El presidente Lula da Silva encabezó una reunión con las fuerzas de seguridad tras los 64 muertos y más de 80 heridos en Río de Janeiro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este martes por la noche una reunión de emergencia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, tras el violento operativo policial realizado en la favela Comando Vermelho, en Río de Janeiro, que dejó un saldo preliminar de 64 muertos, entre ellos cuatro agentes de seguridad, y más de 80 detenidos.
El encuentro reunió a los principales ministros del gabinete de seguridad y justicia, así como a representantes del Ejército y la Policía Federal, con el objetivo de analizar lo ocurrido durante el operativo «Contención», que se desplegó en los barrios de Alemão y Penha, en la zona norte de Río. La acción, en la que participaron unos 2.500 efectivos, fue el desenlace de más de un año de investigaciones contra las bandas criminales que operan en el complejo de favelas controlado por el grupo Comando Vermelho, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de Brasil.
Según la Policía Civil de Río, los enfrentamientos se desataron en la madrugada del martes, cuando las fuerzas ingresaron a la zona con el objetivo de capturar a líderes regionales del grupo criminal. El saldo del operativo fue de 64 fallecidos, entre ellos presuntos narcotraficantes, y cuatro policías, además de seis agentes heridos y 81 sospechosos detenidos.
Entre los capturados figuran Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, identificado como uno de los principales jefes locales del Comando Vermelho, y Nicolas Fernandes Soares, considerado el operador financiero de Edgar Alves de Andrade, otro de los líderes históricos de la organización.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que el gobierno nacional considera el episodio como uno de los enfrentamientos más graves en Río de Janeiro en los últimos años, tanto por la magnitud del operativo como por la cantidad de víctimas fatales.
Brasil en emergencia
El presidente Lula convocó la reunión de urgencia apenas conocida la cifra de muertos, en la que participaron el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, y la jefa de la Casa Civil, Rui Costa, entre otros funcionarios. El objetivo principal fue evaluar la actuación de las fuerzas federales y definir una respuesta política e institucional ante la creciente preocupación por el uso desmedido de la fuerza en operativos de seguridad.
Desde Planalto se adelantó que, una vez concluida la reunión, el Gobierno enviará una comitiva oficial a Río de Janeiro para mantener un encuentro con el gobernador Cláudio Castro, quien cuestionó públicamente a la administración federal por la falta de coordinación durante el operativo. «Río estaba solo durante el operativo«, sostuvo Castro, en declaraciones que reflejaron la tensión política entre el gobierno estadual y el Ejecutivo nacional.
El gobernador de Río también pidió que se investigue la cadena de mando de la operación, mientras organizaciones de derechos humanos solicitaron una investigación independiente para determinar si se produjeron abusos de autoridad o ejecuciones extrajudiciales.
Fuentes cercanas al presidente Lula adelantaron que el mandatario evalúa convocar una mesa de coordinación federal-estadual para rediseñar las políticas de seguridad en las grandes ciudades brasileñas. En el entorno presidencial admiten que el caso podría convertirse en un nuevo punto de conflicto político entre el Partido de los Trabajadores (PT) y los gobiernos regionales opositores, especialmente en Río de Janeiro, donde la violencia policial y la expansión del narcotráfico continúan siendo problemas estructurales sin resolver.
