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Guerra fría en la AFIP: detalles de la disputa entre Mercedes Marcó del Pont y Ricardo Echegaray

El ex recaudador espera una resolución que lo devuelva al organismo. Se reunieron a principio de año. Los nexos, la tensión interna y el rol de Cristina Kirchner

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Ironías del destino. En el entorno de Ricardo Echegaray todavía recuerdan que el ex funcionario, que manejó con mano de hierro la AFIP durante años y que fue denunciado por la Justicia en múltiples causas por su paso al frente del organismo, miraba desde una de las oficinas de la quinta presidencial cómo Mercedes Marcó del Pont dejaba Olivos, con los ojos vidriosos, después de que Cristina Kirchner le pidiera la renuncia por desaciertos al frente del Banco Central. Era noviembre del 2013.

El pasado jueves 2 de enero, Echegaray tuvo que esperarla a Marcó del Pont durante un buen rato en la antesala de su oficina de la AFIP. La versión oficial sobre la reunión es que no fue tan áspera como sí la graficaron los colaboradores del ex titular del organismo, cuyo testimonio quiso ser recogido por este medio pero se encontraba, según su entorno, con pésima señal en el sur del país.

“La reunión duró menos de media hora”, explicaron colaboradores de Echegaray, que desde antes de que Marcó del Pont desembarcara en el organismo se enfrascó en una guerra fría contra la economista, que todavía perdura.

El ex recaudador creyó que con la derrota de Cambiemos volvería a tener injerencia en la AFIP. Por el contrario, Marcó del Pont se rodeó de funcionarios de su confianza, y ubicó en cargos estratégicos a dirigentes del riñón de Cristina Kirchner y de La Cámpora. Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner, al frente de la Dirección General Impositiva; Mariano Abbruzzese bajo su ala, en la DGI; el ex diputado Carlos Castagnetto, que manejó parte del financiamiento de la campaña K, en la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, y Patricia Vaca Narvaja en la Subdirección General de Servicios al Contribuyente. Entre otros.

En el círculo íntimo del ex jefe de la recaudación nacional se jactan de que, durante su gestión, se habían resistido al desembarco de La Cámpora en el organismo.

Echegaray, que en los últimos años estuvo bajo la lupa de la Justicia en media docena de investigaciones y que si evitó complicaciones aún mayores fue por las generosas gestiones de sus abogados, llegó al mediodía de ese jueves 2 al edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, frente a Casa Rosada, con un pedido concreto: una resolución favorable a su carta enviada a mediados de diciembre a Susana Traverso, directora de la Aduana, para que le restituyan su sueldo y su planta en esa dependencia. Y una medalla por sus “25 años de antigüedad como empleado aduanero”.

Traverso reporta directo a Marcó del Pont.

Ricardo Echegaray junto a su abogado, León Arslanián, en los tribunales de Comodoro Py
Ricardo Echegaray junto a su abogado, León Arslanián, en los tribunales de Comodoro Py

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la titular de la AFIP “está evaluando la solución”. Y le restan dramatismo a la tensión con su antecesor, que llegó al encuentro de principio de año casi con la pretensión de convertirse en una suerte de asesor externo.

En junio del 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el ex funcionario fue suspendido sin goce de sueldo por seis meses, una medida impulsada por Diego Dávila bajo la gestión de Leandro Cuccioli como director de la AFIP. La suspensión fue prorrogada sistemáticamente en el tiempo. Hasta estos días.

La medida había sido dispuesta después del procesamiento dictado por Sebastián Casanello por encubrimiento: el juez federal acusó a Echegaray de darle protección impositiva a Austral Construcciones, la firma madre de Lázaro Báez, y a otras empresas subcontratadas.

Con el triunfo de Alberto Fernández, el ex recaudador le pidió entonces a la nueva conducción del organismo que le devuelvan el sueldo y la obra social, se declaró víctima de una campaña de “lawfare” -de moda entre los ex funcionarios K- y solicitó que lo incorporen “a desempeñar tareas en el nivel de mandos altos de la Aduana, dentro del escalafón aplicable a los empleados en el marco del convenio colectivo de trabajo”.

Marcó del Pont, según pudo reconstruir este medio, le avisó que no lo quería dentro de la AFIP. Echegaray le habría reprochado por dos nombres: Sergio Rufail, subdirector General de Fiscalización -cercano a Alberto Abad-, y Guillermo Sorrentino, subdirector general de Asuntos Jurídicos. Sorrentino fue quién ideó su suspensión.

Es paradójico porque Pedro Roveda, que en teoría responde a Echegaray y que fue absuelto junto a él el año pasado en la causa por supuesta violación de secreto fiscal iniciada por una denuncia de Alfonso Prat Gay, ahora trabaja para Sorrentino. En las internas de la AFIP nada es tan lineal como parece.

Cristina Kirchner (Senado de la Nación)
Cristina Kirchner (Senado de la Nación)

Es que ninguno de los funcionarios que todavía frecuentan al ex jefe del organismo tuvieron un lugar de relevancia en la nueva estructura. Ni Ariel Nigro, alias “Tato”, ni Mariana de Alba, ni Carlos Sánchez, por mencionar algunos. Sánchez, de hecho, ahora da vueltas por el Ministerio de Trabajo.

De todos modos hay dirigentes que buscan bajarle el tono a la disputa entre Marcó del Pont y Echegaray, que escaló mucho más por las pretensiones de este último que por las gestiones de la actual titular de la AFIP.

Uno de ellos es Fernando Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, con oficina en el primer piso de la Casa Rosada, que conserva una buena relación con ambos. “El Chino” juega al básquet con Echegaray con frecuencia en el club Ferro. Algunos lo sindican como uno de los nexos fundamentales para el encuentro de principio de año. En su entorno lo relativizan: dicen que no tuvo nada que ver. Pero aún así, confían esos mismos colaboradores en que la disputa de la “se va a acomodar”.

Por ahora, pareciera todo lo contrario.

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Bolatti insiste y argumenta sobre la ilegalidad del impuestazo

También pidió disculpas por no advertir “tan mala intención”.

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Este lunes, el concejal arrepentido Fabricio Bolatti brindó una serie de justificaciones, remarcando la ilegalidad del “impuestazo” aprobado en la sesión del 17 de diciembre pasado, por el Concejo de Resistencia.

Según el edil, para sancionar una ordenanza tributaria en Resistencia, se requiere de su aprobación en “general” y en “particular”, y con una mayoría agravada de 8 votos. “¿Cómo se puede estar aplicando un gran aumento de tributos, desde un texto que surge de solo una votación en general que obtuvo 7 votos, sin tener en cuenta como llegaron a obtener ese acompañamiento?”, se preguntó.

“Hace ya unas semanas que intentamos hacer ver las falencias, vicios e irregularidades que tuvo la sesión del Concejo del 17 de diciembre, y por consecuencia la producción legislativa que surge del relato oficial, junto al apoyo implícito y explícito de la UCR/Cambiemos”, indicó.

Bolatti detalló que la falta de información disponible, la imposición por mayoría del “acuerdo de Labor Parlamentaria” que no tiene rigor legal, la negación en el uso de la palabra, hasta la falta de tratamiento en particular, estuvieron ausentes en dicha sesión.

Por otro lado, enumeró algunas causas:

“No habría impuestazo sin el acompañamiento de la UCR: el dictamen de la Comisión de Hacienda estaba fuera de hora para ser parte del “Orden del Día” y por lo tanto no podía ser tratado. Situación que solo puede ser superada con la aprobación de su ingreso por una mayoría agravada de votos, igualmente para que sea tratado sobre tablas en esta sesión. Así fue que en la sesión del 17 de diciembre, el ingreso y tratamiento solicitado, fue acompañado por todos los concejales, particularmente destacamos el voto de bloque UCR, quienes luego no votaron el proyecto, sabiendo de su contenido agresivo, algo que nosotros no percibimos por falta de información y sinceridad.

Requiere 8 votos (2/3 del cuerpo) para su aprobación: el Reglamento Interno del Concejo establece que para la aprobación del Presupuesto del Concejo, del Municipio y las Tributarias e Impositivas, se requiere el voto favorable del dos tercio (8) de los integrantes del cuerpo (11). Por las dudas citamos que la Carta Orgánica, que habilita al Reglamento a estipular mayor acompañamiento, estipula como piso para este tipo de ordenanzas, una mayoría absoluta (7) pero en un tratamiento en “doble lectura” (1. Sesión que aprueba, 2. Audiencia Pública y difusión, para dentro de los 30 días, 3. Nueva Sesión y nueva aprobación). Ambos procedimientos que no están presentes en la actualidad que analizamos y debatimos.

Una más clara ilegalidad es difícil de lograr: por ello es que hablamos de las formas como prioridad, son requisitos que otorgan mayor garantía a la ciudadanía, para que las normas que surjan tengan algunos resguardos y que su publicidad permita advertir abusos de autoridad e ilegalidades. No podemos, solamente por los recursos que están en discusión, oponernos a lo realizado, a un procedimiento diseñado y pensado para ocultar, engañar a propios y extraños, mal informar e incluso tener en la mano una norma sin texto definitivo, que permita manejar la situación”, enumeró Bolatti.

Por último, el concejal pidió disculpas por “no haber advertido tal mala intención”.

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“Capitanich no tiene reacción en materia de salud pública”

El diputado Alejandro Aradas recorrió hospitales del Chaco y apuntó contra el Gobierno actual.

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Este lunes y luego de realizar una recorrida por los hospitales del Chaco, el diputado Alejandro Aradas sostuvo que la situación de salud pública es “gravísima y que en el interior se agrava aún más”.

“Los hospitales no cuentan profesionales suficientes para atender a la gran cantidad de pacientes que concurren, un médico para 40 o 50 pacientes que termina atendiendo a no más de 20 y el resto de vuelta a su casa sin atención”, sentenció Aradas.

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de Jorge Capitanich y dijo que “miran al costado” o que “no sabe que hacer”, con la situación de los hospitales.

“No tiene reacción en materia de salud, invierten en otras cosas y no atiende la grave crisis de salud pública”.

“No tiene reacción en materia de salud, invierte en otras cosas y no atiende la grave crisis de salud pública”. 

En esa línea, subrayó que desde el Perrando al Hospital de Castelli, “la gente está tirada en los pasillos sin atención”, a lo que sumó “no tienen reacción en materia de salud, invierten en otras cosas y no atienden la grave crisis de salud pública”.

Asimismo, el legislador agregó que “hay retraso de turnos para radioterapia para pacientes oncológicos más de tres meses sin tratamiento, y esos casos no son un resfriado”.

“No entiendo porque el Gobierno no actúa y destina los fondos necesarios para comenzar a recuperar el sistema sanitario. Prefiere financiar que una librería participe en un foro en Cuba que invertir en salud pública”, finalizó diciendo.

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El Congreso presiona con una ley para que el 20% de las retenciones se gire a las provincias

La presentó la diputada Beatriz Ávila, del interbloque de Ramón, pero tuvo firmas de Cambiemos y el oficialismo. Solicitan que el dinero se restrinja a infraestructura. Hasta 2018 la soja derivaba el 30%, pero Macri lo eliminó.

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Diputados de la mayoría de los bloques presentaron un proyecto de ley para coparticipar las retenciones a las exportaciones como se hiciera hasta 2018 con el fondo sojero, que giraba a las provincias el 30% de los derechos aduaneros de ese cereal.

Mauricio Macri la eliminó en agosto de ese año por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), como parte del programa de recortes fiscales comprometido con el Fondo Monetario Internacional.

El DNU fue rechazado por la oposición en comisión, pero no lo eliminaron el recinto y a cambio algunos gobernadores negociaron un nuevo paquete de obras públicas.

La diputada del Partido de la Justicia Social de Tucumán Beatriz Ávila, que integra el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por el excéntrico mendocino José Luis Ramón y clave para aprobar las leyes de Alberto Fernández, presentó un proyecto que propone girar a las provincias el 20% de las retenciones de la soja, pero también de “maíz, carne vacuna y toda otra mercadería alcanzada” incluida en la última ley de emergencia económica. Sólo podrían gastarla en infraestructura. 

Cambiemos sacó dictamen para eliminar el Fondo Sojero y enturbió el debate por el presupuesto

De llegar a un debate en comisiones, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no tardará en calcular su impacto fiscal, aunque bien podría compararlo con las planillas de obras públicas que se anexan al presupuesto y entran en el rubro de gastos de capital y no siempre son finalizadas.

El proyecto fue firmado por los miembros del bloque de Ávila, pero también por Carlos Selva del Frente de Todos, Gabriel Frizza, del PRO y el riojano Felipe Ávlarez, aliado de Juntos por el Cambio. “Estamos hablando con los que fueron intendentes para que acompañen y pueda tratarse en marzo”, confirmó Ávila a LPO.

Máximo Kirchner, jefe del bloque Todos, fue uno de los mayores detractores de la eliminación del fondo sojero, creado en 2009 después de la pelea de Cristina con el campo y aprovechado por los intendentes para hacer obra pública.

El proyecto lo presentó una diputada del bloque de Ramón, pero lo firmaron dos de Cambiemos y un oficialista. Las provincias perderían su parte si alguna vez la gastaran en gastos corrientes. 

Es que se distribuía mediante los porcentajes de coparticipación que le corresponden a cada provincia y luego cada una de ellas hacía lo propio con sus municipios.

La actual vicegobernadora Verónica Magario, por entonces intendente de La Matanza fue a la bicameral de decretos a reclamar por la merma que significaba para su distrito la caída del fondo sojero.

“Hay que entender que este fondo fue un éxito para los municipios, con obras que mejoraron la calidad de vida en el norte del país: hospitales, escuelas y parques”, explicó a LPO Ávila, que hasta diciembre integró el bloque Cambiemos.

Su proyecto establece que al menos el 50% del fondo debe ser girado a los municipios, sea cual sea el sistema de coparticipación de las provincias, y que en ningún caso podrá tener otro destino que la infraestructura.

“Para evitarlo, proponemos un sistema de control y de sanción si algún intendente o gobernador usa el dinero para gastos corrientes”, aclaró Ávila. De ocurrir, según el proyecto, el Banco Nación frenaría los envíos y los intendentes se privarán de las obras públicas por esa maniobra. 

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