Se trata de Francisco Romero Castelán, uno de los impulsores de la persecución al juez que ordenó al Gobierno entregar alimentos y agua potable al pueblo wichí de El Impenetrable. En una reciente entrevista, le consultaron sobre su pasado como abogado defensor del exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y se descontroló. Dijo que “todo el mundo tiene derecho a defensa” y la comparó con un “colchoncito” para el imputado. Afirmó que quienes lo critican desconocen el derecho y que, de hecho, defender a un corrupto le dio experiencia para impulsar proyectos de ley contra la corrupción.
“¿Quién sos para decirme qué hacer?”, dijo visiblemente desencajado el diputado radical, Francisco Romero Castelán. No se lo decía a alguien en particular, sino mirando a cámara a un interlocutor que él solo conoce.
La furibunda reacción del legislador se dio en el marco de una entrevista realizada el martes por la noche en Norte TV, el canal de streaming de Diario Norte. En un pasaje de la nota, la periodista Leticia Muñoz le preguntó si le molestaba que “en medios y en las redes” le recordaran su pasado como abogado defensor del exsecretario general de la Gobernación durante el gobierno de Domingo Peppo, Horacio Rey, condenado por hechos de corrupción. Esto teniendo en cuenta que la gestión de Leandro Zdero levanta la bandera de lucha contra la corrupción.
Su respuesta fue errática e iracunda: “Eso es joda, eso es joda, discúlpenme la expresión”. “No tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es derecho de defensa en el ejercicio de una actividad privada, como es la abogacía”, añadió.
Después, mirando a cámara, notablemente enojado, prosiguió: “¿Quién sos vos para decirme lo que yo puedo hacer o no como privado?”. El legislador consideró que quienes le recuerdan su pasado reciente (hasta hace dos años representó a Rey) dan “vergüenza ajena”.
De hecho, se jactó de haber realizado esa defensa y la consideró una suerte de acto de valentía. “Tienen que tener el coraje de defender a alguien primero y hacerse cargo de una defensa privada”, dijo.
Y fue más allá: sostuvo que no sólo no es un contrasentido que actualmente pertenezca a una gestión que sostiene un fuerte discurso anticorrupción, sino que el hecho de haber defendido a un funcionario corrupto le dio experiencia en el tema. “Con más razón: si conozco los caminos, los vericuetos de lo que es la corrupción, ¿no voy a poder pelear contra la corrupción? O sea, es una autocontradicción lo que plantean”, afirmó.
“Además, tienen un desconocimiento supino del derecho. O sea, todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero es vergonzoso que abogados puedan decir ‘el abogado de Rey, el abogado de Rey’, ‘si vos sos el abogado de Rey’. Por favor, no tienen la más pálida idea de lo que es el derecho. Estudien derecho y aprendan lo que es el derecho de defensa”, aseveró.
“Muchas veces el derecho de defensa no es defenderlo y que quede ‘limpio’ el tipo”, añadió y aplicó la metáfora del “colchoncito”: “Muchas veces la defensa es andar con un colchoncito por un patio para ver donde cae (el imputado) y le ponés el colchón, para que no duela tanto la pena. Es eso”, graficó.
Archivo y respuesta
Si bien no mencionó a quién le estaba respondiendo, está claro que se estaba dirigiendo a LITIGIO, el único medio que publicó esta disonancia entre el pasado y el presente del legislador. El 14 de octubre, bajo el título “Insólito: el diputado que defendió a un exfuncionario condenado por corrupción ahora impulsa un proyecto anticorrupción”, esta revista mencionó que, si bien nadie resiste un archivo, lo del diputado provincial que responde al gobernador Leandro Zdero resulta asombroso.
La nota señala que además de ser uno de los que impulsa la destitución del juez Sinkovich por el mero hecho de dictar sentencias que no son del agrado del Gobierno, Romero Castelán anticipó recientemente que promoverá un proyecto de ley para que los condenados por delitos de corrupción restituyan los fondos sustraídos.
La publicación recuerda que lo paradójico del asunto es que el propio legislador fue abogado defensor del exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, condenado justamente por actos de corrupción. Y no fue algo que sucedió hace décadas: se desempeñó en ese rol hasta hace apenas dos años.
“El artículo 76 de la Constitución del Chaco habla del mal desempeño, pero específicamente de la devolución de su patrimonio. En ese sentido, estoy trabajando en un proyecto de ley para que devuelvan las cosas”, declaró Romero Castelán en una entrevista realizada hace pocas semanas en NG Federal.
“Horacio no pudo manejar dinero público”
Durante la gestión de Domingo Peppo, Rey concentró un poder político significativo. En marzo de 2023 fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos.
La resolución fue dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia en el marco del nuevo juicio correspondiente a la causa conocida como FAPPO, que investigó el desvío de aproximadamente 200 millones de pesos del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales.
En ese proceso, el tribunal consideró a Rey “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe”, imponiéndole además una multa de 70 mil pesos y una inhabilitación de ocho años para ejercer funciones públicas.
Por su parte, Gustavo Katavich —funcionario de Fiduciaria del Norte, entidad que aún administra el FAPPO— fue hallado culpable del mismo delito y condenado a tres años, once meses y 24 días de prisión efectiva, junto con una inhabilitación de cinco años y una multa de 50 mil pesos.
Tanto Rey como Katavich fueron acusados de haber desviado fondos destinados a la publicidad oficial entre diciembre de 2015 y marzo de 2018. En un primer juicio, la Cámara Tercera los había condenado a penas más altas —siete años para Rey y cinco para Katavich—, pero esa sentencia fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó repetir el proceso. El nuevo debate concluyó con las condenas actualmente vigentes.
Al conocerse la sentencia, Romero Castelán —entonces abogado defensor de Rey— calificó el fallo como “arbitrario”. “Prácticamente se lo paseó por todo el Código Penal”, se quejó ante las cámaras de Canal 9.
“Horacio nunca pudo manejar dinero público, esa es la verdad. Porque los fideicomisos se rigen por normas privadas. Horacio no firma, no ordena eso, por eso cae. Entonces, ¿de qué asociación ilícita estamos hablando?”, se preguntó.
Revista Litigio
