La propuesta va en línea con la intención del oficialismo de reducir a dos o tres años el plazo prescripción penal para delitos tributarios. En la Casa Rosada aseguran que enviarán el proyecto de ley esta semana a la Cámara de Diputados.
El Gobierno prepara un mecanismo para blindar los datos de las personas que adhieran al nuevo régimen simplificado de Ganancias. El Ejecutivo incluirá un “tapón fiscal” en el proyecto que enviará al Congreso, que cuenta con modificaciones a Ley Penal Tributaria (27.430) y de Procedimiento Fiscal (11.683).
“Vamos a dejar en claro que no se pueden usar esos datos para perseguir en un futuro a la gente que ingrese al esquema”, expresan en Nación. Los detalles los está terminando de trabajar el equipo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. En Balcarce 50 aseguran que enviarán la iniciativa esta semana a la Cámara de Diputados.
En la Casa Rosada estudiaron la posibilidad de eliminar los datos fiscales de las personas que se sumen al esquema, pero reconocen que no fue posible de aplicar. Es por eso que trabajan en una vía por la que la información no pueda ser utilizada de forma retroactiva como prueba en contra del contribuyente.
La propuesta va en línea con la intención del oficialismo de reducir a dos o tres años el plazo prescripción penal para delitos tributarios. Según el artículo 56 de la Ley 11.683, el fisco puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos. El tiempo se extiende hasta diez años para los no inscriptos.
El Gobierno busca también elevar a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito. La ley actual dispone penas de dos a seis años de prisión para personas que evadan el pago de tributos en casos en que el monto sea mayor a $1.500.000. La evasión agravada contempla una pena de tres a nueve años cuando se trata de sumas que superan los $15.000.000.
El Ejecutivo apunta a promover la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años. Quieren aprobar el proyecto antes de las elecciones de octubre para que las personas que no hayan blanqueado ingresos antes de 2023 estén liberadas de la penalidad desde el 1 de enero de 2026 y cuenten con un monto penal más alto.
La Casa Rosada mantiene la postura de que no modificará las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sostiene que no realizará cambios sobre la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Aseguran también que las medidas siguen los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su último informe advirtió sobre los riesgos de lavado de dinero por el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas.
El nuevo régimen simplificado de Ganancias entró en vigencia el 1 de junio y no requiere información sobe el consumo y el patrimonio. Los nuevos umbrales anunciados por ARCA contemplan topes de $50.000.000 para transferencias de individuos, de $10.000.000 para extracciones y para compras informales sin requisitos de presentación de papeles y de $100.000.000 para tenencias en sociedades de bolsa y para plazos fijos.
El Gobierno busca remonetizar la economía con dólares que están en la informalidad, que se estiman en alrededor de 250.000 millones según el último informe del INDEC. El Ejecutivo no incluirá cambios sobre la Ley Penal Cambiaria en el proyecto que enviará al Congreso en los próximos días.
Se trata del marco jurídico que establece como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal. En el oficialismo afirman que es una reforma para 2026 y argumentan que si lo hacen antes puede “perjudicar” la secuencialidad del programa económico en términos de liquidación de exportaciones.
La Casa Rosada ya firmó con doce gobernadores la adhesión al nuevo régimen simplificado de Ganancias. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibió a Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Saenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) envió a su ministro de Economía, Adolfo Safrán.
El ministro coordinador tiene en agenda un encuentro para este jueves con Gustavo Valdés (Corrientes). Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) ya se comprometieron a aplicar los nuevos lineamientos de información fiscal en los últimos días.
