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Dos muertos y más de 2500 evacuados tras el ingreso del ciclón Sarai en Fiyi

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El ciclón Sarai se alejaba este domingo de las costas del archipiélago de Fiyi donde dejó un saldo de dos muertos y más de 2.500 personas evacuadas en refugios de emergencia.

Un estudiante de 18 años se ahogó en la isla de Kadavu, indicó la directora de la Oficina Nacional de Desastres, Vasiti Soko.”El joven fue arrastrado por fuertes corrientes provocadas por el ciclón cuando estaba nadando con amigos”, aseguró Soko.

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La confianza de los chilenos en sus instituciones se desploma tres meses después del estallido social

Producto el estallido social, la economía chilena solo crecería en torno al 1% en 2019

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Tres meses después del estallido social del 18 de octubre en Chile, que ha conjugado la masiva protesta pacífica con inéditos niveles de violencia, el rechazo al mundo político ha batido récord y arrasa con todos los sectores. La desconfianza hacia las instituciones ha aumentado drásticamente, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), recientemente difundida. Apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición de izquierda.

La popularidad del presidente Sebastián Piñera ha caído a niveles históricos en democracia: apenas un 6% aprueba la forma en que está conduciendo su Administración. La radiografía de este país que cambió representa un gran desafío para las autoridades, porque serán los propios dirigentes políticos y las instituciones quienes deberán conducir un complejo proceso para salir de la crisis, que contempla un plebiscito sobre una nueva Constitución en abril próximo.

 “La ciudadanía cree que todo se ha hecho bastante mal”, indica Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago. Sobre la baja popularidad del presidente Piñera, indica: “Es difícil saber si la gente estima que lo ha hecho mal porque no ha podido controlar el orden público o porque lo han intentado controlar con mucha violencia. Hay quienes sacan cuentan alegres diciendo que su respaldo está en el 6% por la represión, pero todavía no podemos hacer esa afirmación”, indica la experta en seguridad.

Para Dammert, sin embargo, lo que es posible concluir de acuerdo a los estudios de opinión que se han difundido en las últimas semanas –incluido el del CEP–, “es que la gente tiene la impresión de que Carabineros no ha dado el ancho para el problema”. Y profundiza: “La sensación que queda después de estos tres meses es que Carabineros, si no tiene gases lacrimógenos, agua con químicos o balines, no tiene un plan alternativo, lo que ratifica la necesidad de una profunda reforma en el sistema de seguridad”.

Los hechos de violencia han disminuido en el transcurso de estos tres meses. De acuerdo a cifras oficiales, los eventos que se consideran graves han bajado considerablemente y si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios –como ocurrió el 20 de octubre–, en enero solo ha habido un día en que llegaron a 10 a nivel nacional (el pasado 10 de enero). No hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 22.747 personas han sido arrestadas, 1.096 de ellas solo en 2020. Del total, se han dictado 1.615 prisiones preventivas. Tampoco hay día que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 3.821 a nivel nacional desde el 18 de octubre, 326 solo en este año que arranca. En estos tres meses se han producido cerca de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. En el municipio de Renca, una zona popular del norponiente de Santiago, una misma dependencia policial ha sido atacada 20 veces. Mientras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha contabilizado 3.649 civiles heridos –405 en los ojos– y ha presentado 1.080 acciones judiciales ante los tribunales, cinco por homicidio.

El desorden público, sin embargo, no llega a los niveles de octubre y noviembre. Para Dammert, uno de los factores que ha influido en la disminución de la protesta “es el ánimo económico que está golpeando a la gente”. “Una va a la notaría y está lleno de trabajadores firmando finiquitos por despidos y el aumento del comercio ambulante deja a países como Perú como paraísos legales en comparación a lo que sucede hoy en Chile”, opina la académica.

Las turbulencias políticas y sociales han ensombrecido la economía chilena. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, explica que el efecto del estallido “ha sido significativo en el ámbito de la economía real”. Lo ejemplifica: “Antes del 18 de octubre se esperaba que la economía creciera el cuarto trimestre en torno al 3% y, sin embargo, finalmente en este período el crecimiento estará entre -2% y -2,5%, es decir, tendrá una caída muy importante”. El economista indica que para 2019, se esperaba que Chile creciera en torno al 2,5%, pero luego del estallido, “el crecimiento esperado es en torno al 1% o algo por arriba del 1%, es decir, los últimos dos meses y medio del año significaron una caída del crecimiento total del año de cerca de un punto y medio”. Vergara informa que todos los componentes están cayendo, pero particularmente se ha resentido la inversión. Y entre los sectores más afectado, enumera: el comercio, turismo y los servicios.

El expresidente del Banco Central indica que, con menor crecimiento y mayores demandas sociales –muchas de las cuales han sido acogidas­–, Chile tendrá mayor déficit fiscal en 2020. “Ya se aprobó una reforma tributaria para financiar parte de eso y probablemente sean necesarios nuevos esfuerzos en materia tributaria para financiar los mayores gastos permanentes y reducir el mayor déficit fiscal”.

Pero el economista apunta a otro aspecto: los afectos del estallido en los activos financieros de Chile han sido bastante más moderados que lo esperado. “Es cierto que tuvimos una depreciación del tipo de cambio en torno al 7%, pero no fue descontrolada. Las tasas de interés, por otra parte, se han mantenido en niveles similares que antes de la crisis”. Vergara agrega que el riesgo país ha crecido relativamente poco “dada la revuelta social que se ha producido”: hoy está menos de 15 puntos base por sobre lo que estaba antes del 18 de octubre (estaba en 31 y actualmente está en torno a 45). “Seguimos siendo el país con mejor acceso a los mercados internacionales en América Latina”, indica el economista. “La visión desde el exterior que se tiene de Chile se ha mantenido relativamente positiva, pero obviamente va a depender de lo que sucede hasta adelante”.

Vergara se refiere a la evolución de la protesta y, sobre todo, de la violencia. Las autoridades tendrán una prueba de fuego el 27 y 28 de enero próximo, la fecha acordada por las universidades para repetir el examen de selección a los estudiantes que no pudieron rendir la prueba debido al sabotaje de agrupaciones de secundarios a comienzos del año. Enero y febrero, por otra parte, son los meses de vacaciones de verano en Chile, pero marzo podría activarse la movilización: comienza el año académico para escolares y universitarios, se conmemora el Día Internacional de la Mujer –que este 2020 promete ser especialmente activo–, y el Gobierno llega a la mitad de su mandato, el día 11. En marzo, a su vez, comenzarán legalmente las respectivas campañas con miras al plebiscito del 26 de abril, donde los ciudadanos decidirán si aprueban o no cambiar la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y, de ser así, la forma en que se conformará la convención encargada de redactar la nueva Carta Fundamental.

Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas funas –manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales–, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta CEP. En estos tres meses, incluso en el Parlamento se han producido escenas que reflejan la intolerancia y la polarización de la sociedad chilena.

UN 67% DE ACUERDO CON UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

R.M.

La mayoría de los chilenos (un 67%) aprueba la idea de cambiar la Constitución vigente de 1980, de acuerdo a la encuesta del CEP. “El proceso constituyente está en marcha y no va a parar. El acuerdo político para abrir el debate constitucional descomprimió y atenuó el malestar social”, indica Tomás Jordán, el abogado que coordinó el proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). El 27 de diciembre el presidente Piñera firmó el decreto supremo que convoca a un plebiscito del 26 de abril, cuando le ciudadanía, junto con pronunciarse sobre la idea de aprobar o rechazar una nueva Carta Fundamental, decida sobre el mecanismo para cambiarla. Las opciones son dos: si una convención constitucional formada por un 100% de ciudadanos elegidos –como una asamblea constituyente– o una convención constitucional mixta, integrada en partes iguales por ciudadanos elegidos y parlamentarios. De acuerdo al sondeo del CEP, un 44% de los encuestados optaría por la primera opción y un 37% por la segunda. Para Jordán, ambas posturas “han tendido al empate, pero las dos son 100% legítimas”.

De ganar la opción de quienes aprueban una nueva Constitución, en octubre se elegirán a los integrantes de la convención. “En el plebiscito de abril y en todo 2020 en Chile se comenzarán a visualizar los tipos de Constitución que están en juego y la disputa política estará enfocada en los derechos fundamentales y sus garantías”, señala el abogado.

De acuerdo a la encuesta CEP, aunque un 55% de los ciudadanos apoya las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre pasado, un 78% indica que los políticos deberían priorizar los acuerdos por sobre sus propias posiciones para dar salida a la crisis. El 64%, en tanto, valora la democracia ante cualquier otra forma de gobierno, una posición que aumentó un 12% respecto de la medición pasada del mismo sondeo. De acuerdo al estudio, las razones más importantes que explican la manifestación pacífica son: la alta desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el alto costo de la vida y la mala calidad de la educación y la salud públicas.

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Y el tercer año, llegó el ‘impeachment’

El juicio político que afronta Donald Trump es el último sobresalto de una turbulenta presidencia que se ha convertido en fuente de inestabilidad mundial

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“Hemos defendido las fronteras de otras naciones mientras rechazábamos defender las nuestras, y hemos gastado miles de millones de dólares en otros países mientras la infraestructura americana se deterioraba. Hemos hecho ricos a otros países mientras la riqueza, la fuerza y la confianza en nuestro país desaparecían del horizonte”. El 20 de enero de 2017 el presidente Donald Trump tomó posesión de su cargo con un discurso similar al que había ganado las elecciones, pintando un retrato tenebroso del país más poderoso del mundo —“Esta carnicería americana se detiene aquí y ahora”, dijo al referirse a la desindustrialización y a la epidemia de drogas— y avanzando el giro nacionalista que vendría.

“A partir de este momento, América será primero. Cada decisión que tomemos en comercio, impuestos, inmigración, asuntos exteriores… se tomará en beneficio de los trabajadores americanos y de las familias americanas”.

Las palabras escritas en el del bloc de notas de los periodistas que cubrieron la toma de posesión quedaron emborronadas por las gotas de agua que empezaron a caer justo cuando el nuevo presidente tomó la palabra. La prensa comparó ese día con las ceremonias de posesión de Barack Obama, mucho más concurridas. Por la noche, en el tradicional baile, Trump comentó exultante: “La muchedumbre ha sido increíble hoy. Ni siquiera hubo lluvia. Cuando terminamos el discurso, nos fuimos dentro, y entonces cayó”.

Y así, con un debate tan prosaico como el tiempo atmosférico, o el éxito de público, quedó inaugurada la era de los “hechos alternativos”, como los bautizó una asesora de Trump, Kellyanne Conway. También comenzó una conexión enfermiza con los medios de comunicación —los desprecia e insulta, pero ama aparecer en ellos y hace declaraciones de forma compulsiva— y un nuevo modelo de relación con el resto mundo que dejará secuelas muchos años después este Gobierno, gane o no la reelección el republicano el próximo mes de noviembre.

La presidencia de Trump, el empresario y showman que dio la campanada al vencer en las elecciones de 2016, llega este lunes a su tercer aniversario marcado por el impeachment, el juicio político en el Senado para casos de delitos graves y que se ha llevado a cabo otras dos veces en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, una extraña sensación de rutina envuelve este episodio, quizá porque la absolución del mandatario se da por descontada, dada la mayoría republicana que lo arropa en la Cámara alta; o, tal vez, porque llega después de tres años a bordo de un toro mecánico.

“Es la culminación de una de las presidencias más erráticas de la era moderna, pero el impeachment es la forma más severa de control político y constitucional que se pueda invocar. La historia guardará este proceso como una de las principales cosas que mencionar para comprender esta Administración”, apunta Michael Bitzer, profesor de Políticas e Historia del Catawba College, en Carolina del Norte.

Este Gobierno supone un reto para historiadores y analistas, a los que les cuesta encontrar paralelismos en el pasado o trazar hilos argumentales. Para el resto del mundo, es un foco de inestabilidad.

El lunes 23 de enero de 2017, Trump tomó su primera decisión como presidente, y retiró a Estados Unidos del tratado de comercio del Pacífico (TPP) que había firmado Barack Obama con otros 11 países. A los pocos meses hizo lo propio con el Acuerdo del Clima de París y, al año siguiente, para desespero de las grandes potencias, también rompió el pacto nuclear con Irán. Hace apenas unas semanas ordenó el asesinato al general iraní Qasem Soleiman, escalando la tensión con el Oriente Próximo. Se ha convertido en el primer mandatario estadounidense en pisar Corea del Norte, es pura simpatía hacia Vladímir Putin, ha empezado una guerra comercial con China —ahora en tregua— y ha ejecutado el polémico traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

A socios tradicionales como Canadá o Europa les ha dado trato de enemigos, con insultos públicos, y a los aliados en guerras como la de Siria los ha dejado en vilo anunciado retiradas de tropas sin consenso. A los gobiernos vecinos del sur, al de México y de los países de Centroamérica, les ha doblado el brazo en materia migratoria bajo amenaza de ofensiva arancelaria.

Para Amanda Sloat, investigadora del Instituto Brookings con una década de experiencia en el Departamento de Estado, las consecuencias serán duraderas. “Trump ha desdeñado la importancia de los aliados a la hora de afrontar los retos globales, ha llamado enemigo a la Unión Europea y cuestionado el compromiso de EE UU con la OTAN. Estas acciones han sido corrosivas para la confianza de la relación trasatlántica. Incluso aunque haya un nuevo presidente, los europeos se preguntarán si América les va a abandonar algún día”, afirma.

En Estados Unidos, Trump acaba de apuntarse un par de importantes victorias políticas: el nuevo acuerdo comercial norteamericano y el pacto con China. Pero también ha aprendido que gobernar no es tuitear, que reemplazar la reforma sanitaria de Obama requiere consenso sobre la alternativa, o que construir el polémico muro en México necesita la complicidad del Congreso, aunque busque atajos como la declaración de emergencia nacional usando fondos del Pentágono. A golpe de orden ejecutiva —algo similar a un decreto ley en España— sí impulsó, como había advertido, el veto migratorio con un grupo de países de mayoría musulmana y ha restringido las condiciones para la inmigración legal.

Pero, probablemente, lo más irreversible y duradero, lo que difícilmente un nuevo Gobierno podrá borrar, es la ruptura de las normas no escritas de la presidencia de Estados Unidos. Trump ha normalizado el insulto desde la más alta institución, mostrado las tripas de discusiones que antes eran secretos y convertido los mensajes en Twitter, escritos en mayúsculas y con admiraciones, en su vía de preferente de comunicación, ya sea para amenazar con una guerra termonuclear o para comunicar a su secretario de Estado que lo despide.

Julian Zelizer, profesor de la universidad de Princeton que acaba de publicar Fault Lines: A History of the United States Since 1974, ve única la forma que tiene de comunicarse “de forma instantánea, sin filtro, y con un lenguaje crudo” y que el listón de la retórica presidencial ha bajado ya para siempre.

Este giro de lo que quiere ser Estados Unidos en el mundo se ha ido ejecutando en medio de los escándalos. El de la trama rusa estalló antes incluso de la toma de posesión. La investigación del fiscal especial Robert S. Mueller no halló pruebas de su connivencia con el Kremlin, pero destapó sus intentos por torpedear las pesquisas y sentó las bases para acusarle de obstrucción. También es sospechoso de un delito de financiación ilegal de campaña por los pagos a una actriz de cine pornográfico para silenciar, a pocas semanas de las elecciones de 2016, su supuesto idilio, y está investigado por aceptar dinero de Gobiernos extranjeros a través de su imperio hotelero.

Pero ha sido un caso reciente de maniobras sobre el Gobierno de Ucrania para forzar una investigación sobre su rival político Joe Biden, precandidato para 2020, lo que lo enfrenta a un tribunal político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Los victoria demócrata en la Cámara de Representantes en las legislativas de 2018 se ha convertido en el gran punto de inflexión de la era Trump, lo que ha hecho posible la apertura de este proceso.

No está claro el efecto que el impeachment va a tener en las urnas el próximo mes de noviembre, ni desde el punto de vista del daño a la credibilidad entre sus votantes ni en el supuesto de un efecto bumerán, que espolee a sus bases para salir corriendo a defender al mandatario con su voto en noviembre. Es tan frenético el ciclo de noticias en Washington que no se sabe cuánto se hablará de este juicio en verano, si realmente quedará en la mente de los estadounidenses que deben elegir presidente. La economía marcha bien y la popularidad de Trump se encuentra en el 45%, según los datos más recientes de Gallup, una tasa que, aunque parezca baja, se sitúa en los picos de su mandato.

Es difícil sacar conclusiones al respecto, siendo tan pocos los precedentes de impeachment en la historia (el de Andrew Johnson en 1868 y el de Bill Clinton en 1999), pero el nivel de partidismo, de enfrentamiento tribal, es superior ahora que 20 años atrás, tal y como revelan las votaciones de todas las fases previas de este juicio, en la que los legisladores se han pronunciado en la línea del partido casi al milímetro, con pocos ejerciendo de verso suelto. La sociedad, además, se ha vuelto más cínica. Si hubiese que citar un punto de inflexión, se podría pensar en el caso Watergate, que llevó a la dimisión de Richard Nixon antes del juicio político. Antes de ese episodio, más de la mitad de los estadounidenses respondía en las encuestas que confiaban en que los presidentes hacían “lo correcto”. Los porcentajes nunca se han recuperado.

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Horror en Panamá: torturaron, quemaron y machetearon hasta la muerte a una mujer embarazada y a sus cinco hijos en un rito exorcista

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Una mujer embarazada, cinco de sus hijos y una joven de 17 años fueron asesinados brutalmente en Panamá en una conjura de horror durante un rito exorcista. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una fosa común. La mujer embarazada tenía 32 años, mientras que los niños tenían entre uno y 11 años.

El pozo se descubrió después de que tres aldeanos del lugar de la matanza escaparon y heridos llegaron a un hospital. En ese momento, alertaron a las autoridades diciendo que varias familias estaban cautivas, en manos de una secta indígena.

Tras esa advertencia, actuó la policía y liberó a 14 personas que habían sido atadas y golpeadas con palos. Diez personas fueron arrestadas bajo sospecha de asesinato.

La policía arrestó a miembros de la Nueva Luz de Dios (EFE)
La policía arrestó a miembros de la Nueva Luz de Dios (EFE)

Tanto los sospechosos como las víctimas son parte de la comunidad indígena de Ngabe Buglé, ubicada a unos 250 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. Según las autoridades, los diez predicadores arrestados torturaron, quemaron y machetearon a sus víctimas para que se arrepintieran de sus pecados. La secta, poco conocida, ha sido identificada como La Nueva Luz de Dios.

“Realizaron un ritual dentro de una iglesia improvisada”, explicó el fiscal local Rafael Baloyes. “Y durante el rito hubo personas detenidas contra su voluntad y maltratadas. Todos estos ritos tenían la intención de matar a aquellos que no se habían arrepentido de sus pecados”, acotó.

Uno de los sospechosos de la masacre de la familia es el abuelo de los pequeños. Según las primeras reconstrucciones, parece que la secta había estado operando en la comunidad durante unos tres meses, pero la situación empeoró la semana pasada cuando uno de los miembros dijo que “Dios le había enviado un mensaje”.

Ngabe Buglé es el grupo indígena más grande de Panamá, pero se ve afectado por una alta tasa de pobreza y analfabetismo, por lo tanto, es terreno fértil para ciertos tipos de sectas. La comunidad también está ubicada en un área remota y fue necesario usar helicópteros para llegar a ella.

Ngäbe-Buglé, la empobrecida comarca de Panamá aterrorizada por una secta

Selva tropical, descampados verdes, ríos, costas azules caribeñas y chozas de madera y paja donde viven indígenas en absoluta pobreza. Esa es una postal de la comarca Ngäbe-Buglé, el escenario de la masacre de siete nativos, la mayoría niños, a manos de una secta autóctona guiada por un “mesías”.

Situada en el norte de Panamá, esta comarca, una de las cinco que tiene el país centroamericano, fue creada en 1997. Su máxima autoridad es la cacica Silvia Carrera. También cuenta con una gobernación a cargo del Ejecutivo Nacional.

Rescatan a algunas víctimas de la secta (EFE)
Rescatan a algunas víctimas de la secta (EFE)

La comarca tiene una extensión de 6.968 kilómetros cuadrados y es la más poblada de las demarcaciones indígenas panameñas, con unos 213.000 habitantes según cálculos de 2018.

Abarca territorios, que son de propiedad colectiva, de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, y en ella vive indígenas de las etnias ngäbe y buglé, de allí su nombre. Su capital es Llano Tugrí.

Al igual que las otras etnias principales de Panamá – emberá, wounaan, guna, naso y bri-bri, los ngäbe y los buglé vive en condiciones de pobreza en la comarca, donde los accesos son difíciles por la topografía y falta de infraestructura, y desarrollan formas de agricultura de subsistencia, pesca y caza.

Las familias son numerosas. Las mujeres, que visten coloridos vestidos largos tradicionales, se encargan de la crianza de los pequeños.

Alto Terrón es una aldea localizada en una zona remota de la comarca y el escenario de la matanza, que habría ocurrido el lunes pasado.

“Es un área inhóspita en medio de una montaña” y cercana a un río, como la describió el jueves el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, al expresar su “total tristeza” por una situación casi imposible de creer, según expresó.

La Nueva Luz de Dios opera en al comarca indígenas Ngabe Bugle, en Panamá (EFE)
La Nueva Luz de Dios opera en al comarca indígenas Ngabe Bugle, en Panamá (EFE)

Las fuerzas especiales de la Policía Nacional y los fiscales del Ministerio Público comenzaron a preparar el operativo de seguridad el domingo pasado, tras recibir denuncias de que había personas secuestradas y desaparecidas en el Alto Terrón, y llegaron el martes, dado lo difícil del acceso al lugar.

“Al llegar nuestros agentes se encuentran con una comunidad atemorizada, que estaba pidiendo auxilio”, agregó en una rueda de prensa el director encargado de la Policía Nacional, Alexis Muñoz.

“No encontramos un precedente parecido” en la historia de Panamá, dijo este viernes el fiscal general del país, Eduardo Ulloa, al sostener que hoy 9 personas serán presentadas ante un juez en la provincia de Bocas del Toro para ser imputadas por los crímenes.

El fiscal Baloyes por su parte ha dicho que no hay evidencias de que exista otra fosa con restos ni tampoco informes de que personas que se identifiquen como miembros de la supuesta secta “La Nueva Luz de Dios” estén en otros lugares de la comarca.

El presidente de la Conapip, Marcelo Guerra, dijo a Efe que uno de los problemas de la comarca Ngäbe Buglé “es la poca rigurosidad que hay a la hora de velar por la seguridad del pueblo cuando llegan todo tipo de grupos religiosos y ong”.

A estas agrupaciones “nadie las investiga”, y de su llegada o conformación no está al tanto “la autoridad competente, en este caso el corregidor, el cacique o el gobernador”, entre otros.

De esta secta “nadie (de las autoridades regionales) sabía, y eso que tenían un tiempo” en el sitio, alrededor de tres meses, según los lugareños, dijo Guerra.

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