El juez Jorge Sinkovich confirmó su renuncia tras denunciar una persecución política impulsada por diputados oficialistas luego de ordenar al gobierno del Chaco asistir con alimentos y agua al pueblo Wichí de El Impenetrable. “Con una familia a cuesta, Sinkovich no puede esperar que la corporación judicial y la política decidan por su destino y le corten la cabeza”, alertaron desde el Colegio de Abogados de Resistencia, al acompañar su decisión.
El juez Jorge Sinkovich, quien había ordenado al gobierno del Chaco garantizar alimentos y agua potable para comunidades indígenas de El Impenetrable, confirmó que presentó su renuncia luego de ser denunciado por un grupo de diputados oficialistas ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. Según aseguró, la ofensiva política en su contra se desencadenó tras imponer multas al Ejecutivo por incumplir medidas cautelares en favor del pueblo Wichí.
El magistrado ofreció una conferencia de prensa acompañado por autoridades del Colegio de Abogados de Resistencia, donde apuntó directamente contra el oficialismo por lo que definió como un hostigamiento selectivo: “A una sola persona comenzó la persecución política. Acá somos 23 juzgados civiles y comerciales, y se enfocaron en mí”, afirmó.
Sinkovich sostuvo que su renuncia se produce tras una serie de denuncias impulsadas por legisladores oficialistas, quienes, según dijo, reflotaron causas viejas e intentaron instalar un mal desempeño asociado a expedientes en los que el Estado estaba obligado a cumplir.
Detalló que las denuncias incluyen cuatro causas prácticamente archivadas y otras tres en trámite: Un amparo de una ex trabajadora a quien el Estado debía un mes de sueldo; una medida cautelar en un expediente por saneamiento y reubicación de familias en Resistencia que nunca fue cumplida por el Estado provincial ni la Municipalidad y un fallo de 2022 en una causa comercial (“Grupo Casino”) dictado durante la gestión de Jorge Capitanich, sobre el cual —remarcó— “nadie del gobierno me molestó”.
Pero el punto decisivo, según el magistrado, fue su resolución en favor del pueblo Wichí de la zona de El Impenetrable. Sinkovich explicó que la medida cautelar surgió a partir de un reclamo de 25.000 integrantes de la etnia Huichí, que no estaban incluidos en una resolución previa de la Corte Suprema dictada en 2007 sobre otra comunidad (la etnia Qom).
Ante la falta de cumplimiento del gobierno, aseguró que intimó tres veces antes de aplicar multas: “Tuve que utilizar la herramienta que tenemos todos los jueces: las astreintes. Creo que me quedé corto”, afirmó, al justificar que el monto aplicado se calculó en base al salario mínimo por persona. “¿Qué come una persona con 4.000 pesos diarios? Nada”, añadió.
Críticas al proceso
El juez señaló que todas las medidas que dictó fueron apeladas por los organismos provinciales y que existe incluso un recurso extraordinario pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia. Aun así, denunció que el oficialismo avanzó con acusaciones públicas antes de que los procesos judiciales se resolvieran. “El detonante de que yo esté en este momento colgado en la plaza es la causa de los pueblos originarios”, resumió.
La conferencia fue acompañada por referentes del Colegio de Abogados, quienes manifestaron preocupación por el impacto institucional de la denuncia contra Sinkovich. El presidente de la institución, José René Galassi, remarcó que esta decisión fue una recomendación que se le hizo al magistrado debido a que una vez iniciado el jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura ya no podrá acoger al beneficio jubilatorio hasta tanto concluya el proceso. El trámite jubilatorio, vale aclarar, lo había iniciado con anticipación, aunque su idea era continuar en el cargo un par de años más. “Sinkovich no puede, con una familia a cuesta, esperar que la corporación judicial y la política decidan por su destino y le corten la cabeza”, aseguró Galassi.
“Zdero está detrás”
Como parte de una avanzada oficialista contra jueces provinciales que no fallan de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo, un grupo de diputados provinciales que responden al gobernador, Leandro Zdero, denunció a mediados de octubre al juez Sinkovich, ante el Consejo de la Magistratura por supuesto “mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El eje de la denuncia, firmada por Zulema Wanesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas, se centra en la emisión de resoluciones consideradas “arbitrarias y desmesuradas”, que impusieron multas conminatorias (astreintes) multimillonarias contra el Estado provincial.
“El magistrado fue parte de varios hechos de gravedad institucional en diversos juicios en trámite ante su tribunal, en los cuales ha adoptado medidas en violación al principio de razonabilidad, igualdad procesal -imparcialidad manifiesta- en perjuicio del erario del Estado Provincial, no cumpliendo con sus deberes por mal desempeño en su cargo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y/o cualquier otro hecho peculiar al cargo, calificado como delito por la legislación vigente”, acusaron los diputados.
El caso más grave, según los legisladores, corresponde al expediente “Defensoría General Adjunta s/ Amparo y Medida Cautelar” (Expte. N° 12601/24). Allí, el juez Sinkovich fijó astreintes de $85.900.000 contra la Provincia para cada día de incumplimiento de una medida cautelar vinculada a la asistencia de comunidades originarias. Los legisladores tildaron la decisión de Sinkovich de “desestabilizadora y ajena a las facultades judiciales”.
La denuncia advierte que el monto diario implicaría un gasto mensual de $2.577.000.000, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del presupuesto provincial. El gobierno chaqueño había presentado informes detallados sobre el “abordaje integral” y las acciones implementadas, los cuales, según los legisladores, no fueron valorados por el magistrado. Posteriormente, la Cámara Civil y Comercial, Sala I, revocó la medida y dejó sin efecto las astreintes. Los diputados pidieron su suspensión, que lo sometan a jury de enjuiciamiento y eventualmente su destitución.
“Esto es una persecución política y no tengo duda de que Zdero está detrás”, afirmó Sinkovich en declaraciones a Norte Grande Federal. “Me quieren limpiar porque soy un obstáculo para el gobernante de turno. No soy un títere de nadie. No acepto órdenes de nadie. Por eso no se atreven a llamarme para que saque una sentencia a favor”, agregó en aquella ocasión, cuando aún no se sabía que iba a renunciar.
Con información de Chaco Día por Día
