La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó sin efecto una medida que ordenaba rehabilitar el CUIT de Juana Elsa Brahim, acusada de integrar una usina de facturación apócrifa cuyo cerebro sería su yerno, el contador Walter Pasko, hoy detenido. Fue tras hacer lugar a un recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó una medida cautelar que había ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) la rehabilitación del CUIT y la clave fiscal de Juana Elsa Brahim, una jubilada chaqueña de 74 años, procesada por presunta participación en una asociación ilícita fiscal, cuyo cerebro sería su yerno, el contador, Walter Pasko, hoy detenido.
La resolución, firmada el miércoles de esta semana por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, anuló la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el 17 de diciembre de 2024. En esa oportunidad, se había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la defensa de Brahim, habilitándola a operar con su CUIT y clave fiscal por un plazo de seis meses.
En su apelación, el organismo recaudador alegó que la resolución carecía de fundamento, resultaba arbitraria y desatendía elementos clave del caso, entre ellos, la participación activa de Brahim en maniobras de facturación apócrifa. En ese sentido, sostuvo que la clave fiscal de la imputada fue utilizada en el marco de la causa penal “Pasko, Walter Antonio y otros s/ Asociación Ilícita e Infracción al art. 303 inc. 1”, donde Brahim ya se encuentra procesada como integrante de la organización.
Además, ARCA advirtió que la actora carece de actividad económica real —salvo el alquiler de un campo rural— y que su situación fiscal presenta múltiples irregularidades: no presentó declaración jurada de Ganancias ni Bienes Personales en 2022, y en IVA registró inactividad o incumplimientos desde 2020. También señaló que la firma “La Reina del Norte S.A.S.”, de la que Brahim figura como socia, fue clasificada como una “usina” sin capacidad operativa, económica ni financiera.
En su fallo, la Cámara reconoció que si bien las medidas cautelares innovativas pueden admitirse para evitar daños irreparables, en este caso no se cumplían los requisitos legales para sostenerla. Las juezas recordaron que la inclusión de Brahim en la base de “contribuyentes no confiables” se fundó en facultades legales de verificación y fiscalización de la AFIP, y que la sanción se apoyó en una resolución fundada y con presunción de legitimidad.
El tribunal entendió que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado por la jubilada, ni el peligro en la demora que justifique mantener la cautelar. En consecuencia, revocó la medida dispuesta en primera instancia, dejando firme la suspensión de su clave fiscal y su inclusión en la base APOC, que contiene registros de facturas o documentos equivalentes que han sido calificados como apócrifos.
¿Que significa tener bloqueado el CUIT? Significa que la persona física o jurídica no puede operar fiscalmente de manera normal. Algunas de las consecuencias incluyen la imposibilidad de emitir facturas, restricciones en trámites fiscales y limitaciones en el acceso a servicios de ARCA.
Cabe recordar que a comienzos de este mes, Brahim logró una resolución favorable por parte del mismo tribunal, aunque de manera momentánea. La Cámara consideró en esa ocasión que el recurso interpuesto por ARCA debía tramitarse con “efecto devolutivo”, lo que implica que la medida judicial sigue vigente mientras se resuelve la apelación. En otras palabras, la CUIT de Brahim iba a seguir activa hasta que haya una decisión definitiva.
El Tribunal había rechazado el planteo que pretendía que la apelación tuviera “efecto suspensivo”, es decir, que frenara la medida cautelar hasta tanto se tome la decisión definitiva. Para las juezas, acceder a ese pedido hubiera significado “desnaturalizar la decisión judicial” y poner en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos frente al Estado.
Asociación ilícita
En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Resistencia, respecto de una organización criminal dedicada a emitir facturas truchas desde el Chaco, Brahim está procesada por el delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de integrante.
Esta medida fue confirmada en agosto del año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones. Sobre ella también pesa un embargo por casi 950 millones de pesos sobre sus bienes y tiene prohibida la salida del país.
En aquella ocasión, también se confirmó el procesamiento de su hijo, el contador, Walter Pasko y Adrián Ayala por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de jefes de la organización. Ambos se encuentran detenidos desde hace dos semanas y embargados por 1.400 millones de pesos a cada uno.
Los videos en los cuales se lo ve a Ayala contar miles de millones de pesos en efectivo en su departamento, con la ayuda de sus hijos y otros colaboradores, fue el detonante para que se efectivicen ambas detenciones, las cuales vienen con demora: solicitadas hace más de un año por el fiscal, Patricio Sabadini, ambas fueron sistemáticamente desestimadas tanto por la jueza, Zunilda Niremperger, como por la Cámara Federal de Apelaciones de la capital chaqueña, con el argumento de que los imputados siempre cumplieron con las obligaciones procesales dentro del procedimiento judicial.
La esposa de Ayala, la empresaria María José Reinau, dueña del salón de belleza “Brilla”, también quedó procesada. Se le trabó un embargo por idéntico monto que a su marido y también se la imputó el delito de lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la banda.
La esposa de Pasko, la abogada Diana Daniel y el hermano del contador, Álvaro Pasko, quedaron procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también en calidad de integrantes. Al igual que a Brahim, a ellos también se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país. En tanto que a Carlos Pasko se le dictó la falta de mérito, sin perjuicio de que pudiera reveerse esta situación en caso de que surja alguna prueba que lo involucre.
Algo en común
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido. A este grupo se le añadió un periodista de Resistencia.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Posteriormente se constató que, abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes con la intención de generar IVA crédito de manera fraudulenta.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiques facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”. La AFIP estimó una evasión impositiva de más de $115 millones.
En esta causa en particular, las facturas se emitían con dos finalidades específicas: por un lado, generar crédito fiscal espurio para que empresas y personas físicas paguen menos IVA de manera ilegal; y por otro, conciliar la caja con las reales salidas de fondos validando gastos de organismo públicos que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en otros términos: blanquear dinero de la corrupción estatal.
