El 15 de febrero de 1981, la justicia detuvo los ultraderechistas Valerio Fioravanti, Francesca Mambro y Sergio Picciafuoco, y los acusó de haber colocado la bomba que destruyó la estación de trenes en el peor atentado perpetrado en Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El encubrimiento a los autores intelectuales desde el propio Estado, el papel de los servicios secretos, de organizaciones vinculadas con la OTAN y del líder de la Logia P2, Licio Gelli
Era sábado a la mañana y la estación central de trenes de Bolonia estaba colmada de turistas y viajeros –familias enteras– que esperaban abordar los trenes hacia sus destinos para disfrutar de las vacaciones de verano. No sabían que un grupo de desconocidos acababa de colocar una bomba armada con una mezcla de TNT y T4, un explosivo de uso militar, en una valija, con un mecanismo de relojería programado para que detonara a las 10.25. Exactamente a esa hora, la explosión destruyó casi todo el edificio de la terminal e impactó en un tren que hacía el recorrido entre Ancona y Chiasso. El estruendo se escuchó a varios kilómetros y la onda expansiva hizo estallar los vidrios de las ventanas en un radio de varias cuadras. Las ambulancias no daban abasto para trasladar los heridos a los hospitales y se debió recurrir a micros, taxis y autos particulares. Debajo de los escombros, los muertos se contaban por decenas. Con el correr de las horas se sabría que el explosivo había sido colocado en la sala de espera del edificio y que el saldo era escalofriante: 85 muertos y alrededor de 200 heridos, muchos de ellos horriblemente mutilados, en el peor atentado terrorista perpetrado en Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
“Un fuego amarillo, naranja, negro. Un hongo de humo. El polvo que se mezclará durante horas con el calor. La oscuridad, el infierno. Nos hundimos los hombres, los objetos, los vivos, los muertos”, escribió Marco Marozzi, periodista del diario italiano La Repubblica, sobre lo que vio al llegar a la estación central de trenes de Bolonia esa mañana del 2 de agosto de 1980. Al principio el gobierno presidido por el democristiano Francesco Cossiga y la policía atribuyeron la explosión al estallido de una caldera y solo más tarde reconocieron que se trataba de un atentado y señalaron a las Brigadas Rojas. Ni una ni otra cosa eran ciertas: después se comprobó que los servicios secretos del Estado habían plantado pistas falsas para entorpecer la investigación.
La autoría ideológica de la Matanza de Bolonia –como se la llamó- tardaría años en establecerse y no con total claridad. Lo que se sabe con certeza es que fue cometido por un grupo ultraderechista. La ciudad era un lugar clave, simbólico desde el punto político para un atentado de la ultraderecha. Gobernada por los comunistas, se la consideraba la “capital roja” de Italia, un freno para los neofascistas. Su estación de trenes era, además, un punto neurálgico, el principal centro ferroviario nacional, por el que pasaban –y pasan- los trenes que unen el norte y el sur con el centro de la península.
Algunos investigadores señalan a los Núcleos Armados Revolucionarios (NAR) y otros a Gladio, una organización secreta creada en el seno del estado italiano y con supuestas vinculaciones con la OTAN. También es posible que los primeros hayan sido manipulados por los segundos. Y oír encima de todo eso sobrevuelan, además, las siniestras sombras de la Logia P2 y de su jefe, Licio Gelli, “el hombre de las mil caras”. La detención de algunos de los autores materiales el 15 de febrero de 1981 no sirvió para aclarar las cosas. Por el contrario, generó más sospechas y confusión.
“Los años de plomo”
La Matanza de Bolonia marcó el pico más alto de una escalada de violencia que venía sacudiendo a Italia desde los últimos años de la década de los ’60 y el final de la Guerra Fría. El período se conoce como “los años de plomo” y durante ese tiempo el país vivió un enfrentamiento entre fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha que dejó un alto número de muertos y episodios tan dramáticos como el secuestro y asesinato de Aldo Moro.
La situación política era de alta complejidad. Ante la hegemonía de la Democracia Cristiana -que gobernaba- se alzaba el poderoso Partido Comunista de Italia, que en las elecciones generales de junio de 1976 había obtenido el 34% de los votos, frente al 38% de los conservadores. Enrico Berlinguer, uno de los impulsores del eurocomunismo junto al francés Georges Marchais y el español Santiago Carrillo, había sido nombrado secretario general de la formación en 1972. Con iniciativa reformista, Berlinguer intentó impulsar el “compromesso storico” -el compromiso histórico- una política de acercamiento a los democristianos, posible por las posiciones conciliadoras del democristiano Moro.
Frente a esa movida de acercamiento, en marzo de 1978 las Brigadas Rojas secuestraron a Moro, al que ocultaron en un departamento de Roma y asesinaron dos meses más tarde. Su cadáver apareció en el baúl de un auto. Del otro lado, también disconformes, los grupos de ultraderecha y los servicios secretos aplicaban lo que se llamó la “estrategia de la tensión”, una serie de atentados y masacres cuyas autorías nadie se adjudicaba, aunque era un secreto a voces quienes estaban detrás de ellas.
En el marco de esa escalada, 1980 fue el año más mortífero en cuanto a atentados terroristas en Italia. La ultraderecha neofascista venía subiendo la apuesta violenta, pero nadie esperaba un atentado de la magnitud que tuvo el de Bolonia. Mas aún porque no apuntó a un objetivo preciso, sino a generar el caos matando a ciudadanos comunes, hombres, mujeres y niños.
Los perpetradores
Debido al cúmulo de pistas falsas sembrado por los servicios secretos del Estado italiano, la investigación judicial fue extremadamente difícil y sus autores materiales estuvieron a punto de quedar impunes. Los primeros en ser detenidos el 15 de febrero de 1981 –seis meses después del atentado– fueron el matrimonio integrado por Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, de los Núcleos Armados Revolucionarios, y el activista neofascista Sergio Picciafuoco. Con el correr de los años, hubo varios detenidos más.
El juicio demoró más de una década. En 1994, Fioravanti, Mambro y Picciafuoco recibieron, después de muchas apelaciones, una condena definitiva a cadena perpetua. En todo el proceso, los tres nunca dejaron de asegurar que eran inocentes, que los estaban utilizando como chivos expiatorios. Otras seis personas, entre ellas miembros de los servicios militares de inteligencia, fueron condenadas a penas de entre siete y diez años de cárcel por haber despistado a los investigadores y obstruir a la justicia.
La investigación siguió abierta y cuatro décadas después del atentado, en 2020, se pudo juzgar y condenar a un cuarto autor material. En enero de ese año, Gilberto Cavallini, de 67 años, un ex miembro de los NAR fue sentenciado en primera instancia por complicidad al haber brindado apoyo logístico a los autores del atentado. Cavallini, quien confesó haber cometido varios delitos, había pasado más de 37 años en prisión por varias condenas y en el momento de ser sentenciado estaba en libertad condicional. Durante el proceso negó haber participado del atentado de la estación de Bolonia. “He estado en prisión desde septiembre de 1983, han pasado más de 37 años. Años de prisión que he merecido (…). Me he merecido las condenas, pero no acepto pagar lo que no hice. No se está prestando servicio al país y a la verdad. No me voy a quejar, sea cual sea su decisión. Pero una condena es un fallo incorrecto”, les dijo a los jueces antes de conocer el dictamen.
“El hombre de las mil caras”
Licio Gelli y la siniestra logia que conducía, Propaganda Due, siempre estuvo en el centro de las hipótesis sobre la identidad de los ideólogos del atentado. “El hombre de las mil caras” aparece en todos los escándalos italianos de los años 80 y 90, desde la quiebra del Banco Ambrosiano -cuyo presidente, Roberto Calvi, miembro de la P2, apareció ahorcado en Londres en 1982- hasta los grandes escándalos de corrupción, financiación ilícita de partidos políticos y, también, la masacre de Bolonia.
Hubo que esperar hasta 2018 para que saliera a la luz una prueba que podría demostrarlo. El podcast en francés Dangereux Millions (Millones peligrosos), de los periodistas Marie Maurisse y François Pilet, mostró que los autores del atentado terrorista más mortífero de la historia de Italia no solo tenían cuentas bancarias en Suiza, sino que se les pagó a través de una transferencia de cinco millones de dólares realizada desde el UBS de Ginebra. El abogado italiano Andrea Speranzoni, que representa a las víctimas del atentado desde hace más de dos décadas, explicó que en 2018 documentos perdidos en archivos de la justicia italiana permitieron demostrar la implicación de Gelli. Se trata de una simple hoja doblada en cuatro que el jefe de la P2 tenía en uno de sus bolsillos cuando fue detenido en Suiza en 1982. Esa hoja quedó olvidada durante décadas hasta que la digitalización de los archivos judiciales suizos permitió recuperarla.
El documento prueba que una transferencia que se les hizo a los terroristas de los Núcleos Armados Revolucionarios pocos días antes del atentado provenía de una cuenta numerada del UBS de Ginebra donde el jefe de la Logia P2 ocultó 300 millones de dólares que habían sido desviados del Banco ambrosiano. Ya era tarde para juzgar a Gelli, muerto por causas naturales a los 96 años en diciembre de 2015. En una de sus últimas declaraciones públicas dejó en claro el ideario que lo había guiado durante toda su vida: “Nací fascista, luché por el fascismo, moriré fascista”.
Durante todos estos años, los familiares de las víctimas sostuvieron –y todavía hoy sostienen– que no se ha hecho justicia porque si bien algunos de los autores materiales fueron condenados, los verdaderos autores intelectuales y los estrategas políticos de la matanza siguen impunes. Por eso, además de ser el atentado terrorista más sangriento, la matanza de Bolonia es también una de las páginas más oscuras de la historia italiana del siglo XX.
