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Imputaron al último presidente del Banco Nación durante el macrismo por permitir el endeudamiento de la empresa Vicentín

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El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy a Javier González Fraga, el último presidente del Banco Nación durante el macrismo, en la causa en la que se investiga si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal cometieron delito cuando le permitieron a la cerealera Vicentín acumular una deuda $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.

El fiscal Pollicita impulsó la investigación por la posible defraudación no solo contra quien presidió el Banco Nación en los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, sino también contra los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentín. Padoán estuvo involucrado en la causa que se inició a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, donde se determinó que había empresarios que pagaban coimas a ex funcionarios kirchneristas.

El conflicto comenzó cuando a principios de diciembre 2019 Vicentín informó que entró en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”. La noticia mostraba cómo la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país entraba en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones.

Luego se conoció que del total de la deuda, $18.500 millones corresponden a un crédito otorgado por el Banco Nación, lo que se tradujo en fuertes críticas a la conducción de González Fraga en el Banco Nación ya que este crédito superaría los límites establecidos por la normativa bancaria y representan más del 20% del patrimonio computable de la entidad.

La denuncia realizada por un particular se basa en un trabajo hecho por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien fue designado director del Nanco Nación por el gobierno de Alberto Fernández. Pollicita explicó en su imputación que había citado a Lozano para que explicara el contenido del informe en su fiscalía antes de realizar el requerimiento que presentó hoy. Y aunque Lozano no concurrió a declarar, tomó el informe hecho por director del Banco Nación de la página web del partido Unidad Popular.

Claudio Lozano realizó un informe que fue utilizado para la denuncia
Claudio Lozano realizó un informe que fue utilizado para la denuncia

El informe, fechado el 16 de enero pasado y firmado por Lozano, señala que “según los trascendidos periodísticos, la empresa Vicentín anunció que por “stress financiero” (¿?) no va a pagar los 23.500 millones de pesos que debe a los bancos (18 mil al Banco Nación), ni los USD 350 millones con los productores agropecuarios, más toda la financiación que tomó por Bolsa, ni todo lo que debe a bancos internacionales de crédito en dólares”.

Vicentín, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Según el periodista de Rosario Germán Mangione en una nota del 11 de octubre del 2019, denuncia que en los registros de aportes de campaña para las PASO que la ley electoral dispone que se haga pública, se observa que la empresa que más aportó para la campaña presidencial de Cambiemos fue la empresa Vicentín, que por diferentes empresas de su grupo realizó una donación total de $13.500.000. De este total se repartieron aportes de $4.500.000 por 3 de las empresas del grupo Vicentín (Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A.). Cabe destacar que el otro grupo económico que más aportes realizó a Cambiemos en las PASO es otra del mismo rubro que Vicentín; en este caso se trata de Aceitera General Deheza, que aportó $10.000.000. Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentín en el mercado financiero domestico representa el 20% de la facturación del 2018 (no de 2019) y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018. No parece ser un caso de stress financiero. El peso de las deudas sobre ventas en muchas otras empresas supera ampliamente sus ventas”, agregó.

La denuncia especifica que el endeudamiento de Vicentín con el Nación no fue autorizado por el directorio, algo que vulnera las normas de la institución. Al respecto, el informe de Lozano sostuvo: “En el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Sin embargo, los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentín para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación

El fiscal realizó las imputaciones y pidió varias medidas de prueba al juez Julián Ercolini quien tiene a su cargo la investigación. Pollicita pidió que tanto Lozano como Eduardo Hecker, actual presidente del Banco Nación, declaren como testigos. Ambos deben aportar la documentación del Banco sobre el Caso Vicentín.

Además pidió que el Banco Nación remita al juzgado los expedientes de los préstamos solicitados por Vicentín desde 2015. Y que la entidad bancaria realice un informe detallado que especifique:

– Cuál es la deuda de Vicentín con el Nación.

-Cómo está compuesta esa deuda.

-Qué porcentaje de la cartera del Nación significa esa deuda.

-Qué parte de la deuda de Vicentín con el Nación es exigible.

-Si la deuda de Vicentín supera el máximo permitido por la normativa.

El fiscal también pidió que tanto el Banco Nación como el Banco Central de la República Argentina envíen al juzgado las normas que rigen los préstamos que se pueden hacer a las grandes empresas.

Policita solicitó también que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice un amplio informe sobre la composición del grupo Vicentín a partir del año 2015. Y que aporte un detalle de los créditos declarados por Vicentín y de los casos judiciales en los que la firma cerealera hubiera sido denunciada.

El fiscal que imputó a González Fraga y quienes encabezan Vicentín no cerró la posibilidad de que haya nuevos imputados en la causa. Además pidió una amplia radiografía comercial de la compañía Vicentín. Incluso solicitó que el Juzgado de Primera Instancia Distrito n° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, provincia de Santa Fe envíe a Comodoro Py una copia certificada del expediente en el que se tramita el concurso de la empresa cerealera.

Ante la información acerca de que la compañía fue la principal contribuyente de la campaña presidencial de Macri, Pollicita también quiere saber qué aportes de campaña hicieron las empresas del grupo Vicentín. Para ello le pidió a Ercolini que le solicite a la Cámara Nacional Electoral un informe detallado de los aportes dinerarios hecho por las empresas y a qué partido fueron dirigidos.

El fiscal también solicitó conocer si la Unidad de Información Financiera recibió reportes de operaciones sospechosas sobre la empresa Vicentín y si la Oficina Anticorrupción abrió alguna actuación en relación al caso judicial que se investiga en el juzgado federal 10.

La causa recién comienza. Ahora el juez Ercolini debe hacer lugar o no a los pedidos que hizo Pollicita cuando impulsó la investigación e imputó a Gonzlaez Fraga, Padoán y Nardelli.

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Politica

Capitanich presentó la canasta escolar de 10 productos por 480 pesos

Incluye 10 productos indispensables a un valor de $480 y se podrá abonar con Tarjeta Tuya en 5 y 10 cuotas sin interés. Su valor es menor al de la canasta escolar nacional.

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Este lunes, el gobernador Jorge Capitanich presentó la canasta escolar de 10 productos esenciales, que será comercializada a través de la Tarjeta Tuya en 61 puntos de la provincia, por un valor de $480. La misma se podrá abonar por medio de Tarjeta Tuya, Tuya Joven y Tuya Pyme, en 5 o 10 cuotas sin interés desde el 17 de febrero al 31 de marzo.

“Es una propuesta lograda con la voluntad del sector privado para garantizar una red de comercialización que permita a las familias acceder a los útiles en condiciones razonables, para garantizar el derecho a la educación de sus hijos”, dijo el mandatario esta mañana la sede de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), donde brindó detalles del acuerdo impulsado entre el Gobierno y el sector privado.

Hizo hincapié además en que el valor de la canasta provincial “es menor que la nacional”, que es de $500 y que impactará directamente en las economías de los 91 mil usuarios de la Tarjeta Tuya en toda la provincia. En ese marco, el mandatario resaltó el “rol fundamental” del Nuevo Banco del Chaco a través de la Tarjeta Tuya que ofrecerá en este caso al cliente la opción de abonar en 5 o 10 pagos sin interés, sin costo financiero para el comercio.

Asimismo, destacó las ofertas vigentes en el marco del programa Vuelta al Cole, en diversos rubros como ser librería, papelería, marroquinería, zapatería, indumentaria escolar y óptica, para compras en 5 y 10 pagos de las versiones Tuya, Tuya Joven, Tuya Pyme, y con vigencia del 17 de febrero hasta el 31 de marzo.

La oferta, que ya cuenta con la adhesión de 15 municipios, incluye: lápiz negro, sacapuntas, goma de borrar, caja de 12 lápices de colores, carpeta N°3, adhesivo vinílico por 30 gr, repuesto de hojas N°3 por 48 unidades, regla de 20 cm, tijera, cuaderno de tapa flexible por 48 hojas.

Acompañaron al gobernador en la presentación, los ministros de Producción, Industria y Empleo Sebastián Lifton, y de Educación, Daniela Torrente; el presidente del Nuevo Banco del Chaco Rafael González; el presidente de la FECHACO, José Luis Cramazzi; y Alfredo González de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Cramazzi: “La financiación con la TUYA es fundamental”

El titular de FECHACO José Luis Cramazzi, agradeció a los comerciantes que apoyaron y trabajaron en esta iniciativa, para que por primera vez muchas localidades del interior tengan acceso a la canasta. Además, agradeció el compromiso del NBCH, y destacó el trabajo de los presidentes de cámara de cada localidad: “No es fácil que en Miraflores se ofrezca la canasta escolar, así que queremos agradecer al Gobierno Provincial por esta iniciativa. Es un orgullo para los chaqueños tener una canasta $20 más económica que la lanzada a nivel nacional”, manifestó.

Por último, el titular de la FECHACO explicó que la Federación colaboró trabajando con todas las cámaras de la Provincia. “Todo inicio de clases trae movimiento para cierto sector del comercio, es una reactivación y además de la canasta se suman las promociones en indumentaria, calzado y la financiación con tarjeta TUYA es fundamental”.

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Políticos

Romina Del Plá: “El robo a los jubilados continúa”

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Romina Del Plá, diputada del PO en el FIT, declaró sobre el anuncio del Gobierno acerca las jubilaciones: “El aumento a la jubilación mínima será de 13%, pasando de 14.068 a 15.891, menos de la mitad de la Canasta Básica Alimentaria, que hoy está en 38.960. Pero esto es sólo el comienzo. ¿Qué pasa con los que superan la mínima, que cobran entre 20 y 40 mil pesos, aún por debajo de la Canasta? Se les aumenta entre el 9,8% y el ¡6,05%! respecto al 11,56% suspendido por la mal llamada “Ley de Solidaridad”. Un jubilado que cobra por debajo de la Canasta no puede ser considerado privilegiado. Esto es un robo fenomenal, que alcanza los 60.000 millones de pesos, que irán a manos de bancos y especuladores de la deuda externa”.

“Tal como dijimos en diciembre, la ‘solidaridad’ es una estafa contra los jubilados, que los anuncios de hoy convalidan. Les roban la movilidad, que es un derecho adquirido, con aumentos por decreto que mantienen a la enorme mayoría en la pobreza, para pagar una deuda ilegítima a bonistas y especuladores”.

“Esto no termina acá porque el robo seguirá en junio y al continuar la suspensión de la movilidad, las jubilaciones seguirán dependiendo de la consideración del Poder Ejecutivo. Esto significa que serán una variable de ajuste en la negociación con el FMI. No podemos aceptar ese método. Más que nunca, tenemos que mantener la organización por la restitución de la movilidad y el 82% móvil”.

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Politica

Bolatti insiste y argumenta sobre la ilegalidad del impuestazo

También pidió disculpas por no advertir “tan mala intención”.

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Este lunes, el concejal arrepentido Fabricio Bolatti brindó una serie de justificaciones, remarcando la ilegalidad del “impuestazo” aprobado en la sesión del 17 de diciembre pasado, por el Concejo de Resistencia.

Según el edil, para sancionar una ordenanza tributaria en Resistencia, se requiere de su aprobación en “general” y en “particular”, y con una mayoría agravada de 8 votos. “¿Cómo se puede estar aplicando un gran aumento de tributos, desde un texto que surge de solo una votación en general que obtuvo 7 votos, sin tener en cuenta como llegaron a obtener ese acompañamiento?”, se preguntó.

“Hace ya unas semanas que intentamos hacer ver las falencias, vicios e irregularidades que tuvo la sesión del Concejo del 17 de diciembre, y por consecuencia la producción legislativa que surge del relato oficial, junto al apoyo implícito y explícito de la UCR/Cambiemos”, indicó.

Bolatti detalló que la falta de información disponible, la imposición por mayoría del “acuerdo de Labor Parlamentaria” que no tiene rigor legal, la negación en el uso de la palabra, hasta la falta de tratamiento en particular, estuvieron ausentes en dicha sesión.

Por otro lado, enumeró algunas causas:

“No habría impuestazo sin el acompañamiento de la UCR: el dictamen de la Comisión de Hacienda estaba fuera de hora para ser parte del “Orden del Día” y por lo tanto no podía ser tratado. Situación que solo puede ser superada con la aprobación de su ingreso por una mayoría agravada de votos, igualmente para que sea tratado sobre tablas en esta sesión. Así fue que en la sesión del 17 de diciembre, el ingreso y tratamiento solicitado, fue acompañado por todos los concejales, particularmente destacamos el voto de bloque UCR, quienes luego no votaron el proyecto, sabiendo de su contenido agresivo, algo que nosotros no percibimos por falta de información y sinceridad.

Requiere 8 votos (2/3 del cuerpo) para su aprobación: el Reglamento Interno del Concejo establece que para la aprobación del Presupuesto del Concejo, del Municipio y las Tributarias e Impositivas, se requiere el voto favorable del dos tercio (8) de los integrantes del cuerpo (11). Por las dudas citamos que la Carta Orgánica, que habilita al Reglamento a estipular mayor acompañamiento, estipula como piso para este tipo de ordenanzas, una mayoría absoluta (7) pero en un tratamiento en “doble lectura” (1. Sesión que aprueba, 2. Audiencia Pública y difusión, para dentro de los 30 días, 3. Nueva Sesión y nueva aprobación). Ambos procedimientos que no están presentes en la actualidad que analizamos y debatimos.

Una más clara ilegalidad es difícil de lograr: por ello es que hablamos de las formas como prioridad, son requisitos que otorgan mayor garantía a la ciudadanía, para que las normas que surjan tengan algunos resguardos y que su publicidad permita advertir abusos de autoridad e ilegalidades. No podemos, solamente por los recursos que están en discusión, oponernos a lo realizado, a un procedimiento diseñado y pensado para ocultar, engañar a propios y extraños, mal informar e incluso tener en la mano una norma sin texto definitivo, que permita manejar la situación”, enumeró Bolatti.

Por último, el concejal pidió disculpas por “no haber advertido tal mala intención”.

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