La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados detectó acciones de acoso contra “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos del poder”
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, aseguró este viernes en Guatemala que el Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano ha “implementado una política de criminalización” contra “grupos específicos”, principalmente aquellos que luchan contra la impunidad y la corrupción.
Tras una visita de 12 días a Guatemala, Satterthwaite expuso en rueda de prensa sus conclusiones sobre la situación que atraviesa la justicia en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.
“La información que he recibido demuestra que el Ministerio Público ha implementado una política de criminalización”, aseveró la relatora.
Dicha “criminalización” va dirigida a “grupos específicos”, principalmente con acciones penales y acoso contra “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos del poder”.
Satterthwaite subrayó que se reunió con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien dijo ser la víctima de acoso y persecución por parte del Gobierno. “Sin embargo, los hechos apuntan a una realidad muy distinta”, argumentó Satterthwaite.
La relatora recordó que se han presentado más de 60 denuncias penales del Ministerio Público contra operadores de justicia en Guatemala, con “acusaciones vagas”, repetitivas y “demasiado amplias, inadecuadamente relacionadas con los hechos”.
Entre las verdaderas víctimas de dicha persecución, de acuerdo a la relatora, se encuentran jueces, fiscales, periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos y estudiantes.
De igual manera, la relatora indicó entre sus conclusiones que existe un “uso indebido de la asignación de casos” por parte del Organismo Judicial, ya que en la mayoría de víctimas de la persecución penal arbitraria por parte del Ministerio Público “son asignados a un puñado de jueces específicos”.
Por último, añadió que el Gobierno guatemalteco “debería poner en práctica la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de llevar a cabo una revisión independiente del Ministerio Público”, cuya cúpula se encuentra sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.
En Guatemala, de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, el periodista José Rubén Zamora, el ex fiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán permanecen encarcelados como “presos políticos” por la persecución judicial en su contra por parte del Ministerio Público.
Satterthwaite estuvo en Guatemala invitada por el Gobierno que preside Arévalo de León y sostuvo en 12 días encuentros con “jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, actores de la sociedad civil y pueblos indígenas, así como altos funcionarios de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo”, tanto en Ciudad de Guatemala como en los departamentos (provincias) de Quetzaltenango (oeste) y Alta Verapaz (norte).
(Con información de EFE)
