El aumento del precio del diésel, los cuestionamientos a la consulta popular y nuevas demandas laborales han impulsado movilizaciones en los Andes desde septiembre, con impactos económicos y tensión social en varias regiones del país
En Ecuador, las protestas contra el gobierno de Daniel Noboa llegarán oficialmente mañana a un mes sin que exista ningún avance en el diálogo entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Desde el 22 de septiembre, la provincia de Imbabura se ha convertido en el centro de un conflicto que comenzó con el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y que se expandió a otras demandas que incluyen la rebaja del impuesto al valor agregado y la liberación de los detenidos en el marco de las manifestaciones.
El paro nacional indefinido convocado por la CONAIE solo ha tenido seguimiento parcial en algunas provincias andinas, mientras que Imbabura concentra las movilizaciones y los bloqueos de carreteras más persistentes.
Las autoridades ecuatorianas informaron sobre el fallecimiento de dos manifestantes por disparos de armas de fuego, presuntamente realizadas por efectivos del Ejército durante los operativos para liberar las vías bloqueadas por la población indígena local.
Además, cerca de 300 personas han resultado heridas y al menos 118 han sido detenidas, incluidos 12 enviados a prisión preventiva con imputaciones de terrorismo por los hechos ocurridos durante el ataque a un cuartel policial en Otavalo, el mismo día en que la protesta estalló.
La decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, adoptada el 12 de septiembre, disparó el costo del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares (3,78 litros).
Esta medida desencadenó la protesta indígena y llevó a la CONAIE a exigir la reversión del decreto, la rebaja del IVA al 12% y el aumento del salario básico de 470 a 650 dólares, además de demandar la liberación de los manifestantes apresados.
La central indígena también se manifestó en contra del referéndum que el gobierno ha convocado para el 16 de noviembre, el cual incluye la posible creación de una Asamblea Constituyente para reformar la actual carta magna y la instalación de bases militares extranjeras en el país.
Mientras tanto, la respuesta del gobierno ha sido el despliegue de las Fuerzas Armadas y la declaración de estados de excepción en varias provincias. Según un informe de Human Rights Watch, la policía y las fuerzas de seguridad han restringido la libertad de reunión y en varias ocasiones hicieron uso excesivo de la fuerza al dispersar manifestaciones pacíficas utilizando gas lacrimógeno y armas menos letales.
La organización constató que, pese a que se registraron episodios de violencia por parte de algunos manifestantes, la mayoría de las protestas mantuvieron un carácter pacífico y que el gobierno empleó la figura de “terrorismo” para justificar detenciones y congelamientos de cuentas bancarias de dirigentes y grupos indígenas, según la investigación citada.
El pasado 16 de septiembre, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias e inmediatamente movilizó las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para intentar restablecer el orden público; luego, la Corte Constitucional limitó la medida a solo dos provincias, pero Noboa emitió otro decreto para incluir diez provincias más.
Las organizaciones de derechos humanos han registrado hasta el 18 de octubre un total de 377 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 296 personas heridas y dos muertes vinculadas a la represión de las movilizaciones.
Una de las víctimas mortales, Efraín Fueres, falleció el 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) reportó que murió por una herida de bala en la espalda y la Fiscalía General del Estado inició una investigación sobre el presunto uso ilegítimo de la fuerza.
En palabras del ministro del Interior, John Reimberg, “pidieron un diálogo y estuvimos en el diálogo como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no. Ellos se encargaron de cerrar la puerta a este diálogo”. Ante estas declaraciones, la CONAIE acusó al ministro de amenazas abiertas y de intentar justificar represalias contra las comunidades movilizadas.
Mientras la confrontación continúa, comerciantes, operadores turísticos y habitantes locales de Imbabura demandan la reapertura de canales de diálogo para detener las millonarias pérdidas económicas generadas por los bloqueos y el clima de incertidumbre.
En paralelo, el gobierno reitera que muchos de los activistas solamente buscan una plataforma política para desestabilizar el país. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que el paro es “una herramienta” de ciertos sectores indígenas con fines políticos.
La presión social en Ecuador se combina con el escenario internacional. En las últimas jornadas, Daniel Noboa emitió mensajes públicos de apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, resaltando la colaboración bilateral contra el narcotráfico y la minería ilegal.
En un contexto de creciente presión de rutas regionales del narcotráfico, Noboa enfatizó, a través de su cuenta de X, que Ecuador mantiene su compromiso en la lucha global contra el crimen transnacional, mientras enfrenta tensiones internas por las políticas económicas y de seguridad adoptadas en los últimos meses.
(Con información de EFE)
