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Imputaron al último presidente del Banco Nación durante el macrismo por permitir el endeudamiento de la empresa Vicentín

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El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy a Javier González Fraga, el último presidente del Banco Nación durante el macrismo, en la causa en la que se investiga si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal cometieron delito cuando le permitieron a la cerealera Vicentín acumular una deuda $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.

El fiscal Pollicita impulsó la investigación por la posible defraudación no solo contra quien presidió el Banco Nación en los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, sino también contra los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentín. Padoán estuvo involucrado en la causa que se inició a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, donde se determinó que había empresarios que pagaban coimas a ex funcionarios kirchneristas.

El conflicto comenzó cuando a principios de diciembre 2019 Vicentín informó que entró en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”. La noticia mostraba cómo la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país entraba en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones.

Luego se conoció que del total de la deuda, $18.500 millones corresponden a un crédito otorgado por el Banco Nación, lo que se tradujo en fuertes críticas a la conducción de González Fraga en el Banco Nación ya que este crédito superaría los límites establecidos por la normativa bancaria y representan más del 20% del patrimonio computable de la entidad.

La denuncia realizada por un particular se basa en un trabajo hecho por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien fue designado director del Nanco Nación por el gobierno de Alberto Fernández. Pollicita explicó en su imputación que había citado a Lozano para que explicara el contenido del informe en su fiscalía antes de realizar el requerimiento que presentó hoy. Y aunque Lozano no concurrió a declarar, tomó el informe hecho por director del Banco Nación de la página web del partido Unidad Popular.

Claudio Lozano realizó un informe que fue utilizado para la denuncia
Claudio Lozano realizó un informe que fue utilizado para la denuncia

El informe, fechado el 16 de enero pasado y firmado por Lozano, señala que “según los trascendidos periodísticos, la empresa Vicentín anunció que por “stress financiero” (¿?) no va a pagar los 23.500 millones de pesos que debe a los bancos (18 mil al Banco Nación), ni los USD 350 millones con los productores agropecuarios, más toda la financiación que tomó por Bolsa, ni todo lo que debe a bancos internacionales de crédito en dólares”.

Vicentín, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Según el periodista de Rosario Germán Mangione en una nota del 11 de octubre del 2019, denuncia que en los registros de aportes de campaña para las PASO que la ley electoral dispone que se haga pública, se observa que la empresa que más aportó para la campaña presidencial de Cambiemos fue la empresa Vicentín, que por diferentes empresas de su grupo realizó una donación total de $13.500.000. De este total se repartieron aportes de $4.500.000 por 3 de las empresas del grupo Vicentín (Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A.). Cabe destacar que el otro grupo económico que más aportes realizó a Cambiemos en las PASO es otra del mismo rubro que Vicentín; en este caso se trata de Aceitera General Deheza, que aportó $10.000.000. Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentín en el mercado financiero domestico representa el 20% de la facturación del 2018 (no de 2019) y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018. No parece ser un caso de stress financiero. El peso de las deudas sobre ventas en muchas otras empresas supera ampliamente sus ventas”, agregó.

La denuncia especifica que el endeudamiento de Vicentín con el Nación no fue autorizado por el directorio, algo que vulnera las normas de la institución. Al respecto, el informe de Lozano sostuvo: “En el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Sin embargo, los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentín para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación

El fiscal realizó las imputaciones y pidió varias medidas de prueba al juez Julián Ercolini quien tiene a su cargo la investigación. Pollicita pidió que tanto Lozano como Eduardo Hecker, actual presidente del Banco Nación, declaren como testigos. Ambos deben aportar la documentación del Banco sobre el Caso Vicentín.

Además pidió que el Banco Nación remita al juzgado los expedientes de los préstamos solicitados por Vicentín desde 2015. Y que la entidad bancaria realice un informe detallado que especifique:

– Cuál es la deuda de Vicentín con el Nación.

-Cómo está compuesta esa deuda.

-Qué porcentaje de la cartera del Nación significa esa deuda.

-Qué parte de la deuda de Vicentín con el Nación es exigible.

-Si la deuda de Vicentín supera el máximo permitido por la normativa.

El fiscal también pidió que tanto el Banco Nación como el Banco Central de la República Argentina envíen al juzgado las normas que rigen los préstamos que se pueden hacer a las grandes empresas.

Policita solicitó también que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realice un amplio informe sobre la composición del grupo Vicentín a partir del año 2015. Y que aporte un detalle de los créditos declarados por Vicentín y de los casos judiciales en los que la firma cerealera hubiera sido denunciada.

El fiscal que imputó a González Fraga y quienes encabezan Vicentín no cerró la posibilidad de que haya nuevos imputados en la causa. Además pidió una amplia radiografía comercial de la compañía Vicentín. Incluso solicitó que el Juzgado de Primera Instancia Distrito n° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, provincia de Santa Fe envíe a Comodoro Py una copia certificada del expediente en el que se tramita el concurso de la empresa cerealera.

Ante la información acerca de que la compañía fue la principal contribuyente de la campaña presidencial de Macri, Pollicita también quiere saber qué aportes de campaña hicieron las empresas del grupo Vicentín. Para ello le pidió a Ercolini que le solicite a la Cámara Nacional Electoral un informe detallado de los aportes dinerarios hecho por las empresas y a qué partido fueron dirigidos.

El fiscal también solicitó conocer si la Unidad de Información Financiera recibió reportes de operaciones sospechosas sobre la empresa Vicentín y si la Oficina Anticorrupción abrió alguna actuación en relación al caso judicial que se investiga en el juzgado federal 10.

La causa recién comienza. Ahora el juez Ercolini debe hacer lugar o no a los pedidos que hizo Pollicita cuando impulsó la investigación e imputó a Gonzlaez Fraga, Padoán y Nardelli.

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Alicia Kirchner pidió a los santacruceños que sean responsables con el aislamiento ante Semana Santa

“Yo sé que este virus nos cambió la vida a todos, pero tengamos en cuenta que el esfuerzo que hagamos ahora va ayudar para el futuro”, dijo la mandataria en un mensaje difundido por las redes sociales y los medios públicos oficiales.

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La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pidió este jueves a la ciudadanía que sea responsable y cumpla durante la Semana Santa con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

La mandataria apeló a ejemplos como Europa y Loncopué (localidad de Neuquén que quedó aislada) como también a la cercanía con la vecina ciudad chilena de Punta Arenas, donde, dijo, “según indican el nivel de contagio es comparativamente alto en relación a lo que sucede en otras partes del mundo”.

“Estos ejemplos valen para tomar conciencia”, dijo la gobernadora, que destacó la tarea que realizan los agentes de seguridad y analizó los datos de los operativos que se vienen desarrollando en toda la provincia.

“Desde que empezó el aislamiento social, controlamos a 56.488 personas y 52.796 vehículos. Hubo 351 autos secuestrados y 4.812 actas y en algunos casos hasta detenciones. Entonces ¿qué es lo que nos está reflejando todo esto? Habla de una falta de responsabilidad”, agregó la gobernadora.

“A ver santacruceños, si somos capaces de tantas cosas ¿cómo no vamos a ser capaces de esto? ¿O se creen que a mí me resulta divertido que cada día tengamos menos ingresos económicos en la provincia por el aislamiento? Pero lo que más me interesa es que los santacruceños y santacruceñas estén bien. Por favor seamos responsables y comprometidos”, enfatizó Kirchner,

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Arroyo aceptó la renuncia de 14 funcionarios que autorizaron compras por sobre el precio testigo

Con las salidas de estos funcionarios, el área ministerial que conducía Gonzalo Calvo deberá ser reestructurada, de acuerdo a lo consignado a Télam por voceros de Desarrollo Social.

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El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aceptó este jueves la renuncia de los 14 funcionarios que dependían del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, y que habían participado del proceso de autorización de compras de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), según confirmaron fuentes oficiales.

El martes pasado Arroyo había exigido la dimisión de Calvo, como parte de una investigación iniciada sobre estos procesos de compra que se produjeron en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de corinavirus.

Se trataba de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.

Fuentes de la cartera indicaron a esta agencia que en la actualidad se revisa “todo el circuito administrativo para las compras” y no se descarta que se lleven a cabo cambios en las modalidades de adquisición.

Arroyo revocó las compras de aceite y azúcar y resolvió convocar nuevamente a empresas productoras para la adquisición de esos productos para consumo por parte del Ministerio.

Esa decisión se da en consonancia con lo dispuesto por el gobierno en cuanto a que “en ningún caso” podrán abonarse montos superiores a los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio “en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios”.

La directiva, adoptada en una resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros con la firma de su titular, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entró en vigencia a partir de su inmediata publicación en el Boletín Oficial.

“Establécese que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la Decisión Administrativa N°409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución” de la Secretaría de Comercio, establece la normativa.

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Solá aseguró que ya retornaron a Argentina más de 150 mil personas por vía terrestre o por avión

La reunión del plenario fue abierta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien señaló que hoy la Argentina tiene un canciller que es “un gran dirigente político y que valora el trabajo del Congreso ya que fue diputado hasta hace poco tiempo”.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, aseguró hoy en la Cámara de Diputados que ya regresaron desde el 16 de marzo tanto por avión como por vía terrestre mas de 154 mil personas y que aún quedan “alrededor de 10 mil personas varadas en el exterior” debido a la pandemia del coronavirus que afecta a la Argentina y a unas 150 naciones.

Solá dijo que en las últimas tres semanas se logró el regreso a la Argentina de entre “sesenta y setenta mil ciudadanos en los llamados vuelos humanitarios”, ya que se habían cancelados sus pasajes por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, el canciller señaló que aún quedan “alrededor de 10 mil argentinos varados” y dijo que si bien “el listado se fue achicando por los primeros vuelos regulares, se sumaron jóvenes que perdieron el trabajo y familias que tenían su vida armada en el exterior, pero con la pandemia deciden volver”.

Solá expuso esta tarde ante el plenario de la comisión de Relaciones Exteriores, que conduce el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés y diputado porteño por el Frente de Todos, en una reunión en la que tanto desde el oficialismo como desde la oposición destacaron el informe brindado por el canciller.

Valdés afirmó que tuvieron “una excelente reunión virtual de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto junto al canciller” y agregó que lo “enorgullece la Argentina plural” que están “construyendo por el bien común, en conjunto con la oposición”.

En tanto, el vicepresidente de la comisión, el radical Facundo Súarez Lastra, señaló que tuvieron “una buena reunión con el ministro, se brindó información y se mostró predisposición” y que a pesar de que entienden las dificultades, creen que “deben hacer un mayor esfuerzo para brindar un cronograma de regreso que dé previsibilidad a los varados”.

La reunión del plenario fue abierta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien señaló que hoy la Argentina tiene un canciller que es “un gran dirigente político y que valora el trabajo del Congreso ya que fue diputado hasta hace poco tiempo”.

En su informe, Solá dijo que al “principio venían 40 o 50 vuelos y después se debió ajustar esa cantidad por los requerimientos dispuestos por el Ministerio de Salud” respecto a que solo podían llegar a Ezeiza 300 personas por día.

En ese sentido, el ministro señaló que entre los argentinos que regresaron en los vuelos humanitarios y los que lo hicieron en forma terrestre “ya volvieron a la Argentina solo entre el 16 de marzo y el 31 de marzo 151 mil” ciudadanos y que en la actualidad pueden ingresar hasta 500 personas por día.

Detalló que uno de los problemas que surgieron fue que los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Súarez, y de Jujuy, Gerardo Morales, decidieron cerrar sus fronteras.

En su exposición, Solá destacó que la Cancillería se dedica “el 90 por ciento de su tiempo a resolver temas vinculados con la pandemia” del COVID-19 y recordó que desde el 10 de marzo los consulados “elaboraron las lista de los argentinos que querían volver al país”.

En ese sentido, dijo que esa lista se hizo de “acuerdo a la fecha de pasaje que tenían, pero con la posibilidad de que pueda ser alterada de acuerdo a la vulnerabilidad de los pasajeros”.

El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri propuso, “dados los problemas para coordinar los vuelos, contratar vuelos charter que levanten a los argentinos varados en los distintos puntos de Latinoamérica”.

Ademas, Negri planteó que se necesita “un sistema para juntar datos de la pandemia en América del Sur, sobre todo en los países limítrofes, atento a que se agrava la situación en algunos estados de Brasil”.

“Estamos dispuestos a acompañar una diplomacia para el Mercosur. También hay que ir pensando en una diplomacia alimentaria para el cono sur”, dijo.

En tanto, el diputado del Frente de Todos, Dario Martinez, agradeció la presencia del canciller y le consultó cual “fue la postura que tuvieron el resto de los países sobre las repatriaciones” y qué “hace falta” para traer más argentinos de regreso al país.

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