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Economia

Las 10 claves del control de cambios que definirán la economía este año

El Banco Central se vale de las restricciones para “anclar” el dólar oficial y acelerar la baja de tasas. Pero la inflación anual no puede perforar el piso de 50% y lleva tres meses en alza

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En la historia económica argentina hay capítulos que se repiten sistemáticamente, con sus diferencias de época, pero con numerosas similitudes. Es así que en la economía de 2020 se vuelven a encontrar puntos en común con el escenario de 2012, en ambos casos en el marco de un estricto control de cambios.

El experimento de variadas políticas macroeconómicas, cambiarias y monetarias demarcó una senda de fracaso, un círculo que se abrió el 31 de octubre de 2011 con la imposición de un control de capitales que perduró hasta el 16 de diciembre de 2015, y que se cerró entre septiembre y octubre de 2019, con un nuevo “cepo”, más ajustado que el anterior, después de las elecciones presidenciales.

1) Dólar oficial anclado. El nivel del tipo de cambio es regulado por el Banco Central, que puede intervenir en la plaza formal sin el “corset” de los controles que alcanzan a la demanda privada. La entidad fija precios con sus posturas de venta o de compra. La última semana convalidó un precio mayorista apenas encima de $60, un nivel idéntico al del 25 de octubre previo a las elecciones presidenciales, y aún debajo de $60,40, el récord nominal del 14 de agosto pasado.

 Con el regreso de las restricciones, el dólar mayorista lleva cinco meses en los que apenas varió de precio

Para el minorista, luego del “shock” del impuesto del 30%, también se fijó un dólar “solidario” en torno a los $81,90, inamovible a partir del 26 de diciembre.

2) Los dólares alternativos siguen a la inflación. Con una inflación que avanza a un ritmo de 4% mensual, las cotizaciones implícitas en operaciones bursátiles saltan la valla de los controles y evolucionan a ese ritmo. Desde el 30 de agosto –última rueda previa al “cepo light” (límite de USD 10.000 mensual)- el “contado con liquidación” subió 26%, de $64,68 a 81,50 pesos, frente a una inflación aproximada a 20% en cuatro meses y medio.

3) La brecha se amplía más rápido. Por ende, la evolución dispar amplía la “brecha” entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones alternativas. Y lo hace a un ritmo más rápido que en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner también había establecido un “cepo” al dólar, pero en un contexto muy diferente: el PBI venía de dos años de fuerte expansión, había reservas netas récord y los precios de las materias primas duplicaban a los actuales.

Fuente: IERAL
Fuente: IERAL

Con el control de cambios riguroso que se fijó el 28 de octubre de 2019 (tope de USD 200) el “contado con liqui” pasó en menos de tres meses a estar un 35% por encima del mayorista. Con el “cepo” del segundo gobierno de Cristina Kirchner la brecha entre el dólar oficial y el libre alcanzó el 30% después de seis meses (mayo de 2012), mientras que se amplió al 50% en julio de aquel año.

 Hoy la economía es mucho más frágil que ocho años atrás: está en recesión y con más inflación

Al cabo de cuatro años de “cepo” -al asumir Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015- la brecha entre el dólar mayorista y el “contado con liqui” alcanzó el 58%, mientras que entre el minorista y el dólar libre se ubicó en el 50 por ciento.

4) Las reservas se encuentran en un piso. Un efecto virtuoso del reciente control de cambios es la estabilización de la posición de activos externos del BCRA, por el saldo positivo de la intervención de la entidad en la plaza: adquirió unos USD 4.200 millones desde el 28 de octubre. En el mismo lapso, las reservas aumentaron USD 1.900 millones, aunque su evolución sigue supeditada a las cancelaciones de deuda y la salida de depósitos privados.

 Cristina Kirchner puso el “cepo” con un tipo de cambio más bajo, pero más reservas que hoy

5) Rango amplio de regulación de liquidez. El cepo estricto brinda al BCRA mayor margen para expandir la cantidad de pesos en la economía, puesto que esta liquidez no puede utilizarse para demandar divisas. Ante la mayor demanda de pesos que coincide con el fin de año y enero –por las Fiestas, vacaciones, cobro bonos y medio aguinaldo-, la entidad expandió $408.199 millones (27%) entre el 25 de octubre y el 30 de diciembre, de $1,49 billones a $1,9 billones.

Con la colocación récord de pases pasivos a bancos, el BCRA reabsorbió en lo que va de enero unos $267.000 millones, prácticamente lo emitido por la compra de dólares en los últimos tres meses.

“En esta transición el BCRA está más atento a lo fiscal que a un programa monetario y cambiario, pero pronto va a tener que actuar para regular la cantidad de dinero”, expresó Amílcar Collante, economista del CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur).

6) El BCRA como caja del Tesoro. La urgencia por obtener divisas para pagar la deuda, y pesos para financiar el déficit público, obligó a Hacienda a recurrir a la autoridad monetaria como prestamista de última instancia. Por el artículo 61 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno pudo emitir Letras a 10 años por USD 4.571 millones, que fueron colocadas al BCRA a cambio de divisas.

Además, entre noviembre y diciembre, el Central giró Adelantos Transitorios al Tesoro por unos 350.000 millones de pesos.

 El plazo promedio de los pasivos del BCRA se fue acortando, a medida que se profundizaba la devaluación

“Antes teníamos un flujo de dólares que entraba a la economía por la toma de deuda del Tesoro y que el BCRA compraba para sumar reservas, y después la entidad esterilizaba los pesos emitidos. Ahora no sabemos con claridad cómo van a evolucionar los agregados monetarios”, dijo Amílcar Collante.

7) Tasa real negativa. Con una tasa de política monetaria elevada, el BCRA debe afrontar importantes pagos de intereses por la deuda que coloca a bancos (Leliq y Peses), del orden de $40.000 millones por mes. Para reducir el peso de estos pasivos remunerados, la entidad que preside Miguel Ángel Pesce apura el recorte de tasas de referencia. Así, los rendimientos del sistema financiero sondean el terreno negativo, con tasas de Leliq en 50% anual, de 45,5% para Pases y de 35% en promedio para depósitos a plazo fijo a 30 días.

 A partir de octubre hubo expansión monetaria y la inflación anual volvió a acelerarse: se aproxima al 55%

En ese sentido, el BCRA impulsa que los bancos ofrezcan a partir de febrero plazos fijos ajustables por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) más un 1% para las colocaciones en pesos a 90 días, para recuperar una una tasa real positiva. Este instrumento, de todos modos, puede ser precancelable a los 30 días, aunque en este caso, con la tasa de plazo fijo convencional, en torno a un 70% del rendimiento de Leliq.

El economista Nery Persichini recordó que “entre 2011 y 2015 hubo un cepo cambiario con tasas de interés reales negativas. Se pagó muy caro posteriormente al reconocer no solo atraso y distorsiones sino desinversión real”.

“La autoridad monetaria está aflojando las correas de su instrumental más ortodoxo. Concretamente, las tasas de interés están en caída libre. Un costo elevado del dinero, según el nuevo BCRA, no tracciona para bajar la inflación, mientras que genera un marcado efecto recesivo”, señaló Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital.

8) Más depósitos en pesos, menos en dólares. A falta de alternativas de inversión y vedado el acceso a divisas, las colocaciones a plazo fijo en pesos regresaron -en términos nominales- al nivel anterior a las elecciones primarias, ahora por encima de $1,3 billón, pese a que pierden contra la inflación. A la vez, un dólar “solidario” todavía caro para el ahorrista por el recargo del 30% y el cupo mensual de USD 200 atrofiaron la demanda e impidieron la recuperación de los depósitos en dólares en efectivo.

9) Peligro de aceleración inflacionaria. Como ocurrió en otros períodos de baja de tasas que no se correspondieron con una desaceleración de los precios, la inflación anual empezó a crecer desde un piso del 50% anual de octubre, a un 55% estimado para enero.

 Hace un año que la economía argentina convive con una inflación por encima del 50% anual

El gobierno de Alberto Fernández apuesta mantener contenido el tipo de cambio y congeladas las tarifas para neutralizar la inercia de la inflación, la más alta en 28 años, pero a la vez persiste una expansión monetaria que la alimenta. Desde octubre, la Base Monetaria crece $301.000 millones (+23%) y dentro de ésta, el item de Circulación Monetaria aumentó $216.000 millones (23,4 por ciento).

10) Pérdida de competitividad. Un efecto no deseado, pero inevitable en un esquema de control de cambios, es el gradual atraso del tipo de cambio, que termina encareciendo la producción nacional en comparación a la importada. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que mide el BCRA perdió 20 puntos desde finales de agosto.

 Con los controles entre 2011 y 2015 el tipo de cambio real se deterioró en 40 puntos porcentuales

Este indicador alcanza hoy unos 120 puntos, es decir que la competitividad cambiaria está aún 20% por encima de la zona de equilibrio. Pero con la vigencia de los “cepos”, el correr de la inflación horada rápido esta ventaja. Recién reelecta, Cristina Kirchner estableció controles con un tipo de cambio real alto, de 116,8 puntos el 31 de octubre de 2015, y entregó el Gobierno con 74,9 puntos, que implicó un atraso cambiario del 25% en una comparación histórica.

El retroceso de la competitividad cambiaria del “cepo” anterior fue de unos 40 puntos porcentuales, debido a un alza del dólar a menor ritmo que la inflación.

 Desde un piso de 50% en octubre, la inflación anual volvió a acelerarse pese al “cepo”

El control de cambios de Mauricio Macri empezó el 1° de septiembre con un tipo de cambio real 141 puntos (41% por encima del valor estimado de equilibrio), para retroceder a 119,7 puntos el pasado 16 de enero: así se ubica apenas tres puntos por encima de los 116,8 puntos con los que arrancó el cepo de 2011.

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Los vuelos de cabotaje en la Argentina fueron los que más crecieron en América Latina en 2019 y el tráfico con Brasil siguió siendo el mayor de la región

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La Argentina fue el país de América Latina con mayor incremento porcentual de vuelos de cabotaje en 2019, superando en un 13% a los realizados en 2018, en tanto el tráfico aéreo con Brasil, a pesar de haber registrado una merma interanual del 7,1%, continuó siendo el principal dentro de la región, con 3,5 millones de pasajeros transportados.

Los datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) indican que los pasajeros transportados en vuelos domésticos en la Argentina pasaron de 14,6 millones en 2018 a 16,5 millones el año pasado y si bien el crecimiento de 1,9 millón fue el mayor en la medición porcentual, el país aun se encuentra a considerable distancia de otros países de América Latina como México, que superó en 2019 por primera vez los 50 millones de pasajeros y pese a tener en ese período una tasa de crecimiento inferior a la de la Argentina, es responsable del 40% del crecimiento del tráfico de cabotaje en la región.

“El mercado doméstico fue el gran protagonista del 2019, representando el 93% del crecimiento del tráfico total del año”, resaltó ALTA en un informe en el que detalló, además, la evolución de los vuelos intrarregionales y los realizados desde y hacia países de otras partes del planeta, con una preponderancia absoluta de Estados Unidos tanto en origen como en destino de esos viajes.

Los vuelos entre la Argentina y Brasil cayeron un 7,1% interanual, pero continuaron liderando el mercado intrarregional
Los vuelos entre la Argentina y Brasil cayeron un 7,1% interanual, pero continuaron liderando el mercado intrarregional

En su último mensaje antes de dejar la Presidencia de la entidad, Luis Felipe de Oliveira destacó que el tráfico creció en 2019 por decimosexto año consecutivo, “superando los 300 millones de pasajeros transportados por las aerolíneas de la región”, más allá de los inconvenientes derivados de una actividad económica que “fue sustancialmente menor a la pronosticada” y a que “5 importantes aerolíneas salieron del mercado debido a problemas financieros”.

Los efectos de la devaluación y las restricciones cambiarias en la Argentina se hicieron notar en la evolución del tráfico intrarregional, al punto que los tres trayectos que más cayeron fueron los que unen al país con Chile (-14,9%), Perú (-14,4%) y Brasil (-7,1%).

En el caso particular de los vuelos a Chile tuvo incidencia también la convulsión político-social del país trasandino, tal como reconoce ALTA al señalar que “la industria enfrentó una ola de inestabilidad política y social en la región que afectó a grandes mercados” entre los que cita, además, a Colombia y Ecuador.

 Los vuelos 

entre la Argentina y Brasil comprendieron en 2019 a 3.419.532 pasajeros, 266.932 menos que los 3.758.464 transportados en 2018, aunque suficientes para mantener el liderazgo entre los viajes aéreos intrarregionales

Los vuelos entre la Argentina y Brasil comprendieron en 2019 a 3.419.532 pasajeros, 266.932 menos que los 3.758.464 transportados en 2018, aunque suficientes para mantener el liderazgo entre los viajes aéreos intrarregionales, superando en un 51,1% a los realizados entre Colombia y Panamá, en tanto en el tercer puesto se ubican los trayectos entre Argentina y Chile con 2.022.818 personas.

La ruta principal del mercado argentino-brasileño es Ezeiza- Guarulhos, tanto por motivos profesionales, comerciales y laborales como turísticos, aunque en este caso como punto de trasbordo hacia otros destinos de Brasil o bien de terceros países.

Pese a la predominancia argentina en los vuelos entre países latinoamericanos, la caída interanual desplazó al binomio Argentina-Chile del segundo al tercer puesto, en tanto los vuelos hacia y desde Perú cayeron de la sexta a la novena posición.

El dominio de los vuelos intrarregionales contrasta con la escasa participación de la Argentina en los vuelos domésticos -a pesar de haber sido el de mayor crecimiento porcentual- y los realizados con países de otros puntos del planeta.

Por la devaluación y las restricicones cambiarias, los vuelos entre la Argentina y Brasil, Chile y Perú cerraron 2019 con menos pasajeros que los de 2018
Por la devaluación y las restricicones cambiarias, los vuelos entre la Argentina y Brasil, Chile y Perú cerraron 2019 con menos pasajeros que los de 2018

Tanto es así que en las estadísticas de ALTA no registran siquiera una ruta de cabotaje argentina entre las primeras catorce de América Latina, en un listado liderado por Río de Janeiro – São Paulo (8.011.292 pasajeros) y Cancún- México DF (5.049.462), con distancias similares a las que separan a Buenos Aires de Mar del Plata y Mendoza, respectivamente.

En cuanto a los mercados extrarregionales, los vuelos que unieron a la Argentina con Estados Unidos se ubicaron en el noveno puesto de una lista en la que el país norteamericano concentra 10 de los 11 primeros destinos, con una única excepción de México-Canadá, en el sexto lugar.

Los viajes aéreos desde y hacia Estados Unidos involucraron a 568.064 pasajeros, apenas el 6% del mercado México-EE.UU, que con 9.481.744 personas encabezó cómodamente el listado.

La información de ALTA se da a conocer días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que en 2019 la balanza turística había sido deficitaria en 881.500 pasajeros, un 48,7% menos que en 2018, como resultado de 3.950.000 residentes que vacacionaron fuera del país (turismo emisivo) y 3.065.200 no residentes que arribaron a la Argentina (turismo receptivo).

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La AFIP lanza la inscripción a la “Moratoria 2020” para pymes, monotributistas y trabajadores autónomos

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Desde hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará el aplicativo online para adherir a la moratoria para pequeñas y microempresas, Monotributistas, Cooperativas, Obras Sociales y Clubes de Barrio que se había anunciado en enero y que la AFIP reglamentó a fines de ese mes, cuando la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantaron que tendrá una quita promedio del 42% y un plazo de pago de hasta 10 años (120 cuotas).

De hecho, aquella vez, ambos funcionarios también adelantaron que los contribuyentes con deudas acumuladas hasta fin de noviembre de 2019 podrían empezar a inscribirse el lunes 17 de febrero. El plazo de inscripción, también confirmado por la AFIP, vence el 30 de abril.

En un comunicado, el organismo precisó que los interesados en regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social deberán hacerlo a través del servicio con clave fiscal “Mis Facilidades” de la AFIP.

La moratoria alcanza a monotributistas, profesionales, comerciantes, sociedades y empresas, que para adherir deberán obtener el Certificado MiPyme del ministerio de Desarrollo Productivo, un trámite que debe hacerse online en la página web de la AFIP, en “unos pocos pasos”, dice el comunicado.

El organismo aclaró que solicitar el documento “no modifica la situación fiscal de los contribuyentes, sino que los habilita para acceder a beneficios como la moratoria”.

Además, precisó que durante los primeros dos meses del año 155.167 personas jurídicas y humanas obtuvieron el certificado, lo que llevó a que el registro Mipyme tenga en la actualidad más de 724.200 inscriptos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuando hace dos semanas anunciaron la reglamentación de la Moratoria
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuando hace dos semanas anunciaron la reglamentación de la Moratoria

“La moratoria ofrece un alivio para la situación de asfixia financiera a la que condujeron las políticas económicas del gobierno anterior”, dijo Marcó del Pont.

El plan ya estaba contemplado en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada por el Congreso en diciembre pasado y es una herramienta “para atender la difícil situación que atraviesan las pequeñas empresas, los monotributistas y las entidades sin fines de lucro”.

Entre otros beneficios, ofrece “un tratamiento especial para las deudas acumuladas a lo largo de los últimos años como consecuencia del proceso de parálisis productiva y la imposición de condiciones prohibitivas de acceso al crédito”. También contempla “estímulos para promover el ingreso temprano al plan”. De hecho, la AFIP enfatizó ayer que “las empresas, monotributistas y entidades sin fines de lucro que se adhieran más rápido contarán con mayores beneficios” y, particularmente, que quienes adhieran en febrero y marzo (esto es, no esperen el último mes) tendrán menores pagos a cuenta y un período de espera más extenso.

Según las autoridades de la agencia recaudadora, la diferencia más importante respecto de los planes lanzados en los últimos veinte años es que la moratoria les da a las “empresas, entidades y ciudadanos asfixiados por sus deudas, un plazo de tiempo hasta mediados de julio para recuperarse y comenzar a pagar a partir de ese momento”.

Sobre el particular, Marcó del Pont enfatizó: “asumimos con los contribuyentes una posición similar a la que le solicitamos a los acreedores externos: tiempo para ordenarse y volver a crecer”.

Las principales características de la moratoria son:

– Plazo de inscripción: Del 17 de febrero al 30 de abril.

– Plazo de pago: Hasta 120 cuotas para obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones.

– Condonación: Parcial para los intereses y total para las multas.

– Tasa: 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento, tasa variable.

– Empalme; La moratoria permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP, para restarlo de la deuda.

– Alcance: Se puede incluir deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y planes de pago vigentes hasta el 23 de diciembre de 2019 o caducos.

– Beneficio inmediato: Levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal.

– Requisito: Contar con el Certificado MiPyme que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo, documento que puede obtenerse hasta el 30 de abril.

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El derrotero del sistema previsional argentino y cómo impactan los nuevos cambios sobre los jubilados

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Cuando Pedro ingresó al mercado de trabajo, allá por 1985, la regla del sistema de pensiones “prometía” que si aportaba al menos 10 años y lograba acreditar 30 de servicios a los 60 años iba a gozar de una jubilación del 70% del promedio del salario de los tres mejores años dentro de los últimos 10 y que si trabajaba más años ese porcentaje sería mayor.

En 1994 las “promesas” cambiaron drásticamente. Del sistema de reparto “solidario” se pasó a uno mixto en el cual podía elegir mantenerse en el sistema público existente, que prometía un haber más bajo que el 70% -ya que se promediaba los 10 últimos años y no sólo los mejores tres- o pasar a uno sistema de capitalización individual en el cual la jubilación dependía de lo que se hubiera acumulado. Si bien ahora tendría que poder probar 30 años de aporte, lo que requería mantenerse siempre en el sector formal de la economía, y recién podría jubilarse a los 65, su jubilación sería más alta al estar administrada por una AFJP que pelearía por la mayor rentabilidad de sus fondos. Pero además sería mejor para la economía porque el nuevo sistema iría reduciendo el déficit previsional que a esa altura de la historia alcanzaba al 2,3% del PBI.

Un año más tarde, se enteró que la movilidad automática prometida para los que estaban jubilados por los sistemas de reparto había sido anulada, pero no parecía muy importante porque le faltaban muchos años para su momento del retiro.

A partir del 2002, se dio cuenta que la ausencia de movilidad no era un dato menor porque la inflación había retornado después de casi una década y ahora los ajustes eran discrecionales. Y, además, en los siguientes cuatro años los únicos ajustes que se hicieron fueron para quienes percibían la jubilación mínima.

En el año 2005 se preguntó porque estaba aportando si ahora había gente que sin haber aportado nunca iba a recibir una jubilación a través de una moratoria, y a lo largo de los años siguientes se dio cuenta que esa era mucha gente lo que dio la primera pista de la universalización del sistema. Pero esos jubilados sólo iban a recibir la jubilación mínima y probablemente haber aportado realmente haría una diferencia.

En el año 2008, de buenas a primeras, le avisaron que cambiaban otra vez las reglas del juego. Ahora se volvía al viejo sistema de reparto porque era un sistema solidario en contra de la capitalización que es individualista.

Sergio Massa y Amado Boudou, dos ex directores de la Anses:: en 2008 decidieron la reestatización del sistema
Sergio Massa y Amado Boudou, dos ex directores de la Anses:: en 2008 decidieron la reestatización del sistema

Pero por suerte, un año más tarde, a instancias de un fallo de la Corte Suprema se eliminó la discrecionalidad de la movilidad de los haberes y se fijó una regla de ajuste en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social.

En el 2017, se cambió la fórmula de ajuste por una más ligada a la inflación y menos a salarios porque los consumos de los jubilados se ajustan por inflación y no por salarios, aunque en realidad lo que pasó fue que se esperaba que los salarios subieran más que los precios y con el cambio las jubilaciones crecerían menos contribuyendo a que el déficit del sistema creciera menos en un momento en que, como consecuencia de la duplicación de los beneficiarios a través de la moratoria, el déficit del sistema alcanzaba a casi 3 puntos del PBI.

Además de eso, también se cambió la regla de actualización del salario para el cálculo del haber inicial. Hasta ese momento se ajustaba de igual forma de las jubilaciones, pero a partir de ese año se utilizaría el RIPTE (remuneración de aporte al sistema de pensiones).

Y, de incertidumbre en incertidumbre, llegó al 2020, con 35 años de aportes y la edad suficiente para retirarse creyendo que el haber que le correspondería sería ajustado de forma cercana a la evolución de los precios. Y ahí otra vuelta de tuerca cambió el panorama del sistema.

A sólo días de asumir la nueva administración mandó al Congreso la Ley de Emergencia Solidaria dentro de la cual una de las medidas afecta otra vez al sistema jubilatorio. La modificación esta vez suspende por 180 días el ajuste jubilatorio, período durante el cual los ajustes trimestrales (en principio los de los trimestres de marzo y junio) se harán, hasta definir una nueva fórmula, de forma discrecional y priorizando a los de más bajos ingresos.

 Las instituciones inestables pierden credibilidad

Lo que en un primer momento pareció apuntar a una reducción del gasto en pensiones terminó pareciendo más una redistribución de ingresos dentro del mismo sistema ya que el primer aumento discrecional se plasmó en la forma de un bono de 5000 pesos para quienes cobran la jubilación mínima (14.068 pesos) y tienen una sola prestación (jubilación o pensión). Para el resto de los beneficiarios el bono es la suma que completa su haber 19.048 pesos (jubilación mínima más los 5000).

Más de lo mismo

El aumento fijado para marzo es más de lo mismo ya que toma la forma de una suma fija de $ 1500 más un aumento de 2,3% para todos los beneficios. Y así, el haber mínimo tiene un aumento de 13,7%, porcentaje cada vez menor a medida que aumentan las jubilaciones reduciéndose a sólo el 4,4% para el tope jubilatorio.

La medida termina generando un achatamiento de la pirámide jubilatoria ya que de esta forma casi el 75% de los beneficiarios estaría cobrando el mismo haber. Mientras lo que en principio daba la idea de una reducción del gasto termina en un incremento del gasto en los meses de diciembre a febrero de 6,7% sólo en el sistema previsional (SIPA) a lo cual si se suma el mayor gasto en pensiones no contributivas y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) termina en un gasto adicional de 45 mil millones que representa un aumento del 9,7% del total del gasto en estos conceptos.

El ajuste de marzo sí termina en un ajuste del gasto de 1,4% que no llega a compensar el incremento del trimestre anterior.

Si bien veladamente, los aumentos diferenciales, mayores para la población de menores ingresos, se justifican en el principio “solidario” del sistema de reparto, esto no es más que una re-escritura de la historia, ya que la solidaridad del sistema de reparto se refiere a la solidaridad intergeneracional -la generación que trabaja y aporta financia la pensión de la generación jubilada, mientras espera que la siguiente financie su jubilación- no a la solidaridad entre los propios jubilados que aportaron toda su vida para cubrir su propio riesgo de caída en la generación de ingresos en la etapa pasiva y no para cubrir el riesgo de quienes no han aportado.

(Telam)
(Telam)

Además, ¿cuán cierto es que quienes tienen las jubilaciones más bajas se encuentran entre la población vulnerable? La tasa de pobreza entre la población mayor es la más baja entre los distintos grupos etarios. Mientras que entre los menores de 14 años el 52,6% es pobre entre la población mayor de 65 años este porcentaje sólo se alcanza al 10,4%.

De hecho, la jubilación mínima alcanza a cubrir la canasta de pobreza con lo cual ningún jubilado debería estar en condición de pobreza, sin embargo, los ingresos totales del hogar podrían ser menores que la línea de pobreza. Calificando a los jubilados en pobres / no pobres se encuentra que el 83% del total se encuentra en hogares no pobres, mientras que si restringe a los jubilados que perciben la jubilación mínima este porcentaje se reduce al 76%. Es decir, la condición de percibir el haber mínimo jubilatorio no implica necesariamente que la población sea vulnerable.

Jugado y sin fichas

El hecho es que, tras una vida laboral de reformas previsionales, Pedro ya se encuentra jugado y sin fichas. Las reglas cambiaron reiteradas veces y a las puertas del retiro no esta claro cuales son y mucho menos cuántas veces a futuro las cambiarán.

Las instituciones inestables pierden credibilidad. Si bien Pedro ya no tiene opción el mensaje que dejan todas las reformas que se han ido implementado, en especial en los últimos 15 años es que el sistema de pensiones tiene un premio bajo al cumplimiento: existen moratorias que permiten un haber sin haber aportado nunca, existen regímenes que con aportes muy bajos otorgan un beneficio.

Pero aún habiendo aportado y obteniendo un beneficio bien diferente al que aportó poco o no aportó, a futuro existen altas chances de que la diferencia inicial se vaya achicando fuertemente. Por ejemplo, alguien que se jubiló con la jubilación máxima en el año 2001 y por lo tanto cobraba 19 veces más que la jubilación mínima en diciembre percibió poco más de 5 veces que quien percibe la mínima, la mayoría de los cuales han ingresado al sistema a través de una moratoria y por lo tanto habiendo aportado poco o nada.

“Otra vuelta de tuerca”, de Henry James, esta rankeado entre los mejores cuentos de terror de la historia. “Otra vuelta de tuerca del sistema previsional argentino” debería rankear en primer lugar entre las historias de suspenso.

La historia de esta historia es que existen altos incentivos a evadir el sistema. El desafío desde las instituciones es transformarlo en un sistema creíble que genere atractivo a pertenecer. Los pasos dados por la presente Administración parecen tomar el camino contrario y repetir el mensaje de “pertenecer no tiene sus privilegios”.

La autora es economista de FIEL. Esta nota fue publicada por Infobae el 4 de enero pasado y se reedita con algunos agregados por el último anuncio del Gobierno

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