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Corrupción

Más complicaciones para Aída: ahora la imputaron por “fraude en perjuicio de la administración pública”

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A la confirmación de su procesamiento con prisión preventiva en la causa por lavado de activos (Lavado II), a la actual diputada por Cambiemos ahora se le suma una nueva imputación por su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Para el fiscal federal, Patricio Sabadini, a través de la Fundación Construir la exintendenta de Resistencia habría direccionado compras del Municipio de Quitilipi en beneficio de proveedores vinculados.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió investigar a la actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” durante su gestión al frente de la Secretaría de Municipios dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. La presentación fue realizada pasado el mediodía de este lunes ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia y busca determinar si existieron irregularidades en la contratación de una cooperativa de la capital chaqueña para ejecutar obras en la localidad de Quitilipi con la intermediación de la Fundación Construir, vinculada con la ex intendenta de Resistencia, por lo que se pidió también la imputación de Matías Balmaceda Paiva, Miguel Vilte -imputado en la causa Lavado I por desvío de la pauta oficial- y Claudio Tolosa como presuntos “partícipes necesarios”.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal Sabadini, “bajo el ropaje de ser miembros de la fundación Construir” los imputados efectuaron maniobras destinadas a “manipular o direccionar compras y contratos para provecho personal en desmedro de la Administración Pública”. Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, la investigación preliminar se inició el 26 de abril pasado en base a una denuncia anónima. La misma fue acompañada por documentación que vincula a la cooperativa Las Palmeras de Resistencia con el Municipio de Quitilipi y compras supuestamente direccionadas a un proveedor al que se abonó con fondos nacionales. En el caso fue central el testimonio del intendente de Quitilipi, Sergio Carlos Casalboni.

El caso más notorio

En la presentación, el fiscal Sabadini advirtió que el caso más notorio de los observados es la compra efectuada a Claudio Tolosa, de Service Hogar, por una suma cercana al millón de pesos, para la adquisición de desmalezadora, soldadoras, fumigadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplados rural, tanques, etcétera, donde se pudo constatar que “su titular se dedica a la reparación de electrodomésticos de refrigeración, que no cuenta con local comercial y se encuentra registrado en la AFIP como monotributista”. Los fondos para abonar esas herramientas eran enviados al Municipio de Quitilipi por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que se encontraba a cargo de la ingeniera Ayala.

Matías Balmaceda Paiva, otro de los imputados, junto a Aída Ayala

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “los fondos que se enviaban al Municipio de Quitilipi estaban direccionados a una sola persona: Claudio Alejandro Tolosa”. En ese sentido, la hipótesis sostiene que “Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte efectuaban las operaciones, presentándose como miembros de la Fundación Construir, creada por la Sra. Aída Ayala, quien en ese momento se encontraba a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales”.

La presentación también da cuenta de que el Tribunal de Cuentas observó a la Municipalidad de Quitilipi uno de los pagos a la cooperativa Las Palmeras y otro a Service Hogar Tolosa. Esas observaciones tienen que ver con documentación faltante, por no especificar el concepto y destino de los fondos, faltante de órdenes de pago con la totalidad de la documentación que justifique los gastos de acuerdo a los bienes o servicios que se abonaron y al destino que se le dio a los mismos. Por esas y otras observaciones, el organismo de contralor le inició un juicio de cuentas al intendente Casalboni por un monto superior a los 4,6 millones de pesos.

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Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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