A fin de año el Superior Tribunal de Justicia suspendió la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Zdero, por pedido de la oenegé “Conciencia Solidaria”.
El lector memorioso recordará que con la antigua conformación de la Legislatura, los diputados Bergia y Honcheruk le dieron a Zdero los votos para aprobar la norma. Ambos ya habían sido denunciados por la Asociación de Abogad@s Ambientalistas de Argentina como partícipes de la “mafia de los desmontes”, igual que el exministro de la Producción, Hernán Halavacs, que Zdero se vio obligado a echar en silencio.
Una vez aprobado ese “ordenamiento”, la primera cautelar contra los desmontes la ordenó la jueza federal Zunilda Niremperger, pero eventualmente levantó la medida. Luego llegó la cautelar de la Justicia provincial, que está vigente.
En los últimos días varios diputados y diputadas radicales salieron en banda a apretar al STJ para que habilite otra vez los desmontes. Argumentan que hay 40 mil familias sin trabajo mientras los jueces deliberan. ¿Por qué la embestida? ¿Qué intereses defienden?
La cuestión de fondo de la presentación de “Conciencia Solidaria” es la inconstitucionalidad de la ley de OTBN y su modificatoria. Si la Justicia hace lugar al pedido, la Legislatura tendrá que darse a la tarea de cambiar la “semaforización” trucha de la ley actual.
Para entender el contexto, Chaco es la provincia que más superficie de bosques nativos perdió en los últimos 15 años: más de medio millón de hectáreas. Según distintas organizaciones ambientalistas, con la semaforización aprobada por Zdero, unas 420 mil hectáreas que estaban en zonas “rojas” o “amarillas”, o sea que no se podían desmontar, pasaron a estar en “zona verde”. Hasta el gobierno de Milei, que no se caracteriza por cuidar los recursos naturales, les dijo que paren la mano.
El curro es monumental, multimillonario. Los principales beneficiarios de este OTBN obviamente son un puñado de empresarios (muchos de ellos ni siquiera son chaqueños) que desmontan para la industria del tanino y para hacer carbón. O sea, destruyen el suelo chaqueño para exportar y llevarse fortunas. Ni siquiera tienen la obligación de reforestar, y se cagan de risa de las multas que son insignificantes y hasta las pueden pagar en cuotas.
Los diputados radicales ahora están preocupados por la gente sin trabajo, tan luego. Alguno de ellos sostiene -en un esfuerzo mental que sorprende- que las modificaciones que se hicieron durante el gobierno de Capitanich fueron pésimas. Y tiene razón. Pero las que ellos hicieron son aún peores, porque convirtieron al monte chaqueño en zona liberada.
Si quieren ayudar a las 40 mil familias que están pagando el pato por veinte vivos, deberían sentarse a redactar un proyecto que respete tanto el trabajo del sector forestal como la biodiversidad de la provincia y, sobre todo, su soberanía.
En vez de pelearse con los ambientalistas, deberían convocarlos; en vez de apretar a la Justicia, deberían escucharla. La buena noticia es que mientras todo esto ocurre, el monte respira.
Cristian Muriel
