ya no amenaza con el no inicio de clases pero, en prevención de una eventual oferta de suma fija, insistió en la necesidad de una “recomposición del básico que respete la escala salarial”.

La posibilidad de que Nación y Provincias propicien para los docentes aumentos de suma fija invocando un principio de “solidaridad”, como se hizo con los jubilados, es más que una conjetura. Fue exactamente lo que hizo el viernes, en la primera reunión paritaria, el gobierno de Alicia Kirchner, que ofreció a los docentes de Santa Cruz un aumento “remunerativo” de suma fija de $2.000, unos $1.600 de bolsillo.

Antes que la cifra, lo más llamativo fue que el gobierno santacruceño, que participa en la “Mesa Nacional” docente, señaló que allí la Nación plantea “reducir la diferencia entre el trabajador que menos gana y el que más gana” y por eso “se recomienda desde la Mesa Nacional trabajar con una suma fija”. La oferta a los docentes santacruceños equivale a un aumento promedio de 7% a partir de marzo, en una provincia cuyo presupuesto 2020, de poco más de 95.000 millones de pesos, contiene un aumento de 63% respecto de 2019.

En todo caso, por tamaño y cantidad de docentes alcanzados (unos 360.000), la paritaria provincial más importante es la bonaerense. “En Buenos Aires, entre activos y pasivos, los docentes son un tercio del presupuesto provincial. Dijeron que van a esperar la paritaria nacional, lo que implicaría que comparte el concepto del gobierno de ‘mirar para adelante’, pero sin cláusula gatillo negociarían a ciegas. Y el gobierno no da ninguna pauta sobre cuál va a ser la inflación; ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni el gasto público”, dijo Juan Luis Bour, economista de FIEL.

Aparte de la paritaria docente, el Estado tiene la de la Administración Pública Nacional, que a su vez repercute en Provincias y Municipios a través de los gremios ATE y UPCN. Bour se pregunta si esa negociación tendrá un “paraguas político”, porque nota que los más grandes conflictos están en el sector público.

El sector privado

“En los privados la negociación dependerá fundamentalmente de la actividad”, dijo Bour. En los últimos dos años, debido a la recesión –destacó– el desempleo aumentó de 8 a 10% y no más, porque el salario real en el sector privado formal cayó entre 12 y 15 por ciento.

“Los gremios buscarán recuperar lo perdido y sin restricciones; a los empresarios los veo desorientados, mínimamente quieren conocer las pautas del gobierno para ver si habrá crecimiento”, dijo De Diego. “En el Gobierno todos están pendientes de la deuda y mientras, salvo brotes verdes en el turismo, en todos los sectores la recesión continúa. Paliativos como las moratorias y planes de financiación sirven sin son puente a un plan de crecimiento, si no, las empresas después no tienen con qué pagar”, enfatizó.

El ejemplo a mano, explicó, es Vaca Muerta: “Está prácticamente paralizada, hubo despidos; el Gobierno no quiere que despidan más y las empresas quieren preservar la mano de obra, porque despedir gente entrenada es una pérdida enorme. Es un sector que atrae inversión y genera divisas; es un mirador internacional importante; 90% de las empresas que operan y prestan servicios allí son internacionales. Pero el gobierno no reacciona”.

Ahora se vienen las paritarias grandes o de consumo masivo: Comercio, Alimentación, Construcción, Servicios (Transporte, Ferroviarios), resumió De Diego. “El Estado quiere imponer reglas que los sindicatos no aceptan, aunque ya no hablan con la virulencia que lo hacían en el gobierno anterior”, cerró el laboralista.

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La AFIP encontró 9.000 botellas de alcohol en gel en un depósito de Farmacity

La empresa del ex vice jefe de gabinete no fue multada. Adujo que acababa de recibir la mercadería para redistribuirla.

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La AFIP encontró 9.000 unidades de alcohol en gel en un depósito de Farmacity en el marco de una investigación por los faltantes en las góndolas que ya lleva días. Fue el domingo pasado, pero la actuación recién trascendió este viernes. La empresa solo recibió un acta de constatación, pero no una infracción, aclararon desde la empresa de Grupo Pegasus, vinculada al ex vice jefe de Gabinete, Mario Quintana.

Según explicó la compañía, los productos encontrados en ese galpón de Chacarita habían sido recibidos minutos antes ese mismo día de distintos proveedores y estaban allí para ser distribuidos en los locales de la cadena de farmacias. El lote de frascos de alcohol en gel asciende a casi un millón de pesos.

En cambio, desde la AFIP detallaron a Página12 que debieron esperar horas para poder hacer la inspección por los faltantes que se venían denunciado desde el viernes previo y que no es la primera vez que la empresa genera dilaciones en la atención a los inspectores. Al tiempo que corroboran que esta vez “solo hubo acta de constatación, no de infracción”.

Fuentes oficiales remarcaron que el objetivo del Estado “está cumplido” porque la mercadería fue puesta a disposición de los consumidores tras la inspección.

La compañía es la principal cadena de distribución de medicamentos con receta del país, pero también de productos de venta libre, lo que le valió un enfrentamiento con los kioskeros, almanceneros y los comercios de proximidad a los que se les prohibió la venta de medicamentos de venta libre. Es también, la gran competidora de las farmacias tradicionales, con las que mantuvo una fuerte disputa mediante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por no respetar la titularidad de cada boca expendio de medicamentos que exigía la ley provincial con el respaldo del Colegio de Farmacéuticos. En cambio, la cadena quería hacerlo sin titular y como sociedad anónima. Su formato “polirrubro” siempre encontró resistencia de parte de los que, en cambio, se centran en solo un tipo de productos.

Con motivo de la clausura de varios supermercados por no adecuar sus precios a los que determinó la Secretaría de Comercio Interior, Marcó del Pont ya había adelantado que: “Los controles de precios y las fiscalizaciones son fundamentales para ponerle un límite a los abusos y garantizar el acceso a los productos como alcohol en gel, barbijos y desinfectantes. Vamos a ser implacables con quienes pongan precios abusivos o escondan mercadería”.

No onbstante, esta vez desde la AFIP optaron por ser menos drásticos y aclararon que “el objetivo en esta instancia no es clausurar establecimientos sino que se cumplan los precios máximos y que haya normal abastecimiento”.

En este caso, los inspectores tuvieron que esperar un par de horas para ser atendidos luego de que el custodio les informara que el depósito estaba cerrado “hasta el miércoles” y luego de varias horas y tras la partida de un camión, un gerente de la empresa les permitió completar su tarea.

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Cuarentena: cómo se puede retirar dinero en efectivo sin ir al cajero

Si bien los cajeros seguirán funcionando, y aseguran que habrá dinero disponible, existen otros lugares para poder obtener efectivo

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El Gobierno garantizó la disponibilidad de efectivo a través de cajeros automáticos durante el fin de semana para los individuos que requieran de dinero físico.

“Durante el fin de semana, se mantendrá la reposición de dinero en los cajeros de los bancos que abonan jubilaciones y salarios”, indicó el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks.

La medida se confirmó tras un encuentro mantenido entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Seguridad del Banco Central, Omar Arce.Te puede interesar

Según el Banco Central, más de 35.500 puntos de extracción garantizan la disponibilidad de efectivo en el país ante el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Este número incluye a los más de 18.000 cajeros automáticos y otros 17.500 puntos de extracción de efectivo en líneas de cajas de comercios como supermercados, farmacias o estaciones de servicio que permiten extraer efectivo de las cuentas bancarias de los clientes.

Esta alternativa es muy importante en este momento, ya que quien va al supermercado, podrá resolver dos temas al mismo tiempo, lo mismo que si va a las farmacias y estaciones de servicio. El servicio no tiene ningún costo extra y no es necesario un monto mínimo de compra para hacerse de billetes.

Sin embargo, hay un tope de extracción que está sujeto al límite diario permitido de cada usuario y al máximo fijado por el comerciante (al igual que puede suceder con una terminal que está quedándose sin billetes). Hasta hace pocas semanas atrás, ese límite era de $5000 y fue ampliado por el aumento de la demanda de los comercios y los consumidores.

Las empresas de pago de servicios también ofrecen retirar efectivo a través del sistema PIM, una billetera virtual que lanzó el año pasado el Banco Nación con el fin de lograr una mayor inclusión financiera.

La herramienta -que no requiere ni de una cuenta bancaria ni de tarjetas de crédito, y no tiene costo ni para el usuario ni para los pequeños comercios- permite retirar efectivo en donde se le carga dinero, a través de Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, cajeros Link y Banelco, Home Banking o PagoMisCuentas.

Para los comercios, esta posibilidad les permite disminuir el manejo de efectivo en caja, atraer a los clientes a sus lugares y ofrecerles un servicio de valor agregado, dado que no todos los establecimientos cuentan con esta alternativa.

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Comercios, en alerta: la facturación de este mes bajará un 70%

Más de la mitad de las empresas consultadas en un relevamiento de CAME no implementó forma alguna de teletrabajo. Impera la parálisis

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La ausencia de gente en las calles también implica la falta de clientes para la mayoría de los comercios que no son “esenciales” en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En esta línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó un alerta: la facturación de las compañías este mes caerá un 70% interanual debido a la crisis generada por la pandemia.

El dato surge de una encuesta realizada entre 400 jóvenes empresarios del comercio y la industria de 22 distritos del país, que fue completada entre el 23 y 25 de marzo.

El 49,1% de los hombres de negocios sondeados estima que la caída de facturación estará entre 76% y 100%, mientras que el otro 19,2% evalúa que será de entre 51 y 75%.

“Si medimos el impacto negativo en cantidad de meses, se estima que alrededor del 68,1 % de los consultados no podría sobrevivir más allá de tres meses. Al día de hoy, el 8,3 % afirma no encontrarse en condiciones de afrontar la crisis económica, fruto de la emergencia sanitaria. Y apenas el 1,8 % cree que puede atravesar esta situación (la mayor parte de ellos pertenece a rubros esenciales)”, explica el informe.

Al ser consultados sobre cómo estaban manejando la situación de sus empleados, un 88,6% dijo que mantuvo hasta ahora a todo su personal. Sin embargo, dentro de ese grupo un 15,2% decidió adelantar las vacaciones. Además, un 10% ya realizó despidos.

Por otra, parte un 66.2% de las empresas reveló que sufren demoras de abastecimiento en insumo.

Otro detalle importante: más de la mitad, 53,2%, no implementó modalidad de teletrabajo alguna. Esto impacta en una productividad nula o -peor- en gente transitando en la calle.

Además, la mayoría de las empresas (60%) afirman que recibieron listas de precios con aumentos en sus insumos. Denuncian que se trata de subas de entre 6% y 10%.

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