Es el Estado quién debe garantizar las acciones que custodien las trayectorias escolares, ya que el desafío es siempre lograr que las mismas se den de manera continua y completas. Por eso es fundamental determinar claramente qué políticas socioeducativas van a acompañar dichas trayectorias, no sólo para llevarlas a cabo, sino para cumplir con la ley. Acá cabría preguntarse hasta qué punto es legal degradar el Ministerio de Educación en una Secretaria, como lo hizo el gobierno de Milei.
No se puede decir, por ejemplo, que en cuatro meses se lograron resultados en lectura (sean buenos o malos resultados), porque evaluar estos procesos requieren mucho más tiempo del que expresa el ministerio de Zdero. La escolaridad siempre está atravesada por muchas variables y factores, que gobiernos como los actuales, tanto a nivel nacional como provincial, tienen la costumbre muy arraigada de negarlas.
¿En la última prueba Aprender Alfabetización 2024, se consideró contextualizar, por ejemplo, que los niños y las niñas evaluados pasaron por una Pandemia en los inicios de su propia escolaridad? (los niños evaluados en esta prueba tienen entre 7 u 8 años).
Una evaluación comprometida con el aprendizaje, no puede ser desconectada del mismo proceso de enseñanza. Por eso muchas veces, son objetadas las pruebas estandarizadas de evaluación, vinculadas a cualquier campo del saber. Porque los contextos de quienes son evaluados son fundamentales para saber y entender cómo está aprendiendo el sujeto de ese proceso, asunto que en estos formatos se desconocen. No se ponen como eje en los criterios de evaluación. No sólo cuenta cuántas palabras son leídas, sino su comprensión, sentido y significado.
En un contexto de familias empobrecidas, con un Estado que cada vez atiende menos a los sectores más vulnerables. Con gobiernos que fomentan la desconfianza y el odio a cualquier sector que está en desventaja, es muy difícil sostener la confiabilidad de números que no dicen otra cosa que son un recorte arbitrario de la realidad de los evaluados y sus docentes evaluadores.
La evaluación debe ser procesual y de acompañamiento a quien está aprendiendo, a su ritmo y propio desarrollo, no de manera individual, sino personal. La evaluación no puede ser unidireccional, desvinculada y separada de las circunstancias de quién aprende y de quién enseña. Sino sólo serán números para el impacto y el espectáculo, pero no para tomar decisiones pedagógicas, didácticas, de formación docente y de diseño de políticas educativas serias.
La manera en que el Estado asuma su rol indelegable en materia educativa, porque es quien tiene el mandato por ley de ser el custodio del derecho a la educación de la población en nuestro país, será fundamental y determinante para muchos niños, niñas y jóvenes, incluso adultos. Los gobiernos toman decisiones políticas sobre cómo llevar adelante su responsabilidad. Esto quiere decir que no contemplar, entre los factores determinantes, la falta de políticas socioeducativas, sus interrupciones y desfinanciamientos, sobre todo en un contexto donde se decide que la mejor política pública en Educación, es achicar el Estado, es dejar a las familias y sus niños y niñas despojados de oportunidades y futuro.
Recortar las políticas socioeducativas, es desconocer las desigualdades que después se ponen en valor para descalificar a sectores enteros de una sociedad siempre atacada por políticas de exclusión y desamparo, como las que lleva el gobierno nacional y en nuestra provincia se las refleja, se las imita y se las justifica. Hacer cortes para realizar una evaluación descontextualizada y totalmente desvinculada de las circunstancias que rodean al niño y su familia, es una evaluación que no tendrá ningún vínculo confiable para ayudar a diseñar métodos, estrategias y acciones pedagógicas que auxilien al estudiante, al docente, a las instituciones y sus comunidades.
Entregar libros, notebook, materiales digitales, Aulas Digitales Móviles (ADM), programar una formación docente con sentido comunitario, como agente del Estado, como custodio del derecho a la educación de sus estudiantes y asimilar las escuelas como el territorio donde acontecen muchas veces realidades que la exceden a ella misma; es crucial para pensar maneras más confiables de saber sobre cómo están transitando los niños y niñas por ellas. Creer que todo depende del mérito individual desconociendo entornos, circunstancias y ambiente es un acto de suma injusticia pedagógica, crueldad e insensibilidad con los más vulnerables.
Un dato que no puede pasar desapercibido porque explica lo que se sostiene en este texto, es que el 74% de las escuelas estatales usan libros que provienen de sus propias bibliotecas, incluyendo docentes y alumnos, mientras que en escuelas privadas sólo el 55% usa libros. Entonces la decisión de entregar miles de libros bajo distintos planes y programas durante muchos ciclos lectivos, no es un dato o información más, sino que demuestra la importancia del vínculo con los materiales que son esenciales para fomentar la lectura.
La entrega de libros como política socioeducativa es sin ninguna duda una acción concreta en números y en resultados cuantitativos y cualitativos. Si se pretende lograr resultados en lectura, tener libros al alcance es fundamental. Si se pretende según los propios criterios del dispositivo de evaluación, alcanzar resultados estandarizados, se debe poner a todos los estudiantes en el mismo umbral de inicio.
Si se retiran las políticas públicas como soporte de igualar oportunidades, si la justicia social se convierte en un principio a despreciar, nunca puede considerarse una evaluación desvinculada como la manera de explicar la realidad de quien aprende. Los que hablan todo el tiempo de herencia, no toman conciencia de que están construyendo la suya.
*Por Profesora Analía Flores, Diputada provincial
*Especialista en Docencia Universitaria, Ex Directora Gral. De Políticas Socioeducativas del MECCYT