La primera ministra busca dinamizar el crecimiento económico mediante cambios estructurales y una mayor reinversión empresarial, evitando recurrir a grandes desembolsos fiscales y apostando por la eficiencia en la asignación de capital
El reciente impulso de Sanae Takaichi al frente del gobierno japonés ha situado en el centro del debate la posibilidad de transformar la economía del país mediante reformas que no impliquen un gasto fiscal adicional. Mientras se discute un paquete de estímulo que podría superar los 10 billones de yenes (alrededor de USD 65.000 millones), la atención se desplaza hacia medidas estructurales capaces de dinamizar el crecimiento sin recurrir a grandes desembolsos públicos, según el análisis de Nicholas Benes, fundador del Board Director Training Institute of Japan, publicado por Nikkei.
En su primera reunión de gabinete, la primera ministra Takaichi solicitó a sus ministros la elaboración de un plan de estímulo, que incluiría la eliminación del impuesto provisional a la gasolina, ayudas para las facturas de electricidad y gas, y deducciones fiscales para inversiones de capital. Estas iniciativas, aunque relevantes, requieren la aprobación de un presupuesto suplementario y suponen un coste fiscal considerable, probablemente extendido durante varios años.
Paralelamente, Takaichi presidió la primera sesión de la sede de estrategia de crecimiento de Japón, donde encomendó a sus ministros la tarea de perfeccionar estrategias y diseñar una hoja de ruta de inversión público-privada para diecisiete sectores y tecnologías clave. Entre las áreas priorizadas figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la construcción naval, la fusión nuclear, la tecnología cuántica y la biotecnología. Cada ministro asumió la responsabilidad de definir la estrategia de crecimiento correspondiente a su sector.
No obstante, Benes advierte en Nikkei que la mayoría de las políticas propuestas hasta ahora implican un gasto fiscal significativo. Frente a este enfoque, destaca la insistencia previa de Takaichi en la necesidad de que las empresas japonesas, y no solo el Estado, reinviertan sus excedentes en crecimiento. La primera ministra ha instado a las compañías a destinar una mayor proporción de su liquidez a expansión, investigación y desarrollo o incrementos salariales, llegando incluso a sugerir la posibilidad de gravar el exceso de efectivo y depósitos.
Según Benes, esta orientación es acertada: la reinversión de los excedentes empresariales estimularía el crecimiento económico mediante una asignación de capital más eficiente y contribuiría a revitalizar el mercado bursátil japonés, que aún se encuentra infravalorado. Muchas empresas en Japón acumulan grandes sumas de efectivo que apenas generan rentabilidad y poseen activos no esenciales subutilizados, susceptibles de ser vendidos para reinvertir esos recursos en la economía. El país, sostiene Benes, no carece de liquidez ni de activos invertibles, sino que estos se encuentran mal distribuidos.
El análisis en Nikkei subraya que los ejecutivos tienden a reinvertir sus excedentes, y a hacerlo en los negocios adecuados, cuando los consejos de administración así lo exigen. A su vez, los consejos suelen actuar cuando los accionistas demandan cambios y existe un número suficiente de consejeros independientes.
En este sentido, la adopción en 2015 del Código de Gobierno Corporativo (CGC), considerada la tercera y más duradera “flecha” de la política económica conocida como Abenomics, marcó un hito. Takaichi desempeñó un papel destacado en el comité de estrategia de crecimiento del Partido Liberal Democrático que impulsó esta medida, la cual ha tenido un impacto sostenido.
El CGC estableció la obligación de que los consejos de administración incluyeran al menos dos consejeros independientes y de que prestaran mayor atención a los accionistas, quienes a su vez fueron alentados a suscribir el nuevo Código de Stewardship de Japón, comprometiéndose a interactuar proactivamente con las empresas y a ejercer el voto de sus acciones de manera objetiva. Benes recuerda que la interacción con inversores que analizan y comparan compañías fue el “otro eje” de la reforma, una idea que él mismo promovió entre parlamentarios clave en 2013.
A pesar de estos avances, Benes señala que la presencia de “múltiples consejeros independientes” —o incluso un tercio del consejo en las empresas del mercado Prime de la Bolsa de Tokio, según la revisión del CGC de 2021— sigue siendo insuficiente. No obstante, muchas compañías japonesas han comenzado a mejorar sus prácticas de gobierno corporativo en la última década.
Persisten, sin embargo, obstáculos para una interacción eficaz entre inversores y empresas, así como para la comparación eficiente entre compañías. Benes identifica como principal dificultad la existencia de tres estructuras legales de gobierno corporativo distintas para las empresas cotizadas, lo que obliga a los inversores a dedicar un tiempo excesivo a comprender la estructura de cada compañía, verificar su implementación y descifrar prácticas específicas no estandarizadas.
En este contexto, Benes destaca que el Consejo Legislativo del Ministerio de Justicia debatirá este año y el próximo posibles reformas a la Ley de Sociedades, mientras que la Agencia de Servicios Financieros revisará el CGC. Esta coyuntura representa, en su opinión, una oportunidad inmejorable para que el gobierno, bajo el liderazgo de la primera ministra, impulse tres reformas clave capaces de atraer a los inversores, mejorar la eficiencia de su interacción con las empresas y fomentar la reasignación de liquidez hacia usos productivos.
La primera propuesta consiste en unificar las tres estructuras legales de gobierno corporativo en un sistema único y más estandarizado, además de exigir un solo tipo de informe financiero anual en lugar de los dos actualmente requeridos.
La segunda medida plantea que las empresas cotizadas modifiquen sus estatutos para permitir que las juntas generales anuales se celebren fuera del actual plazo de tres meses tras el cierre del ejercicio fiscal. Para la mayoría de las compañías, cuyo ejercicio concluye el 31 de marzo, esto supondría la posibilidad de convocar la junta en julio o agosto. Así se eliminaría el problema conocido como shuchubi, que concentra la mayoría de las juntas a finales de junio, muchas en el mismo día, lo que impide a los accionistas asistir a varias de ellas. Benes subraya que los inversores llevan décadas reclamando una solución a este inconveniente.
Esta reforma también permitiría a las empresas presentar sus informes financieros anuales con mayor antelación, en lugar de hacerlo pocos días antes —o incluso después— de la junta, como ocurre habitualmente. Para que la interacción con los inversores y el voto por delegación sean efectivos, los informes financieros deben presentarse al menos un mes antes de la junta y nunca después.
La tercera propuesta busca alinear a Japón con los estándares internacionales de los mercados desarrollados, exigiendo que la mayoría de los miembros del consejo de administración de las empresas cotizadas sean consejeros independientes. Benes sostiene que, con la revisión en curso del CGC, este es el momento adecuado —y posiblemente el único disponible en años— para dar este paso decisivo. Los inversores, afirma, recibirían con agrado esta medida, que situaría la responsabilidad en los consejeros externos y obligaría a las empresas a mejorar la calidad y diversidad de sus consejos.
Benes concluye que reformas de esta magnitud no pueden ser impulsadas únicamente por la burocracia. Se requiere liderazgo político desde la oficina de la primera ministra y la construcción de consensos entre los parlamentarios clave, ya que para los funcionarios públicos estos cambios suponen un riesgo profesional excesivo si los promueven de manera independiente. Según su análisis, Takaichi dispone ahora de una oportunidad única para llevar las reformas de gobierno corporativo de Japón a una nueva fase transformadora, en sintonía con el “sentido de urgencia” que ella misma ha reclamado en sus recientes declaraciones.
