Adujeron que el caso ya fue cerrado por un magistrado. Los consejeros que se opusieron señalaron que lo que estaba en análisis allí era la conducta y la ética de los magistrados.
El Consejo de la Magistratura tumbó la continuidad de un proceso disciplinario a los magistrados que viajaron a Lago Escondido, la mansión en Bariloche del magnate británico Joe Lewis. El planteo para que no haya investigación contra los jueces que realizaron ese viaje, que motivó una causa penal por el presunto delito de dádivas y cohecho agravado, fue definido de manera decisiva por sus colegas de estamento y la ayuda del senador radical Eduardo Vischi. Por seis votos a cuatro los hechos no serán analizados por el Consejo.
El argumento esgrimido por los consejeros jueces -que hace dos semanas abandonaron la sesión impidiendo el quorum para que funcionase- es que el trámite penal iniciado ya está cerrado por el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos. El basamento es que la información que motivó la apertura de la pesquisa fue obtenida de manera ilegal lo que provocó el archivo del trámite. El consejero instructor Hugo Galderisi dijo que para pedir el cierre lo guiaba “la búsqueda de justicia y no el titular rimbombante y avieso de un periódico. No podemos juzgar en base a editoriales”.
Los votos para desestimar la investigación fueron de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones. A su posición se sumaron Galderisi, que es del estamento académico, y el senador radical Eduardo Vischi. El correntino ya había demostrado sus cualidades para ayudar en causas urgentes cuando en el Senado fue clave para voltear la comisión investigadora por la estafa Libra que salpica a Javier Milei. Votaron en contra de cerrar el expediente el presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau, y los consejeros Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Luis Juez.
El trámite responde a la presentación de más de un centenar de denuncias recibidas en el Consejo sobre un viaje en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.
El fundamento dado por los jueces consejeros es que el inicio ilegal del caso, por información sobre los magistrados implicados difundida en base a la difusión de interceptaciones telefónicas presuntamente hackeadas al celular de D’Alessandro, no permite la continuidad del caso. “No se puede convertir en legal lo que es ilegal”, dijo el consejero Lugones.
“Acá nadie habla de los hechos. Si hay un ciudadano siguiendo esta audiencia se puede preguntar de qué estamos hablando”, replicó la consejera Vanesa Siley, que es diputada nacional del PJ.
“Estamos hablando de cuatro jueces federales que los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de tres días, un fin de semana largo, al hotel del empresario Joe Lewis en Lago Escondido. Pago el transporte, la estadía, lo que fue consumido allí. Luego según lo planteado intentaron fraguar este viaje pago diciendo que lo habían pagado de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas que acreditaran sus gastos. Estos son los hechos. Y nadie habla de esto. Estamos con eufemismos para no contar los hechos”, agregó Siley.
Para Siley no es labor del Consejo de la Magistratura determinar si se cometió un delito. “Acá lo que tenemos que ver si es ético que una empresa, el grupo Clarín, pague un viaje, y a los meses se resuelva una causa que beneficia al grupo, como el caso de Cayssials, que favoreció a Telecom”, planteó. “Un juez puede no haber sido declarado culpable de cometer un delito y sin embargo ser removido de su cargo o ser sancionado”, avanzó.
Para rechazar el trámite, el juez Barroetaveña sostuvo que “sabemos desde el comienzo que hay denuncias totalmente infundadas”. Adujo que hay un análisis fundado que explica con sobrados elementos la resolución que pedía desistir el proceso disciplinario. “Firmé ese dictamen. Estoy convencido de que es fundado y que está bien la decisión”.
A esos planteos el consejero Rodolfo Tailhade, diputado nacional por Unión por la Patria, le contestó bordeando la indignación. “La vergüenza de esto no tiene límites. No se ha desvirtuado la acusación que tienen los jueces. La causa se terminó porque se anuló. Pero no quedan sin sustento los cuestionamientos sobre la falta ética y moral de los magistrados”.
Tailhade dijo que había que avanzar en medidas de prueba que se habían hecho en el mismo Consejo en otros casos. “Por ejemplo se cargaron a (Eduardo) Freiler con la causa penal fenecida. Se cargaron a un camarista penal. Claro que estamos para discutir esto. ¿Dónde si no nos vamos a enterar de las cosas? Lo que es bochornoso es que se explicite tan claramente la voluntad de impunidad para proteger a estos jueces.”
El caso analizado ocurrió entre el 13 y 15 de octubre de 2022. La imputación es por el presunto regalo de ser trasladados, alojados a costas de integrantes del partido PRO y del propio Lewis en su residencia.
Según planteos recogidos en el dictamen votado negativamente, se consideró que las conductas denunciadas colocaban “en sería crisis la imparcialidad e independencia, así como la honestidad e idoneidad ética que -según manda la Constitución Nacional- cabría esperar de los magistrados aquí denunciados”.
La Fiscalía de Bariloche, que primero tuvo el caso hasta que reclamó la competencia Comodoro Py, detectó irregularidades con la emisión de las facturas de la estadía que se hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o estatales, no así de los privados.
Según consta en el legajo analizado este martes en la sesión del Consejo, eso sucedió con fecha muy posterior al viaje, el 28 de octubre. “Esto en el contexto de audios que se conocieron, donde el juez Ercolini, entre otros, sugieren realizar justamente este acto de encubrimiento al solicitar facturas fraudulentas para aparentar que ellos abonaron dichos gastos y evitar la imputación por violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, aceptación de dádivas y/o negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas”, señala el informe cuya investigación en el Consejo hoy fue desestimado.
