El fiscal general de la provincia de Buenos Aires, Roberto Miguel Rubio, reabrió la investigación por la denuncia de Lácteos Vidal contra la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), con la acusación de haber bloqueado durante 2 meses la planta de Moctezuma (partido de Carlos Casares).
De esta manera, se le ordenó al fiscal Fabio Arcomano que retome la investigación por “compulsión a la huelga”, más allá de que no estén comprobados hechos de violencia física.
El año pasado, la firma láctea y el sindicato mantuvieron un extenso conflicto. Según la propietaria de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, varios de sus empleados habían sido amenazados para sumarse a la protesta, y realizó una denuncia puntual por daños y amenazas contra el sindicalista Gastón Emilio Moreno.
Sin embargo, el fiscal Arcomano, del Juzgado de Garantías N°3 de Trenque Lauquen, había desestimado esa denuncia.
“Según surge de los términos, no existe despojo respecto del inmueble objeto de la contienda, sino que se presenta como una ocupación temporaria de un terreno baldío en el marco de una huelga gremial”, destacó la resolución judicial, firmada con fecha del miércoles 22 de febrero, que fue difundida por el gremio.
Pero ahora, la Justicia bonaerense decide revocar el archivo e instruyó a Arcomano para que retome la causa.
La abogada de la empresa, Florencia Arietto, aseguró que no se había investigado lo suficiente y había adelantado que le pediría a Arcomano que la revea con pruebas por producirse. Según detalló, existen 2 causas. Una por la coacción de 5 trabajadores de la empresa, que afirmaron ante la policía haber sido amenazados por el sindicato para no ingresar a la fábrica, y la otra por la pérdida de producción sufrida por la firma a partir de la acción sindical.
“La decisión de la Justicia de revocar el archivo es muy importante, porque hace un análisis de lo que es la compulsión a la huelga, es decir cuando se obliga a los trabajadores a sumarse a una huelga que no quieren hacer. Ese es el delito que el fiscal general sugiere que está probado, con lo que modifica una jurisprudencia de muchos años en la que solo se probaba ese delito de compulsión a la huelga si había violencia física”, explicó ahora Arietto.
Los detalles de la causa: insultos y la discusión sobre amenazas
Al archivar la causa, Arcomano dijo que la denuncia estaba fundamentada en los testimonios de Mariana Heim y Juan Lisandro Paye, quienes señalaron no haber sido objeto de amenazas ni tampoco haberlas presenciado, pero indicaron como posibles víctimas de las mismas a Darian Iván Corvalán, Luis Alberto González, Fabio David Quiroga, Javier Logioco, Norma Karina Brum, Carlos Alberto Morales, Marcelo Sergio Garnero, Marcelo Andres Palmieri, Brian Nahuel Anidos, Matías Garnero, Javier Demassi y Bernabe Vitale, quienes les habrían manifestado a Paye, vía telefónica, que no les permitirían ingresar al lugar de trabajo.
“Al ser citados a declarar, las supuestas víctimas Corvalán, González y Quiroga expresaron haberse adherido a la medida gremial voluntariamente, mientras que Logioco mencionó no haber recibido amenazas y que se le permitía ingresar a trabajar libremente. Javier Demassi y Bernabé Vitale suscribieron el acta de asamblea de trabajadores de fecha 18 de julio de 2022″, explicó Arcomano, en su resolución, sobre el motivo por el cual archivaba la denuncia.
No obstante, en la resolución se indicó que Brum, Morales, Garnero, Palmieri y Anidos, quienes efectivamente ingresaron a trabajar en la misma jornada que se inició la huelga y continuaron haciéndolo en los días subsiguientes, manifestaron haber sido objeto de insultos y otras expresiones, que “a juicio del suscripto no constituyen amenazas por no contener en sí mismas la expresión del propósito de ocasionarles un daño futuro a ellos o a sus familiares”.
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Al respecto, Arietto afirmó que durante el conflicto con Atilra, trabajadores de la empresa láctea fueron corridos, que a uno le tajearon las cubiertas del auto y que a otro le apedrearon el frente de la casa. “Tenemos un montón de prueba por producir”, dijo.
Luego, la jurista hizo alusión a otra medida de la Justicia que la empresa piensa apelar, que es la cautelar de no innovar ante el anuncio de despidos, pedida por el sindicato y firmada por el juez Álvaro Balestrini.
“Esto trasciende a Lácteos Vidal, atenta contra la industria láctea, es grave en términos de generación de empleo. Cuando imponen una cautelar así, la empresa no puede tomar decisiones, te impiden que hagas algo que todavía no hiciste. Vamos a ir a La Corte porque es un fallo anticonstitucional”, advirtió la abogada.
