El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo en favor de Daniel Vera, un docente jubilado de 63 años, que se encuentra detenido desde el miércoles acusado de amenazar al presidente de la Nación por redes sociales. Vera está alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin una cama, colchón o enseres básicos. No tuvo acceso a un abogado, no sabe de qué se lo acusa, y lo único que obtuvo de autoridades policiales es una amenaza de traslado a Ciudad de Buenos Aires, lejos de su familia.
Daniel Vera fue detenido el miércoles en Resistencia por una insólita razón: lo acusan de amenazar por redes sociales al presidente, Javier Milei; al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a periodistas mileistas. Vera es docente jubilado, tiene 63 años, y carece de capacidad logística, material y operativa para llevar a cabo lo que supuestamente habría dicho que haría.
Desde ese momento, se encuentra alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a instalaciones sanitarias. Tampoco tiene abogado defensor, desconoce de qué se lo acusa, y lo único que obtuvo de autoridades policiales que lo tienen en custodia es una amenaza de traslado a Ciudad de Buenos Aires, lejos de su familia.
Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Federal Zunilda Niremperger. Desde el organismo de control de Derechos Humanos, se solicitó cesar el agravamiento en sus condiciones de detención. A su vez, se solicitó que comparezca de manera urgente ante el juez de la causa, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, para saber exactamente de qué se lo acusa.
El día de su detención, la presidenta del Comité, Bashé Charole; el comisionado, Darío Gómez; el coordinador de Asuntos Jurídicos, Roberto Sotelo y el médico legisla del organismo, Basilio Ramírez, visitaron a Vera en su lugar de detención.
La comitiva constató que el jubilado se encontraba en una oficina administrativa, sin acceso a instalaciones sanitarias, cama, colchón o enseres básicos que garanticen condiciones dignas para una persona aprehendida, más aun considerando su edad.
Consultado por su situación, Vera contó que fue abordado en su casa por un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires quienes llegaron para allanar. Resaltó que no opuso resistencia al allanamiento. Afirmó desconocer los pormenores de la causa por la cual lo tienen detenido, que no tuvo contacto con el juez ni tampoco acceso a una defensa técnica.
Al momento de realizarle un chequeo general, el médico del Comité constató que tenía la tensión arterial elevada (186/96), un indicador peligroso teniendo en cuenta que es hipertenso y requiere medicación periódica.
“Esta situación de incertidumbre respecto de los motivos de su aprehensión, sumado a la posibilidad de ser trasladado fuera de la provincia y ser alojado en una unidad carcelaria, generan impacto emocional que repercute de forma directa en su salud, siendo una persona en especial situación de vulnerabilidad por ubicarse dentro del colectivo de personas adultas mayores y por padecer una patología de base en donde el factor anímico es de vital trascendencia”, indicó el Comité.
Se remarcó que Vera no tiene antecedentes penales y se encuentra detenido por “averiguación de delito”, una medida arbitraria, irracional y desproporcionada que configura un apartamiento de los derechos y garantías a lo establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
“En esta situación se está aplicando la medida más grave que prevé el sistema penal para responder a un hecho simbólico (la supuesta amenaza), de nula lesividad, sin riesgo procesal objetivo”, indicó el Comité, y agregó que este tipo de medidas busca criminalizar a quienes pretenden ejercer la libertad de expresión mediante la creación de la figura “monstruo/enemigo”.
Detención de Vera
La detención de Vera se realizó a través de agentes de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaron tareas de “ciberprevención”. En una de ellas detectaron las publicaciones de un usuario denominado “Elpidio Sánchez”, que difundía los supuestos amedrentamientos.
Ante esto, el juez Lijo ordenó la apertura de una investigación formal que posibilitó, a través del análisis técnico y relevamiento digital, identificar al autor de los mensajes, en los que, por ejemplo, posteaba imágenes de los damnificados un puntero láser que les apuntaba a la frente.
En este sentido, según informó Noticias Argentinas, se llevaron a cabo dos operativos en la provincia de Chaco, mediante los que se localizó la vivienda y el lugar de trabajo del presunto dueño de la cuenta.
La Policía porteña llevó adelante los procedimientos, junto a las autoridades locales, y aprehendió al implicado, en el marco de una causa caratulada como ‘averiguación de delito’. Durante el procedimiento, se incautaron una carabina calibre 22, cuatro armas de aire comprimido, diez cuchillos tipo caza y diversos dispositivos de “interés para la investigación”.
Fuente: Chaco Día por Día