En la avenida Paraguay, en Resistencia, entre las calles Sarmiento y Güemes, hay un grupo de pibes que cuidan y lavan autos, los “trapitos”. Todo el mundo los conoce, la gente les da algo de plata, algunas veces les regalan ropa, comida y los dejan dormir en la vereda de los bares de esa cuadra.
Hace un par de semanas, un martes por la noche, un móvil policial se estacionó frente a uno de los bares. Del vehículo descendió un agente policial con uniforme, chaleco antibalas y arma reglamentaria en la cintura. Se acercó a hablar con los “trapitos”; en menos de media hora, los tres pibes que limpian autos fueron obligados a subir a la caja del móvil policial y, una vez esposados, los llevaron. Según vecinos del lugar, no se los volvió a ver por varios días, lo que indica que estuvieron detenidos.
elDIARIO consultó con los abogados de guardia del Comité de Prevención de la Tortura, organismo que interviene en este tipo de situaciones o en casos de violencia institucional. Explicaron que ese accionar de la Policía -que ocurre en todas las provincias del país- se llama “razzia”. Son operativos masivos y sorpresivos, diseñados por las fuerzas de seguridad para cercar y detener a individuos sin una orden judicial que lo justifique. Es un accionar que comprende un hecho de violencia institucional denunciable ya que, es violatorio de los derechos humanos porque implican detenciones indiscriminadas y, en algunos casos, también incluyen la fabricación de causas judiciales que devienen prisiones preventivas que duran meses o años.
La nueva política de seguridad pública que plantea el Gobierno provincial -en consonancia con el Gobierno nacional- promueve perseguir el delito y atacar a todo aquel que “porte cara de”. Los pibes en situación de calle, los pibes que limpian auto, los ambulantes, «los gorritas», los que tengan algún antecedente penal, los morochos, los indígenas, son el objetivo de esta nueva política.
Los demoran “por prevención” dicen los jefes de la cúpula policial, pero ¿a qué le llaman prevención? A todo lo que implique evitar un robo. ¿Quiénes pagan los costos de esa política? Los pibes en situación de calle y los trapitos.
Las razzias en Chaco
El año pasado, un mensaje enviado por WhatsApp y atribuido al jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, generó alertas en los organismos de Derechos Humanos de la provincia. El texto decía: «Razzia en Quitilipi. El que no porta DNI y no justifica presencia a altas horas de la madrugada, a la jaula», y llegó al defensor oficial N.º 2 de Sáenz Peña, Matías Jachesky, quien, ante esta situación, presentó un habeas corpus. La cúpula policial y representantes del Gobierno se mostraron visiblemente enojados por la medida judicial, acusando a Jachesky de intentar limitar el accionar policial, enfatizando que la fuerza policial velará por los derechos de «la gente de bien».
El funcionario judicial se defendió advirtiendo que “cumplía función” y que, de no hacerlo, estaría en un incumplimiento de sus tareas.
El hábeas corpus es un procedimiento legal que protege la libertad individual al permitir que una persona detenida sea presentada ante un juez para que este determine si la detención es legal y si se deben mantener o levantar las restricciones a la libertad. Es una herramienta fundamental para garantizar que nadie sea privado de su libertad de manera arbitraria o ilegal.
Vale recordar que quienes sean víctimas o testigos de situaciones en las que de manera ilegal las fuerzas de seguridad realizan requisa a una persona en la vía pública y la demoran para trasladarla a una comisaría, es fundamental que sepan que se puede denunciar.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPT) es el organismo provincial encargado de monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos. Se los puede contactar al teléfono 3625-696684.
El caso Bulacio
Por otra parte es importante tener presentes que no es la primera vez que las fuerzas de seguridad ya sean provinciales o nacionales cometen ilegalidades de este tipo. El emblemático caso «Bulacio vs. Argentina» que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha condenado enérgicamente estas prácticas.
El Caso Bulacio se refiere a la muerte de Walter David Bulacio, un joven de 17 años, tras ser detenido ilegalmente por la Policía Federal Argentina en las afueras de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1991. Fue víctima de una razzia policial y, tras ser detenido y llevado a la comisaría, fue brutalmente golpeado, resultando en graves lesiones y su posterior fallecimiento.
La sentencia por la detención ilegal y muerte de Walter Bulacio en 1991 es un recordatorio permanente para el Estado argentino de su obligación de erradicar estos operativos por ser incompatibles con un sistema democrático.
El Diario de la Region
