Según la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, la mujer creó un falso perfil de su sobrina en Tinder, donde le modificó la edad a 24 años. Además, la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con el otro imputado, que cumple funciones como ordenanza en el Poder Judicial de la Nación.
Un empleado del Poder Judicial de la Nación y una tía de una adolescente de 14 años fueron detenidos e indagados hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusados de haber explotado sexualmente a la menor de edad, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la fiscal Alejandra Mángano, en la que se determinó que fue obligada a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con el hombre, a quien conoció a partir del falso perfil que la ahora imputada le creó en una app de citas.
A pedido de la fiscal Mángano -en quien quedó delegada la investigación-, ambos imputados fueron indagados esta tarde por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5, María Eugenia Capuchetti, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber sido consumado, porque la víctima es menor de edad, por la relación de parentesco colateral y por el abuso de una situación de vulnerabilidad, y por el de promoción y facilitación de la prostitución de una persona menor de edad.
El caso
La investigación se inició a partir de una denuncia que en noviembre de 2024 recibió la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Una familiar directa de la adolescente de 14 años reveló una situación de explotación que involucraba, por un lado, a una tía de la menor de edad que ofrecía sus servicios sexuales a través de aplicaciones de citas, y por el otro, a un hombre que mantenía con ella encuentros sexuales.
Según la denuncia, ese hombre se adjudicaba funciones como secretario en un Juzgado de Menores del Poder Judicial de la Nación cuando, en realidad, la investigación luego determinó que el imputado ocupa el cargo de ordenanza.
La rápida judicialización del caso permitió al juzgado interventor delegar de inmediato la pesquisa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo de Mángano, quien además es cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
A pedido de la fiscalía, en primer lugar, se dispusieron una serie de medidas de protección necesarias para la víctima y se le dio intervención al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, que incluyó la declaración clave de la adolescente en Cámara Gesell en la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.
También se produjeron los primeros registros domiciliarios, donde fueron secuestrados una serie de dispositivos electrónicos. A través de la información obtenida de los teléfonos celulares incautados mediante el sistema UFED -utilizado por la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal Argentina- y con la colaboración del Departamento Trata de Personas de la misma fuerza, se logró reconstruir los sucesos denunciados y recabar, contra la tía de la menor, evidencia suficiente que corroboraba que la obligó a tener relaciones sexuales con un hombre mayor de edad a cambio de dinero.
Un perfil de Tinder falso para la víctima
Según la investigación de la fiscalía, durante el mes y medio que la menor vivió con la tía -entre principios de octubre y el 21 de noviembre de 2024-, la ahora imputada le descargó y administró la aplicación de citas Tinder en su teléfono celular, modificando la edad de su sobrina a 24 años. Allí, la obligaba a chatear con un hombre mayor que se presentaba como miembro del Poder Judicial de la Nación y con quién coordinó encuentros de índole sexual a cambio de dinero, uno de los cuales tuvo lugar en un albergue transitorio de la Capital Federal.
Las distintas evidencias reunidas en el caso, en especial aquellas obtenidas en los dispositivos móviles secuestrados, permitieron a la fiscalía -con la intervención de la División Individualización Criminal de la PFA-, identificar al hombre de 55 años, quien trabaja como ordenanza en el Poder Judicial de la Nación.
Allanamientos y detenciones
A partir de un dictamen de la fiscal Mángano, la jueza Capuchetti ordenó las detenciones de las personas acusadas, que fueron concretadas hoy por efectivos del Departamento Trata de Persona de la PFA en allanamientos realizados en los barrios porteños de La Boca y en el centro porteño.
Ambos quedaron a disposición de la jueza que los indagó esta tarde en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, por los delitos que les atribuyó la fiscalía.
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