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Jueza Pereyra a Jury por CORRUPTA pide el Superior Tribunal de Chaco

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El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió, mediante la resolución N° 274/19 del 13 de marzo, acusar a la jueza de garantías N° 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, y encomendó al procurador general Jorge Canteros su formalización ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.

La decisión se tomó en razón de lo estipulado por la ley 33-B (Digesto Jurídico) en sus artículos 8 inciso “g” (actos reiterados de parcialidad) e “i” (reiteración de graves irregularidades en el procedimiento) y el artículo 9 que faculta al STJ a proceder de la manera antes detallada.

En sus fundamentos la resolución detalla que la magistrada “ha incurrido, en forma insistente, en graves irregularidades procesales, que motivaron la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia” en diversas causas tramitadas en su juzgado.

Esta conducta, “dada su arbitrariedad, revela un designio permanente de violar normas, configurando ello un patrón de conducta, indicios ciertos de mal desempeño que dañan de modo grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad y tiñen de sospecha de que sus decisiones pueden ser encuadradas en actos reiterados de parcialidad manifiesta”.

Asimismo, señala, “ha incurrido en abusos de poder, excediendo sus facultades en detrimento del principio de imparcialidad y objetividad, invadiendo las funciones propias de los Sres. Fiscales de Investigación, obstaculizando la labor investigativa, configurando de este modo un quiebre de las reglas del proceso acusatorio”. Lo cual “revela un apartamiento de la misión confiada al Juez de Garantías, el que a diferencia del Juez de Instrucción ya no es parte, no dirige el proceso, ni colecta pruebas, siendo su función la de adoptar las medidas de control que corresponden en los procesos penales” con las excepciones previstas en los artículos 349 y 19 de la ley 965-N “supuestos que no se hallan presentes en las causas que motivan la presente actuación. Todo lo cual se erige como un daño al servicio de justicia y se traduce en un menoscabo a la investidura”.

“Los señalados despropósitos en que ha incurrido en ejercicio de sus funciones la citada integrante del cuerpo judicial, se encuentran reiterados en todas las causas objeto de este análisis”, prosigue.

“En estos casos, aun cuando se trata de cuestiones concernientes a determinados contenidos de resoluciones judiciales intermedias y no definitivas de los procesos penales, sí tienen suficiente peso y entidad para realizar la acusación de Enjuiciamiento de la magistrada y precisamente en estos casos éstas causales habilitan el pedido de jury”.

“Al mismo tiempo se detectaron irregularidades que son sintomáticas de un desvío de poder y de un abuso de autoridad que se sostiene en el tiempo, a raíz de lo cual la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional sostuvo en la resolución N° 20/17: el control jurisdiccional no puede rever la situación de privación de la libertad de un imputado, cuando ella ha sido dispuesta mediante el dictado de una Prisión Preventiva, ni en aquellos casos en que se ha producido previamente la oposición a la prisión preventiva del imputado. En este orden, verificamos que ambas circunstancias se han producido en autos, lo que impide efectuar la solicitud de libertad o de mantenimiento de libertad, por vía de control jurisdiccional… No obstante, estimamos que la Sra. Juez no debió dar curso al planteo de la defensa, en tanto ha estado revestido del ropaje del Control Jurisdiccional, y mucho menos resolver un cese de prisión que no fue planteado por la Defensa y que por otra parte, debió deducirse ante la Fiscalía de Investigaciones, y de no ser concedido por esta última, interponer la oposición ante la Magistratura”.

Lo importante es considerar las oportunidades en que, con abuso de su función incurrió en claros incumplimientos en su ejercicio al alzarse contra las claras disposiciones emanadas de la Cámara de Apelaciones que en la resolución N° 152/17 dijera: “Este accionar sin duda quebranta el principio de división de funciones inherente al sistema penal acusatorio, consagrado a través de la reforma del Código Procesal Penal de nuestra Provincia, particularmente a través de su Art. 70 –función del Ministerio Público- establecido por el 120 de la Constitución Nacional, perjudicando la situación procesal del imputado, siendo que dicha calificación legal repercute significativamente en la situación de privación de libertad de aquel que, actualmente, se encuentra en estado de libertad por disposición de una resolución cuya legalidad es cuestionable”.

Esta conducta de abuso de funciones y desvío de poder fue reiterada por la jueza tal como se advierte de la lectura de la resolución Nº228/17 (expediente N° 1057/2017-1): “Ahora bien, en este cometido, y teniendo en cuenta que lo que la Sra. Jueza ha sostenido, en audiencia de oposición a las medidas cuestionadas por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, es la circunstancia de que no ha mediado autorización ni su respectiva solicitud a la Magistrada, por parte de la Fiscalía de Investigaciones actuante, para disponer que las declaraciones testimoniales en cuestión, fueran recibidas bajo la modalidad de identidad reservada. En este sentido, fundó sus respectivos pronunciamientos de nulidad en lo dispuesto, presuntamente, por el artículo 218 del CPP”.

“Sin embargo analizando los argumentos esgrimidos por la señora juez de Garantías Nº1 y la normativa del Código Procesal Penal, en lo respectivo, encontramos que el Art.218 de dicho cuerpo legal, nada dice en el sentido de lo invocado por la A quo. (…) De tal modo afecta al Ministerio Público, en tanto pone en riesgo la actuación de la Sra. Fiscal a quien le es obstruida, sin motivo legal alguno, su función propia de investigar y disponer las medidas de prueba que estime pertinentes, así como la modalidad más adecuada a las mismas. Por otra parte, con los resolutorios dictados, se obstaculiza y dilata el proceso, también en perjuicio del querellante particular, y de los imputados, generándose el riesgo de entorpecer la investigación o de frustrar la administración de justicia, aún a pesar de encontrarse acreditados, hasta el presente, elementos que hacen presuponer, un mínimo de probabilidad del suceso investigado, así como de su presunta autoría”.

Finalmente la resolución destacada que, “el Superior Tribunal de Justicia es el órgano máximo de la justicia provincial investido en el orden jurisdiccional de las facultades definidas en los artículos 161 y 162 de la Carta Local que pautan los supuestos en que procede conocer de las causas en instancia ordinaria y exclusiva como de aquéllas en grado de apelación, mientras que encontrándose encomendado al mismo la función, como cabeza de poder, de asegurar el adecuado y efectivo servicio de justicia, le está asignado el ejercicio de facultades de superintendencia”.

Esta medida fue notificada a la magistrada y se presentó ante el Procurador General quien deberá formalizarla ante el Consejo de la Magistratura.

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Ratifican falta de mérito para Cristina por la “Ruta del dinero K”

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La Cámara Federal porteña ratificó esta decisión del juez federal Sebastián Casanello, a favor de la ex presidenta y actual senadora. En el mismo fallo, se destacó “la necesidad de profundizar la pesquisa”, para determinar si la ex mandataria tuvo algún grado de relación con los delitos del empresario Lázaro Báez.

La Cámara Federal porteña ratificó este miércoles la decisión del juez federal Sebastián Casanello, de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

En el mismo fallo, la sala I del tribunal de apelaciones destacó “la necesidad de profundizar la pesquisa”, a fin de determinar si la ex mandataria tuvo algún grado de relación con los delitos por los cuales se investiga a Báez.

El fallo lleva la firma de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi quienes resolvieron sobre la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) contra el fallo de Casanello.

Ambos organismos habían impugnado el fallo con el que Casanello afirmó que “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada”, en el marco de la causa de lavado de dinero contra Báez.

Sobre la apelación de la OA y la UIF, los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que “las objeciones de las querellas, que encierran en definitiva un disenso con la cuestión de fondo, se exhiben insuficientes como para justificar una sanción procesal que invalide el resolutorio”.

“Con relación a los planteos que tildaron de infundada y arbitraria la decisión del magistrado de grado se observa que el juzgador ha expresado las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar la decisión criticada, y se advierte, más allá de su acierto o error, la existencia de una conexión lógica entre las conclusiones y las premisas valoradas”, remarcaron Llorens y Bertuzzi.

Más allá de respaldar la decisión de Casanello, los camaristas sostuvieron que aún resta “corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre”.

La idea de que Báez podría ser un testaferro de la ex mandataria fue introducida en el expediente por el valijero Leonardo Fariña, quien sostuvo que, frente a una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, Fernández de Kirchner le habría pedido a Báez que sea más prudente con los movimientos de dinero.

“Luce como acertado proceder también a la evaluación de los dichos del contador Víctor Manzanares, los de Juan Manuel Campillo, como así también los de José López y cualquier otra declaración brindada en el marco de la ley 27.304”, sostuvieron los jueces de la Cámara Federal en referencia a las declaraciones brindadas por imputados de la causa de los cuadernos.

Tanto el ex secretario de Obras Públicas, José López, como el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, fueron admitidos como arrepentidos en la causa de los cuadernos, pero aún no ocurrió lo mismo con Manzanares, quien pidió ser arrepentido y declaró ante los fiscales del caso pero aún no fue aceptado por el juez Claudio Bonadiopor lo que su declaración no fue incorporada al expediente.

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Gustavo Martinez en Villa Aeropuerto “pretendemos una intendencia que trabaje con los vecinos”

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El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Gustavo Martínez, junto a la vocal del Instituto Provincial de Viviendas, Otilia Aguirre, integrantes de la Comisión Vecinal y vecinos, concretó una recorrida por villa Aeropuerto, uno de los 60 barrios contemplados en el Plan Integral Urbano que la Provincia implementa en la ciudad para el mejoramiento de los mismos.

Durante la visita, Martínez comentó que mediante el trabajo articulado con la comisión vecinal y los integrantes del programa de la Presidencia del Concejo, Vecinos Activos, se pudo concretar la presencia permanente de Equipo Hábitat en la zona y también, a través del IPDUV, dos trabajos muy importantes como lo son la mensura de terrenos y regularización de viviendas; y por otro lado, mejorías que se pudieron gestionar como el saneamiento de desagües pluviales, enripiado de 600 metros de arterias importantes del sector y alumbrado público, alrededor de 15 cuadras, que era un pedido constante hecho por los vecinos.

Sobre la primera cuestión, contó que Villa Aeropuerto está habitada por familias que residen allí hace muchos años” y que con este proceso “van a poder en el futuro acceder a su título de propiedad”.

Aseguró que “falta mucho más por hacer”, pero afirmó que “de a poco desde el Concejo Municipal se van gestionando las mejoras”. Y resaltó que pretende seguir en esta línea de trabajo como futuro Intendente de la ciudad: “Es lo que proponemos también para la Intendencia de Resistencia en el futuro, trabajar con los vecinos en terreno y tener una articulación permanente con todos los organismos provinciales que puedan ayudar a la política de servicio en cada barrio”.

Recordó que Villa Aeropuerto es un barrio histórico de Resistencia y sumó que también se está impulsando y planificando la pavimentación de la calle 20 y 21, “dos arterias fundamentales para conectar las avenidas Castelli y Edison”.

Y cerró afirmando que el objetivo es que la ciudad vaya cambiando: “Estamos comprometidos a trabajar por Resistencia con todos los vecinos, sin distinción de partidos políticos, pensando en una gestión municipal en el futuro desde una Intendencia que descentralice la actividad del municipio, para que todos los vecinos sientan la presencia municipal”. Resaltó la buena predisposición de los vecinos y explicó: “Por supuesto que siempre hay demandas y hay que mejorar, y desde nuestro lugar queremos colaborar con Equipo Hábitat en el servicio de recolección de cacharros, de restos de árboles, retiro de escombros “.

LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL CONCEJO COMO PUNTAPIÉ DE LAS ACCIONES

Por su parte, Otilia Aguirre, coincidió con Martínez e indicó que el Plan de Intervención Integral que se realiza en Resistencia a través del IPDUV, contiene a las barriadas realizadas por este organismo provincial y que en este caso “se trata de un sector donde se encuentran varios barrios”.

Habló de lo fundamental de concretar la regularización dominial y en materia de obras físicas dijo: “Desde el Instituto de Viviendas creemos que es prioritario generar y realizar este tipo de acciones en los barrios para ir mejorando lo que es el hábitat y la calidad de vida en todo lo que tenga que ver con accesibilidad y en lo que es el entorno”.

Recordó que este programa surge tras la concreción de las Audiencias Públicas en los Barrios que genera el Concejo, en las cuales los vecinos plantean sus distintas demandas, y los funcionarios provinciales y municipales acuden para ser parte de este contacto y futuro trabajo conjunto.

“A través de la gestión de Domingo Peppo, con esta política de llevar el Estado de tu Lado, hace que el Instituto esté cerca de los vecinos y siempre el presidente Hugo Acevedo es el que ha acordado llevar estas acciones a la provincia y hoy a la ciudad de Resistencia”, cerró.

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Diputados de Cambiemos abandonaron el recinto para ir a una marcha

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Diputados del Interbloque Cambiemos lamentaron la decisión del bloque oficialista de retirarse del recinto dejando sin quórum la sesión a sabiendas de que referentes del sector docente estarían marchando hacia la Cámara de Diputados en el marco del reclamo por mejores salarios”.

“Vemos con mucha preocupación como el gobierno provincial y sus diputados no asumen la responsabilidad que les toca a la hora de resolver situaciones de alta sensibilidad social, pasa con los $1000 millones que llegaron a la provincia para hacer viviendas y no se hicieron, pasa con los $6280 millones que Secheep le debe a Cammesa,  no dicen que hicieron con todo ese dinero que le cobraron a los usuarios, pasa con los 200.000 kilos de leche que desaparecieron de los depósitos de salud pública, y pasa también con los docentes, sabiendo que marcharían hacia la Cámara de Diputados los legisladores del oficialismo se levantaron y se fueron dejando sin quórum la sesión”

“El gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, por lo tanto debe generar los espacios que permitan lograr ese objetivo, y sus diputados deben ponerse a disposición de ese fin, para eso los voto la gente, no para que se escondan o se vayan a su casa, sino para que trabajen por el bienestar y los derechos de la ciudadanía, fue vergonzoso ver como se iban retirando ante la inminente llegada de los docentes”

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