El Poder Ejecutivo no debe interferir en la Justicia”, señaló la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco, que cuestionó la revocación de la prisión domiciliaria para el líder piquetero.
Adrián Gaitán, representante de la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco, expresó, en diálogo con N9 su preocupación sobre la presunta interferencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, específicamente en el caso de Carlos Barraza. Esta situación, según Gaitán, amenaza las garantías constitucionales y la división de poderes que debe regir en una República.
«El Poder Ejecutivo no puede meterse en la Justicia. No se cumple el debido proceso, hay una clara bajada de línea a los jueces«, declaró Gaitán, haciendo referencia a las presuntas instrucciones dadas por el ministro de Seguridad, Hugo Markovich, al procurador general adjunto, Miguel Fonteina, luego de la decisión de la jueza María de las Mercedes Pereyra de otorgar la prisión domiciliaria a Carlos Barraza, aduciendo problemas médicos. La magistrada fue duramente criticada por el procurador, quien incluso deslizó la posibilidad de llevar adelante un jury contra la jueza. Gaitán interpreta esta decisión como una intromisión del Poder Ejecutivo provincial en una decisión de la justicia.
Carlos Barraza, acusado de fraude y peculado, fue detenido el 19 de enero de 2024 y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria el 19 de julio por decisión de la jueza María de Las Mercedes Pereyra, del Juzgado de Garantías N° 1 de Resistencia. Sin embargo, esta resolución fue anulada rápidamente por el juez de garantías Horacio Sandoval tras un recurso presentado por el fiscal de feria, Dr. Villalba.
«Desde el inicio de la causa, el Ministerio Público debió formular una acusación basada en pruebas y no emitir juicios previos«, afirmó Gaitán, criticando al procurador Fonteina por declarar públicamente que Barraza debía permanecer en prisión. «Estamos hablando de un delito con una pena mínima de seis meses, que permite una condena condicional y, por ende, la posibilidad de mantener el proceso en libertad«.
El abogado también señaló que las amenazas de consecuencias hacia los jueces que no obedezcan las directrices del Ejecutivo son una clara indicación de la falta de independencia judicial. «A los jueces que no siguen esta línea, les inician un jury, como está ocurriendo con la jueza Pereyra«, agregó.
En respuesta a estos acontecimientos, la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco está considerando tomar medidas adicionales, incluyendo elevar la causa al fuero nacional. «Es necesario salir de la provincia para garantizar un debido proceso. Aquí, cualquier juez que resuelva conforme a derecho enfrenta represalias”, y añadió: “No se puede hacer ninguna presentación a ningún juez por el caso Barraza porque realmente la situación de salud amerita que él esté pasando o privado de su libertad en un domicilio con otro tipo de cuidados que en el complejo no lo tiene».
