Las recientes confesiones de Laureano Ortega, delfín de la familia en el poder, son “autoincriminación” y pueden llevarlo al banquillo de los acusados, considera jurista nicaragüense.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado una infraestructura operativa rusa en suelo nicaragüense que incluye, entre otros, un centro de entrenamiento policial y una estación satelital Glonass que, según múltiples analistas y organismos internacionales, están diseñados para fines de represión y espionaje regional.
Uno de los pilares de la presencia rusa en Nicaragua es el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Nicaragua, inaugurado en 2017 con bombos y platillos.
El entonces embajador ruso en Managua, Andrey Budaev, lo presentó como un proyecto impulsado directamente por los presidentes Vladimir Putin y Daniel Ortega, con el objetivo de “combatir el crimen organizado”. Sin embargo, la realidad ha sido otra.
“Destacamos la cooperación exitosa con el Ministerio del Interior de Rusia a través del Centro Regional que opera en Nicaragua, la cooperación exitosa con la Guardia Nacional de Rusia así como la cooperación histórica con el Ministerio de Defensa de Rusia que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades para garantizar la paz y la estabilidad en Nicaragua”, declaró Laureano Ortega Murillo, en la XIII Reunión de Representantes de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad, realizada a finales de mayo en Moscú.
En el mismo discurso, el delfín de los Ortega Murillo, explicó lo que considera es paz y estabilidad. “Desde el año 2018 cuando sufrimos el sangriento y terrorista intento de Golpe de Estado nos hemos dado a la tarea de fortalecer la seguridad y la defensa en nuestro país, neutralizando y eliminando a los autores y actores claves del odio, mercenarios y vendepatrias que actúan bajo la bota y el pago imperial con la pretensión de entregar a nuestro país al dominio estadounidense”.
La reciente confesión de Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo del matrimonio en el poder, refuerza esa narrativa y abre la puerta a posibles juicios por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales.
En mayo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al centro de entrenamiento ruso en una nueva ronda de sanciones, junto a empresas mineras nicaragüenses. Para Cynthia Arnson, del Wilson Center, esta medida es “simbólica”, pero revela cómo el comportamiento represivo del régimen nicaragüense está directamente relacionado con el modelo ruso.
Desde su inauguración, el centro ruso de entrenamiento policial ha estado bajo sospecha de ser un espacio para el adoctrinamiento represivo. Según Evan Ellis, experto en relaciones internacionales de la Escuela de Guerra de EE. UU., “el hecho de que el Tesoro de Estados Unidos sancione este centro demuestra que su verdadera función ha sido fortalecer la capacidad represiva del régimen sandinista”. Ellis sostiene que las técnicas impartidas en este centro “no son apropiadas para ninguna fuerza policial en democracia”.
Un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y Rusia en materia policial, ratificado el 2 de abril de 2024 y publicado en La Gaceta, establece la construcción de un centro de capacitación que operará bajo personalidad jurídica nicaragüense, pero cuyas propiedades pertenecerán a la Federación de Rusia.
Además, los funcionarios rusos destacados en el país gozarán de inmunidad. El convenio, aprobado por la Asamblea Nacional con 80 votos a favor y 10 abstenciones, tendrá una vigencia de diez años y contempla la formación de policías en técnicas para enfrentar desafíos de seguridad pública, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El centro operará en territorio nicaragüense y funcionará como una base de instrucción para personal policial tanto nacional como de Estados extranjeros. Su administración estará a cargo de la Policía Nacional de Nicaragua y el Ministerio del Interior de Rusia. La capacitación incluirá reuniones, seminarios y entrenamientos orientados al control del tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
El acuerdo fue firmado en Managua durante la visita del general Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, quien también suscribió otros convenios relacionados con justicia y organizaciones sin fines de lucro.
El propio Ortega disipó cualquier duda sobre el funcionamiento del centro ruso cuando, en 2023, durante un acto de la Policía Nacional, afirmó que éste sirve para “enfrentar mejor a los golpistas”, término con el que el régimen describe a los manifestantes que protestaron en 2018 y que dejaron más de 300 muertos documentados por organismos internacionales.
En ese mismo evento, Ortega condecoró al general ruso Anatolyevich Plokhoi, alto funcionario de la Guardia Nacional rusa, destacando su trabajo en el entrenamiento de fuerzas centroamericanas desde Nicaragua. La lógica del régimen quedó clara: el centro no solo forma a policías nicaragüenses, sino que opera como una plataforma regional de influencia rusa en Centroamérica.
Pero el centro de entrenamiento no es el único brazo operativo del Kremlin en Nicaragua. Desde 2017, en las afueras de Managua, opera una estación satelital que oficialmente pertenece a la agencia espacial rusa Roscosmos. Sin embargo, según expertos, esta instalación tiene más funciones de inteligencia que de navegación satelital.
“Se trata de una instalación con capacidad para interceptar comunicaciones y realizar vigilancia electrónica en toda la región”, dice un informe de Infobae publicado en marzo de 2022. Desde entonces, diplomáticos estadounidenses han manifestado preocupación sobre el carácter militar de esta base, y su potencial para operaciones de espionaje a países vecinos como Costa Rica, Colombia o Panamá.
El “Cerro Mokorón”, como se conoce a esta estación, ha sido calificada por analistas de seguridad como parte de la arquitectura de espionaje del sistema SORM-3, utilizado por el Kremlin para vigilar a opositores dentro y fuera de Rusia. La ubicación en Nicaragua permite una vigilancia amplia sobre el istmo centroamericano y ofrece a Moscú una posición estratégica frente al Canal de Panamá.
La periodista Leire Ventas, enviada especial de Infobae a Nicaragua, redactó en julio de 2017 un artículo que describe la inquietud de Latinoamérica y EE. UU. ante la apertura de esta base con sospechosos fines, oculta en una selva del país gobernado por Daniel Ortega.
La periodista constató que, en la población más cercana a esa estación, los vecinos advirtieron que los hombres que entran al complejo “hablan ruso” y cargan “aparatos” en camionetas de lujo con cristales oscuros.
El factor que ha encendido las alarmas en círculos internacionales fue la participación de Laureano Ortega en la XIII Reunión de Seguridad en Moscú. Durante su discurso, no solo repitió el guion de acusaciones contra EE. UU. por “financiar intentos de golpe de Estado”, sino que confesó abiertamente la existencia de una cooperación activa con Rusia en materia de “neutralización y eliminación de los actores del odio”.
Para el jurista nicaragüense Juan Diego Barberena, entrevistado por Infobae, esta declaración equivale a una autoincriminación. “Cuando habla de eliminación, se refiere a encarcelamientos, destierros y asesinatos. Y reconoce que estas acciones se realizan con asesoría rusa”, dijo Barberena. El jurista enfatiza que estas palabras podrían ser usadas como prueba en tribunales internacionales, como la causa abierta en Argentina que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega Murillo.
Barberena sostiene que Laureano Ortega no es un funcionario electo, pero sí ha sido investido con poder plenipotenciario por la presidencia, lo que lo convierte en un actor político con responsabilidad individual y estatal. “Esto da paso a que sea imputado”, advierte el jurista. En su opinión, la confesión de Laureano puede usarse como evidencia sólida de que los crímenes del régimen no fueron hechos aislados, sino parte de una política de Estado en coordinación con una potencia extranjera.
El hecho de que Nicaragua haya firmado recientemente acuerdos de “protección judicial recíproca” con Rusia también inquieta a los defensores de derechos humanos. Estos convenios podrían ser interpretados como una forma de blindaje ante eventuales procesos judiciales internacionales, un intento de garantizar impunidad a los altos funcionarios nicaragüenses.
No es casualidad que Nicaragua haya demandado recientemente a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por “complicidad en genocidio” en Gaza. Según Barberena, detrás de esta jugada legal hay una estrategia rusa para deslegitimar a las democracias occidentales. “Los rusos han estado utilizando a Nicaragua como plataforma para sus intereses geopolíticos. No es casual que estén detrás de esa demanda en La Haya”, dijo.
El costo para Nicaragua de convertirse en base avanzada de Rusia en América Latina va más allá de las sanciones económicas. Implica quedar atrapada en el juego geopolítico de una potencia que actualmente libra una guerra en Ucrania y mantiene tensiones crecientes con Occidente. En ese contexto, la dictadura de Ortega y Murillo ha optado por alinearse con el Kremlin, a costa del aislamiento diplomático y la profundización de la represión interna.
Más preocupante aún es que, como advierte Barberena, las nuevas generaciones del poder en Nicaragua podrían no gozar del mismo blindaje que sus padres. “Es poco probable que Ortega y Murillo enfrenten la justicia internacional por razones de edad y poder, pero sus hijos sí tienen más posibilidades biológicas y jurídicas de terminar sentados en el banquillo”, afirma.
