Miguel Ángel Berlini, de 64 años, ingresó para un tratamiento estético y nunca despertó. Su familia denuncia irregularidades y la Justicia imputó a los dos cirujanos. La familia sostiene que “hubo encubrimiento” y cuestiona la falta de información durante las horas críticas previas al fallecimiento.
Miguel Ángel Berlini, de 64 años, ingresó a la Clínica Robles, en Belgrano, para realizarse un implante dental con la expectativa de mejorar su sonrisa. Había investigado durante meses los distintos tratamientos y consultado con su familia antes de decidirse. Llegó a primera hora del miércoles, acompañado por su hermana y sus dos hijas. La operación fue pautada para finalizar cerca del mediodía, con alta prevista para las 17. Sin embargo, Miguel nunca volvió a despertar.
La intervención fue realizada por el cirujano José Miguel Galeano, quien alquiló el quirófano del establecimiento propiedad del cirujano plástico Marcelo Fernando Robles. Ambos quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59, que ahora los investiga por *homicidio culposo*. La clínica también fue clausurada. Según reconstruyó la Justicia, el paciente presentó “bajos signos vitales” tras la operación y los médicos aseguraron haber practicado maniobras de RCP durante 40 minutos. El SAME, a través del sistema de Telemedicina, constató la muerte a las 16.40.
Durante las horas críticas, la familia permaneció en el pasillo sin recibir información precisa, situación que disparó las sospechas. Su sobrino, Juan Pablo Curet Berlini, relató que “desde que entró al quirófano se perdió toda comunicación con el afuera” y que las respuestas del personal eran inconsistentes. Según contó, a su madre le repetían “ya te averiguo” cada vez que preguntaba por el estado de Miguel. La única frase que escucharon al pasar fue: “Está todo bien, pronto va a pasar a terapia para hacer un escaneo”, algo que les llamó la atención.
Las contradicciones no terminaron ahí. La investigación determinó que la clínica llamó dos veces al SAME: primero para pedir una ambulancia “por una emergencia” y luego para cancelarla porque “ya no hacía falta”. Lo mismo ocurrió con la Policía: primero se solicitó presencia por un paciente con signos vitales comprometidos; después pidieron que no fueran. Cuando finalmente los médicos salieron a informar, Robles se limitó a decir: “Hubo una complicación. Sufrió un paro cardiorrespiratorio”. Ante la pregunta de Alejandra, hermana de Miguel, sobre si había muerto, la respuesta fue directa: “Sí, falleció”.
A la conmoción se sumaron situaciones que la familia consideró inaceptables. Según Juan, un empleado del lugar les advirtió: “Chicos, no les conviene hacer una autopsia. No la pidan porque después el cuerpo se va a ver feo para el velorio”. Para ellos, ese comentario fue una prueba de un intento de encubrimiento. “Me perturba pensar en la manera siniestra en la que trataron de encubrirse antes de lo primordial, que es hacerse cargo si cometieron un error”, expresó el sobrino.
La fiscalía ordenó la realización de la autopsia, el secuestro de la historia clínica, las credenciales de ambos cirujanos y el peritaje completo del quirófano. También dispuso el cierre preventivo del establecimiento con faja judicial. Ahora, los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la sala, por qué el paciente no despertó y si existieron fallas en el manejo anestésico o en el monitoreo de la operación.
Para la familia, lo ocurrido todavía es incomprensible. “Te cuesta creer que haya sido así de esta manera”, dijo Juan. También aseguró que Miguel no tenía enfermedades previas y que sus estudios prequirúrgicos habían salido bien. El hombre era chofer de Uber, vivía en Villa Adelina y era conocido por su carácter tranquilo y solidario. “Era muy generoso, muy sereno”, lo describió su sobrino, quien lo consideraba como un padre. La idea del implante había surgido por un complejo estético que lo acompañaba desde hacía años. Pagó alrededor de 5.000 dólares para reemplazar las piezas visibles de su dentadura. Lo hizo, decía, para poder “seguir sonriendo”.
La familia ahora exige que se esclarezcan las responsabilidades y conocer qué falló durante una operación que, según le habían prometido, era segura y ambulatoria. “¿Qué pasa en esa clínica? ¿Qué pasa con ese doctor y su equipo de anestesistas? ¿Hay algo que no se tiene que saber y están tratando de ocultar?”, se pregunta Juan. Mientras avanza la causa judicial, el caso expone nuevamente la importancia de los controles médicos y del funcionamiento de clínicas privadas que operan sin supervisión adecuada.
