La base de la revuelta en Rosario estuvo conformada por efectivos menores de 30 años, formados en una idea del derecho a reivindicaciones personales.
Las revueltas policiales en Rosario han dejado huella. En 2005 mataron en un supermercado al agente Diego Navarro al que se le trabó el arma durante un asalto cuando custodiaba un supermercado. Esa vez el apagón del servicio fue absoluto y debieron salir fuerzas federales a patrullar. En 2013, durante una protesta, un ex policía lanzó una intimidación telefónica al gobernador Bonfatti por la que terminó con una condena condicional.
Hubo más protestas como la que se aplacó hace dos días después de una semana de tensiones muy fuertes. Pero en esta última existe una particularidad que se sale de lo común. Y es que los reclamos, centralmente por mejoras salariales, esta vez fueron lanzadas por centenares de uniformados que no se preocuparon por ocultarse por temor a sanciones.
Fue uno de los tres grandes rasgos de la protesta de la policía de Santa Fe que se prolongó hasta este miércoles. Los reclamos fueron explícitos, a cara limpia y a nivel masivo, de parte de una policía exaltada por el discurso del gobierno de Maximiliano Pullaro como el factor de la baja de los indicadores de la criminalidad y al mismo tiempo con salarios por debajo de la línea de pobreza, con el personal más joven y de menor jerarquía exigido y con ingresos mensuales de 700 mil pesos.
Este matiz fue muy expresivo y expresado, con efectivos contando a las cámaras de TV sus penurias por sueldos bajos y generando una muy fácil identificación con otras franjas laborales y sociales a las que la crisis económica, de consumo y de ingresos les pega en el cuerpo.
Tras un conflicto histórico, Pullaro anunció importantes subas salariales y la policía levantó la protesta
Un segundo rasgo relacionado con éste revela una transformación de índole sociológica que marcan los oficiales medios y de más antigüedad. Y es que la base de la protesta la formaron hombres y mujeres menores de 30 años, que -aunque desapegados de modos de acción colectiva- están formados en una idea del derecho a reivindicaciones personales, lo que barre también con el fuerte distintivo del principio de obediencia irrestricta de instituciones de organización vertical. “Los más jóvenes hoy discuten lo que les parece mal y plantean sus derechos, algo que a nosotros no se nos ocurría”, dijo a LPO un comisario con 22 años de carrera.
Un tercer perfil de la protesta es que se dio un año después de que fueran detenidos en Rosario más de 30 policías por un descomunal fraude con combustible para las patrullas.
Lo que admiten ahora en el gobierno es que se descabezó de hecho toda la estructura de mandos intermedios que tienen justamente las labores en la calle. Un fraude por entonces de 50 millones de pesos por mes organizado por el jefe de Rosario con todas las secciones de la Agrupación Cuerpos, que maneja todo el patrullaje, que abarcaba a Comando Radioeléctrico, Motorizada, encargados de las tarjetas Visa Flota y de garaje.
Esa purga a la fuerza produjo una renovación forzada pero también dejó broncas porque tocó una caja histórica y consolidada en la fuerza de Rosario.
Pero fue la incontrastable precariedad económica el motor de la protesta. Allí estuvo su fundamento más evidente y también generador de comprensión en la población que siguió la protesta.
“Soy personal policial activo, con 11 años de servicio, mi salario es de 900 mil pesos, hago horas extras, no tengo buen descanso, mi obra social es paupérrima. Traté de arreglar teléfonos celulares como trabajo extra pero no me da el tiempo. Soy consciente de las consecuencias, pero estoy acá por la lucha de todos y un salario digno”, le dijo en directo el miércoles un efectivo a un cronista de América.
Testimonios así arreciaban, la cadena de mandos estaba rota, el jefe de policía provincial Luis Maldonado fue insultado al acercarse a Jefatura, en una acción donde el intendente Pablo Javkin reconoció entre los que insultaban a un retirado que en 2021 durante una marcha en el Monumento a la Bandera lo habían atacado a él y al ex gobernador Omar Perotti tras el asesinato del joven arquitecto Joaquín Pérez.
Los que medran en estas manifestaciones esta vez quedaron lejos de enturbiar un reclamo masificado y, fundamental, muy sencillo de comprender y compartir. Pullaro se dio cuenta rápido de que la protesta era empujada por el sector más joven de la policía, quienes más trabajo en la calle tienen y peor remunerados están.
Además, con un problema social serio porque la inmensa mayoría que componen las últimas tres promociones policiales que se formaron en pandemia (y en la virtualidad) provienen del norte de la provincia a trabajar a Rosario. Al mal salario se le adicionan los problemas de traslado, del exiguo descanso por la exigencia de cubrir largas distancias y del alojamiento. A eso se suma un cambio en el régimen laboral para cubrir las necesidades de presencia en la vía pública que implicó más horas de trabajo, aunque según el gobierno siempre dentro del estatuto laboral policial, centralizado en el sector joven y de calle.
“Esto explotaba por el lado de la seguridad o del personal. Y explotó por el personal y tenía lógica. Veníamos trabajando por una recomposición que era debida pero el suicidio de Chimi precipitó una protesta que tenía motivos lógicos”, reconocen en el gobierno.
Chimi es Oscar Valdéz quien se convirtió en una especie de arquetipo de las personas en la protesta. Un policía de la ciudad de Vera (norte de Santa Fe), trabajando en Rosario, desafectado por carpeta médica y del escalón con ingreso más bajo. Hace dos semanas despojó del arma a una compañera de trabajo y se disparó en la Jefatura.
Para el gobierno también la cadena de mandos estaba resentida o rota por el relevo masivo de cuadros medios barridos por la causa del combustible. “Los pibes formados por esos policías con causas judiciales en un momento se quedaron sin líderes laborales”, dicen al lado de Pullaro. Ahora justamente esa veintena de jefes de calle presos tienen su audiencia de apelación el 24 de febrero ante el fiscal José Luis Caterina que los acusó.
Es el mismo fiscal que el jueves imputó a 11 de los 20 policías pasados a disponibilidad el lunes, cuando arreciaba la protesta, por pedido de la Jefatura de Policía a instancias del Ministerio de Seguridad. Al final, el gobierno para suavizar los efectos de una rebelión en ascenso prometió que habría reincorporación y devolución de arma y credencial a esos policías si volvían al servicio. Pero la denuncia ante otro poder, el Ministerio Público de la Acusación, ya estaba hecha. Por lo que Caterina y su colega Pablo Socca les atribuyeron incumplimiento de deberes de funcionario público.
Desde las defensas de esos policías explicaron a LPO que la continuidad de esa causa penal puede que permita volver al servicio, pero los mantiene con una causa administrativa que formalmente los priva de beneficios. Por lo que esto es una objetiva fuente de malestar para muchos policías que dicen, con el gobierno, que su protesta era de índole laboral como las que se diseminan por todo el país y que como dice el mismo gobierno, el servicio no se resintió.
También hubo críticas variadas en algunos sectores políticos y académicos respecto de lo que entienden como una fallida estrategia del gobierno de resolver emotivamente un conflicto de orden laboral con persecución penal. Lo que coloca al Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante la alarma de ser utilizado políticamente. Ahora el mismo gobierno está en un brete porque quiso retroceder con los que puso en disponibilidad. El primero que debe poner límites, dicen con este razonamiento, es el Ejecutivo que tiene como recurso la investigación y las sanciones administrativas. El camino penal es el último recurso que pone al gobierno en un brete porque la policía está muy atenta a qué pasa con este proceso.
“La verdad de lo que pasa no se terminó. Hay que ver qué cantan los recibos de sueldo el 1º de marzo”, le dijo a LPO un retirado joven que está en contacto con los activos y que trabajó toda su vida en Jefatura. El vocero de los policías durante la protesta, Gabriel Sarla, declaró que pese a levantar la protesta el 40 por ciento de los policías santafesinos queda fuera de los aumentos más importantes. Son los que no están en la calle. Estos incrementos al ser no remunerativos no impactan en las jubilaciones y no llegan al personal retirado.
Los aumentos anunciados por Pullaro hacen que ningún policía quede por debajo de la línea de pobreza y que según comentan los mismos policías en muchos casos sean subas de hasta el 50 por ciento. La anarquía en el reclamo, por la dispersión de los grupos y la diversidad de las demandas, provocó permanentes reflujos de bronca cada vez que hablaba un funcionario. Dos veces se anunciaron aumentos o baja de sanciones y dos veces la protesta se redobló. Hasta que Pullaro habló y tras sus palabras, donde hubo reconocimiento de la lógica del reclamo, los manifestantes volvieron al servicio.
Pullaro conoce a la mayoría de los mandos medios de la época que fue ministro de Seguridad cuatro años entre 2015 y 2019. Entiende que su palabra fue creída por muchos policías porque, dicen en el gobierno, diez horas antes de que él hablara los mismos mecanismos de aumento detallados habían sido referidos por el ministro de Economía Pablo Olivares sin que la rebeldía se desinflara.
Eso es una idea de que la policía volvió a la calle por el liderazgo de Pullaro. No pocos policías dijeron a este medio que lo que pasó es que se entendió allí que había una respuesta y un reconocimiento. Pero que habrá un control del cumplimiento, de la actualización de los ingresos y de la situación de los sancionados.
El mandatario santafesino respiró con el fin de la protesta tras una semana en que fue acechado no solo por los uniformados. El sábado tuvo en la provincia la visita de Javier Milei en San Lorenzo cuyo gobierno se encargó de plantar dos días de bullying en las redes por la decisión de no pasar a pesos los 800 millones de dólares que Santa Fe obtuvo en Wall Street para obra pública. Pullaro fue abucheado en el desfile militar por una tribuna, dicen en la provincia, manejada por los libertarios. Pese a su vínculo siempre ambiguo y cercano a la Casa Rosada -el miércoles los legisladores que le responden votaron la reforma laboral-el gobernador santafesino le pegó a Milei tres veces en el discurso donde anunciaba los aumentos.
“Estamos esperando que haya una reactivación económica en serio que hoy no existe. Y pese a que las arcas de la provincia están más flacas, entendemos que nuestro personal de fuerzas de seguridad merece por la dedicación que llevó adelante y por los resultados que tuvo en el plan de seguridad este incremento”, dijo el gobernador.
Pullaro subraya que la protesta no resintió el servicio policial. Es cierto que durante su transcurso no hubo hechos graves y la respuesta al 911 se mantuvo con una regularidad con una ligera demora. Pero también lo es que no es posible mantener el servicio con reemplazos de otros sectores por mucho tiempo.
“En el peor momento tuvimos cuatro veces más policías en la calle que lo que tenía Perotti. Para nosotros un 30 por ciento del personal operativo de la policía de Rosario fue la que llevó adelante el reclamo. En el turno tenés 600 policías en la calle y muchos no estaban de servicio, pero fueron reemplazados. La velocidad de respuesta al 911 que en promedio está en seis minutos en el momento más crítico pasó a ocho minutos. Con (Marcelo) Sain la respuesta estaba en 18 minutos. Con (Jorge) Lagna estaba en 20”, dicen en el gobierno en relación a dos ministros de Omar Perotti.
Perotti revalidó en su cargo al jefe de policía provincial Luis Maldonado que había sido quien el martes ordenó desalojar a familiares de los policías que junto a patrulleros bloqueaban la calle Ovidio Lagos donde está el acceso principal a la Jefatura de Rosario. Pero sí cambió al jefe de policía de Rosario al que reemplazó por Danilo Villán quien estuvo como jefe en 2020 del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y estaba retirado.
Hubo algo muy genuino y entendible en la protesta, les dice Pullaro a los miembros de su gabinete, pero también hubo una interna policial que fogoneó la anarquía dentro del reclamo, con la actuación “de tipos no validados policialmente para representar”, con “un grupo consistente operando con mentiras en redes”, en un contexto donde “los que estuvieron en la línea de fuego en los últimos años con mando medio están en cana”.
Se notó esa dispersión. Pero también la consistencia del reclamo y que no se puede desnaturalizar que lo que movió mayormente el reclamo fue salario y condiciones laborales. Lo que genera la pregunta, tal vez la oportunidad, de la pregunta sobre la posibilidad de abrir paso a la sindicalización policial.
Actualmente la política, con la falta de agremiación de una fuerza armada de trabajadores estatales, está en una encerrona rutinaria y sin salida. Que es que no se puede jamás descomprimir reclamos que surgen con lógica por reivindicaciones propias de temas de trabajo y de ingresos porque no hay interlocutores válidos surgidos de la representación propia de una importante rama laboral. A Pullaro no lo convence la vía de la sindicalización. El intendente de Rosario Pablo Javkin es más proclive con la idea de abrir esa vía. Lo que cree es que eso desactiva el problema no solo de encontrar interlocutores, sino de canalizar demandas que son propias de trabajadores. Lo que en un escenario de crisis se insinúa con reiteraciones más o menos rutinarias. Con permanentes amenazas de sanciones que le echan más fuego a los conflictos y cortes de servicio que son siempre un problema de seguridad pública.
Por Hernan Lascano
