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Politica

La Diputada Andrea Charole Promueve una ley de cupo laboral Indígena

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La diputada provincial Andrea Charole presentó el proyecto de ley N°626/2019; ésta iniciativa impulsada por la legisladora representante de los pueblos originarios del Chaco, promueve que al menos el 1% de cada repartición estatal cuente con personal de las etnias qom, wichí o moqoit.

La norma expresa: la incorporación e inserción, como así también la participación en la vida social, económica, política y cultural de personas indígenas, integrantes de los Pueblos Originarios. Con ese fin se promueve su contratación y empleo en organismos públicos y/o privados, procurando superar las desigualdades sociales existentes en ese sentido.

Las personas que accederán a los derechos de la presente ley son aquellas que son reconocidos por el órgano fedatario, el Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH.), tal como lo establecen los artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley Provincial Nº 3258.

El Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado Provincial, sus Ministerios, están obligados a integrar personas de los Pueblos Originarios, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad del personal por cada ente.
En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley.
El porcentaje determinado en este artículo será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los/as contratados/as cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Los integrantes de los Pueblos Originarios que se desempeñen en el Estado gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas/os a las mismas obligaciones que la legislación aplicable prevé para los agentes de la Administración Pública Provincial.

Fundamentos de la iniciativa:

El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y por su interrelación con otras áreas de la vida.

Para las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas hay espacios específicos en donde la protección de su derecho humano al trabajo no se ha logrado garantizar a plenitud.

Los espacios de desarrollo para los indígenas que han emigrado de sus comunidades en busca de mejores oportunidades se ubican en las grandes ciudades, donde se emplean en actividades domésticas (principalmente las mujeres, pero no en exclusiva) y en la industria de la construcción (sobre todo los hombres, pero también las mujeres). Aquellos que migran al campo se ocupan como jornaleros agrícolas, actividades en las que participan con frecuencia todos los miembros de la familia, incluso los niños. Para los integrantes de los pueblos indígenas, cada uno de estos espacios laborales representa grandes conflictos. La inseguridad legal priva en ellos y es una de sus características esenciales, además de la discriminación de que son objeto. Por ejemplo, el trabajo doméstico todavía es un espacio escasamente regulado, lo que propicia injusticias como baja remuneración respecto del trabajo desempeñado, y en el que sobreviven modalidades semi serviles de contratación para aquellas personas que laboran en forma permanente en casas, jornadas excesivas, malos tratos, abusos —inclusive sexuales—, y ausencia de prestaciones de ley, etcétera. Situación similar se presenta entre los empleados en la industria de la construcción, quienes también son explotados en jornadas excesivas, sin recibir una remuneración justa y desprovista de las prestaciones de seguridad social y salud.

Desde que llegaron los invasores europeos a nuestro continente, los Pueblos Originarios han debido luchar, no sólo para salvar sus vidas, sus familias, sus territorios, sino también para hacer respetar una forma de vida propia.
Esa forma de vida debió soportar todo tipo de atropellos, hasta que varios siglos después fuera reconocida su existencia física y la de su alma.
Esos derechos, provienen de una forma de vida comunitaria y con una relación armónica con la naturaleza que los rodeó siempre. Reglas tan simples y básicas, como respetar para ser respetado; la solidaridad y ayuda entre los miembros de una comunidad no fue un simple enunciado, el fundamental respeto a las representaciones de la naturaleza: el sol, la luna, el cerro, los ríos, y todo aquello, que sin tener forma humana, convivía y conviven con ellos en su hábitat. Todas esas formas, esas costumbres ancestrales, esa cosmovisión, se plasmaron tácitamente en lo que se ha conocido como derecho consuetudinario o de costumbres. Estas fueron las reglas en las que basaron su convivencia, y que durante muchos siglos ayudaron a una coexistencia equilibrada.
En este sentido, un renglón especial lo merece el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos, que pone en alto el respeto sobre la decisión de los mismos a decidir sobre su propio destino. Esto se tradujo en el Consentimiento Libre, Previo e Informado que se establece en el Convenio 169.

La justicia no se consigue solo con instrumentos jurídicos; la legislación debe ir siempre acompañada en todo momento de la movilización y lucha.
Mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades abarca aspectos como regularización de ingresos, alimentación, salud y autoestima, a través de la protección de los recursos naturales comunitarios y de su utilización sustentable, en base a un diálogo intercultural entre  portadores de conocimientos tradicionales y modernos.

Existen diversos antecedentes internacionales, por las cuales se intentó proteger este derecho humano del trabajo indígena:
1).- Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994)
Artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y en la legislación laboral nacional.
Las personas indígenas tienen derechos a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, empleo o salario”.
2).- Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Durante más de dos décadas los pueblos indígenas del mundo buscaron concretar esta declaración debido a su gran repercusión moral en la comunidad mundial.

Respecto del trabajo, dispone en su artículo 17:
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, deberán tomar medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.
El artículo 20 estipula que los pueblos indígenas tienen derecho “a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo”. Además, en el caso de los “pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo, tienen derecho a una reparación justa y equitativa”.
Por su parte, el artículo 21 asienta:
Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la salud y la seguridad social.
Además, afirma que “Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales”.
3).-Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1979). Este documento internacional es el único jurídicamente vinculante en materia indígena. En cuanto al trabajo, su artículo 4 dice: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos [indígenas]”; asimismo, su artículo 5 ordena que al aplicar las disposiciones del Convenio 169 “deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.

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Muchas acompañó a la Asociación de Trasplantados y Dializados en su té solidario

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Integrantes de Mujeres Chaqueñas Solidarias (Muchas) participaron del té solidario organizado por Asociación de Trasplantados y Dializados (Atradia) en la sede del Club de Leones con el fin de recaudar fondos para terminar su sede propia. Del evento, que contó con sorteos, shows musicales y desfile de modelos, participaron Elida Cuesta, Mamacha Massin y Viviana Glibota.

En este sentido, Cuesta, presidenta de Muchas, destacó el trabajo que realiza Atradia acompañando a los trasplantados y a sus familias, remarcando la importancia de ayudar a este tipo de asociaciones. “Para nosotras es importante acompañar a este tipo asociaciones que tienen causas tan nobles y que son importantísimas para la sociedad. En este caso, este té solidario es para recaudar fondos para terminar la sede donde se van a albergar los familiares que acompañan a los pacientes trasplantados del interior provincial”, aseguró.

Del mismo modo, la humorista Mamacha Massin, quien brindó un show a beneficio, manifestó que “asociaciones como Atradia enaltecen a la sociedad, es por esto que debemos apoyarlas, porque a partir de ellas estamos dando una ayuda a los que más necesitan”, manifestó.

Asimismo, Glibota destacó que “es una alegría inmensa acompañar a Atradia para cumplirle el sueño de la casa propia, conocemos su trabajo y sabemos la importancia que tiene para los pacientes trasplantados y dializados. Por esta razón creemos fundamental que cuenten con los fondos necesarios para concluir su sede que seguramente será de gran ayuda para albergar a los familiares de los pacientes que no cuentan con los recursos para hospedarse en Resistencia”.

“Hacer que la solidaridad sea un hecho cotidiano es nuestro fin, ya que no solamente generamos actividades concretas, sino que tendemos una mano a quienes lo necesitan. Cada vez que nos convoquen para acciones de esta naturaleza allí estaremos, uniéndonos varios organismos y asociaciones que luchan por el bien común”, resaltó la integrante de la mesa ejecutiva.

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Sesionó la Comisión de Obras y Servicios Públicos

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Presidida por su titular Juan José Bergia, junto con sus pares integrantes diputados Claudia Panzardi, Ricardo Sánchez y Roy  Nikisch sesionó la Comisión y se abocó al tratamiento de las iniciativas que fueron giradas a esta cartera.

Así la Comisión respaldó en forma unánime una iniciativa de la diputada Carina Batalla (PR1900,19) que expresa beneplácito por la Instalación de la Nueva Bomba en la Estación de Villa Forestación de la ciudad de Barranqueras, llevado a cabo el día 24 de abril del corriente, además resalta que la nueva adquisición se dio gracias al trabajo articulado entre Municipio, Provincia y Nación. En éste caso, con recursos que la provincia transfirió al municipio. Se destacar que la bomba cuenta con un motor a combustión capaz de impulsar hasta 1.800.000 litros/hora, con un regulador de potencia para elevar la capacidad de expulsión.

Paralelamente los diputados adelantaron dictamen unánime aconsejando la aprobación del PR 2144/19 impulsado por el diputado Hugo Sager, que expresa beneplácito por la importante inversión que el Municipio de la ciudad de Resistencia acaba de realizar en los últimos meses en materia de infraestructura hídrica con la incorporación al servicio de camiones desobstructores con un sistema de tele-inspección que permite identificar las obstrucciones que se registren en los desagües pluviales estructurales; también se destaca que esta inversión de casi 20 Millones de Pesos, permitirá optimizar unos 12 kilómetros de desagües, más los 18 construidos, alcanzando los 30 kilómetros de conductos pluviales que tendrán un sistema de revisión de carácter integral.-

En tanto, permanecerá en cartera, porque reiterarán pedidos de informes a Secheep, Sameep, Infraestructura y Transporte, respecto del proyectos 27/18 de ley, impulsado por el diputado Daniel Trabalón, a través del cuál, se propone se declare la emergencia tarifaria en todos los  servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y trasporte público de pasajeros, ya sean prestados directamente por el estado provincial o a través de empresas concesionarias, por el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley, y podrá ser prorrogada por igual periodo por el Poder Ejecutivo Provincial.

También permanecerá en cartera el proyecto 1810,19 – promovida por los diputados de Cambiemos Gustavo Corradi, Carmen Delgado y Livio Gutiérrez, – que pretende suspender por el termino de 90 días, el corte del suministro por parte de la Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) en los Departamentos alcanzados por la emergencia hídrica provocada por lluvias extraordinarias que afectaron al territorio provincial. Se acumulará otra iniciativa similar del diputado Darío Bacileff Ivanoff, previo cambio de radicación de éste último proyecto para sumarse a esta propuesta.

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Trabalón y Cristaldo escucharon planteos de trabajadores del Instituto de Cultura

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Expusieron su disconformidad con un procedimiento laboral llevado a cabo ante el organismo provincial, y manifestaron que hubo “avasallamiento” a la autarquía del Instituto de Cultura, en una reunión mantenida por la mañana ante los diputados Daniel Trabalón y Gladis Cristaldo.

Trabalon al concluir el encuentro informó que los trabajadores solicitaron “la intervención de la Legislatura ante una situación de conflicto que se produce en el Instituto, producto de un Decreto del gobierno provincial Nº 1645/19, por el cual se produce una intervención en el Instituto de Cultura, avasallando la ley provincial de los derechos laborales, por lo que plantean – además – la necesidad de que esta Legislatura pida la derogación de este decreto” señaló.

Puntualmente el legislador manifestó: “nos preocupa que en el marco de la declaración de emergencia administrativa, se avasalle un ente autárquico”.

Respecto de la situación amplió que “junto con  las diputadas nacional Lucila Masin y provincial Gladis Cristaldo hemos pedido una audiencia con el presidente del Instituto de Cultura el día viernes y hasta la fecha no hemos tenido respuesta, cuando nuestra voluntad siempre fue informarnos de parte del funcionario el motivo de esta medida, y no obtuvimos respuesta” y explicó que ante tal situación “los trabajadores han planteado un recurso contra el Decreto para que se deje sin efecto, a  través de la Unión de Personal Civil de la Provincia (UPCP)”.

“Hemos definido avanzar legislativamente: por un lado expresando preocupación y rechazo al decreto, que entendemos atenta contra la figura jurídica de dicho Instituto, siendo que este Decreto lo que hace es entrometerse” y entendió que “no puede una jurisdicción provincial interferir en la administración de otro poder y si hubiera situaciones que lo ameritan sería bueno saber  cuáles son estas” definió Cristaldo no sin antes recordar desde la semana pasada “venimos abordando el tema con los trabajadores, y hemos observado que no están en una situación de emergencia, fundamento esbozado para el dictado de este decreto” es por ello que  “vamos a avanzar en un pedido de informes y un proyecto de rechazo a este decreto” adelantó sobre las acciones a seguir legislativamente.

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