El dispositivo montado en 2022 por la empresa Leolabs Argentina SRL, una compañía con socios de Irlanda e Inglaterra constituida ese mismo año en la ciudad de Ushuaia, derivó en un conflicto interjurisdiccional cuando el Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Jorge Taiana, admitió que las instalaciones implicaban un riesgo para la seguridad nacional.
El funcionamiento del radar que en principio iba a utilizarse para el monitoreo de basura espacial fue autorizado de manera precaria por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente del exjefe de gabinete Juan Manzur, el 15 de noviembre de 2022.
Sin embargo, al conocerse la postura de la cartera de Defensa, la misma Subsecretaría canceló el permiso y dispuso el cese de las actividades del radar el 22 de junio de 2023.
Desde entonces comenzó un conflicto entre el gobierno fueguino y los funcionarios nacionales, en especial con el excanciller Santiago Cafiero, acerca de a qué jurisdicción le corresponde intimar al desarme completo del mecanismo de monitoreo y cuál tuvo la principal responsabilidad en el desembarco de la empresa británica.
A ello se sumaron los reclamos de algunos diputados de la oposición y de agrupaciones de ex combatientes de la guerra de Malvinas que exigieron respuestas a ambos estados y pusieron en duda si el radar podía seguir operando de manera remota.
El diputado Pablo Blanco (UCR) y ahora senador nacional presentó por entonces una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la provincia a los fines de que investigara lo sucedido y determinara eventuales responsabilidades.
El fiscal Virgilio Martínez de Sucre dictaminó en ese expediente que “las competencias federales en este asunto aparecen subordinadas a decisiones y políticas públicas de máximo nivel nacional cuyo diseño y ejecución incumbe en forma primordial a las autoridades federales”.
En ese sentido, el funcionario judicial consideró que el rol de Tierra del Fuego y sus entidades es “acompañar tales directivas, a través de acciones acordes y concertadas, pero es evidente que no puede asumir el protagonismo que corresponde a los agentes de la Nación”.
A la provincia se le atribuye haber tenido intervenciones concretas en el proceso de instalación del radar, entre ellas haber inscripto a la sociedad británica a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) haber provisto de electricidad al predio de la estancia El Relincho (donde fue montado el dispositivo) y haberle concedido a la empresa un permiso ambiental de obra.
El fiscal entendió que esos organismos intervinieron antes del permiso provisorio otorgado por Nación a Leolabs y sin tener conocimiento de las actividades que desarrollaría la compañía.
“El hecho de que los capitales que conforman una sociedad sean en parte de origen británico no constituye un elemento que nuestro ordenamiento jurídico tenga en cuenta para fijar un procedimiento especial de consulta (…) y en la documentación societaria no había elementos que pudieran hacer suponer de antemano a un lego en la materia el uso dual (civil-militar) de las instalaciones”, escribió Martínez de Sucre en el dictamen al que accedió Télam.
En la misma línea, el funcionario planteó que los agentes provinciales especializados en ambiente o energía eléctrica, pero no en asuntos castrenses ni de telecomunicaciones, estaban incapacitados para determinar potenciales amenazas a la seguridad nacional.
“Considero erróneo e infundado endilgar responsabilidades a agentes del Gobierno provincial, máxime cuando la conducta de las autoridades federales no ha resultado acorde”, concluyó el titular de la Fiscalía de Estado fueguina.
También le pidió al gobernador Gustavo Melella que a través de las áreas competentes “proceda a verificar la definitiva conclusión de los procedimientos de desactivación y desmonte total de la obra civil e infraestructura del radar”.
