En plena etapa de ajuste y despidos masivos en la provincia del Chaco, cuando miles de trabajadores ven vulnerados sus derechos laborales y su estabilidad económica, emerge una contradicción política que incomoda y alarma: la proclamada “renovación” del poder local convive con prácticas de la vieja política, entre ellas el nepotismo. El foco hoy recae sobre la senadora nacional Silvana Schneider y la supuesta colocación en el Estado de su prima, Luciana Belén Schneider, en un cargo clave dentro de la Secretaría General de la Gobernación.
Un contraste que duele
Mientras el gobierno de Leandro Zdero impulsa medidas que dejan a cientos fuera de sus puestos de trabajo, la colocación de personas vinculadas afectivamente a dirigentes políticos transmite una doble señal: por un lado, la falta de coherencia entre los discursos de austeridad y transparencia; por otro, la prioridad que algunos mandatarios reservan a la protección de lazos familiares por encima de criterios de mérito y de las consecuencias sociales de sus decisiones.
El caso específico
Según las informaciones que circulan, Luciana Belén Schneider, prima de la senadora —hija del primo hermano Germán Schneider y parte del círculo de confianza de Silvana desde su etapa como vicegobernadora— fue incorporada en un cargo estratégico en la Secretaría General de la Gobernación cuando la senadora asumió su banca en el Senado. La caracterización que hacen críticos y opositores es contundente: se trató de una reubicación que garantizó continuidad laboral y un sueldo estable en el Estado, aun cuando muchos chaqueños perdían su trabajo.
No es un episodio aislado
La práctica del acomodo familiar no es exclusiva de un partido o gestión concreta: es una herencia de viejas prácticas políticas que atraviesa fuerzas e identidades distintas. En Chaco hubo antes casos resonantes —mencionados con frecuencia por la opinión pública— donde ministros o funcionarios ubicaron a familiares directos en puestos relevantes. Recientemente, también se criticó la actuación de otros miembros del gobierno que habrían favorecido a allegados con nombramientos o cargos ventajosos, lo que alimenta la percepción de impunidad y círculo cerrado.
La imagen pública y la doble vara
El relato público de renovación, lucha contra la “casta” y defensa de la ética pública se ve erosionado cuando se detectan estas maniobras. Para la ciudadanía, la percepción es clara: promesas de cambio que no afectan las redes de poder ni el favoritismo. Peor aún, cuando se suman denuncias o pasados polémicos relativos a allegados de funcionarios que, según señalan críticos, habrían sido “premiados” con cargos pese a conductas reprochables, la sensación de doble vara se profundiza.
Consecuencias democráticas y sociales
El nepotismo no es solo un problema ético; tiene efectos concretos sobre la gestión pública. Colocar personas por lazos familiares puede afectar la eficiencia, la transparencia y la confianza en las instituciones. Además, cuando el Estado recorta personal por razones de ajuste mientras simultáneamente sostiene y remunera a afiliados o parientes, se profundiza la desigualdad y se debilita el tejido social, en especial en provincias con alta vulnerabilidad económica.
Qué se pide desde la sociedad
La respuesta ciudadana y de la prensa ante estos hechos reclama varias acciones mínimas: transparencia en los procesos de designación; acceso público a la información sobre concursos, antecedentes y remuneraciones; mecanismos de control y rendición de cuentas; y, en lo institucional, normas claras que limiten o prohiban la designación directa de familiares en cargos de la administración pública. Sin controles efectivos, las promesas de erradicar la “casta” quedan en meros slogans.
Conclusión
La denuncia sobre la supuesta colocación de la prima de Silvana Schneider en un puesto estratégico no debería leerse como un hecho aislado sino como parte de una problemática estructural: la persistencia de prácticas clientelares y de familiaridad que contradicen los discursos de cambio. Si la renovación política se proclama sino que no modifica derechos, procedimientos y conductas, corre el riesgo de convertirse en una fachada que reproduce, con distinto sello, las viejas formas del poder. Para recuperar credibilidad y fortalecer la democracia provincial se necesitan más que palabras: transparencia real, procedimientos imparciales y voluntad política para poner fin a los privilegios por parentesco.
