El comisionado del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), Kevin Nielsen, advirtió que no se piensa en el impacto real de la medida y que las cárceles están sobrepobladas. Además, señaló que en los países que se implementó, como México y Brasil, no bajaron los índices de criminalidad juvenil. Criticó, además, que no se discute la inversión en prevención, porque la ley penal siempre llega tarde.
“Hay países que antes de sancionar cada ley hacen un cálculo actuarial, estadístico, muy anclado en la realidad de cómo va a repercutir determinada reforma X sobre lo que sea en el plano de la realidad. En este caso nuestros sistemas de encierro a nivel país -y esto sí es de público conocimiento- están absolutamente colapsados”, aseguró Kevin Nielsen, respecto al proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad que esta semana logró dictamen de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación.
En ese sentido, insistió en que “nosotros tenemos una superpoblación muy preocupante en sedes penitenciarias y una superpoblación alarmante en las comisarías de todo el país. Aquí el Chaco no es la excepción, lo hablamos muchas veces. Y cuando se habla del debate de la baja de edad de punibilidad generalmente, y nos ha pasado a nosotros también hablando con legisladores, no se conoce cuáles son las realidades de los contextos de encierro donde hoy están alojados los adolescentes punibles”.
Al respecto, advirtió que “lo que nosotros decimos es que en ningún lugar del debate está cuál es la realidad que hoy sí está documentada, donde sí tenemos información gracias a los mecanismos de prevención de la tortura que trabajan las provincias, subsecretarías de Niñez, defensorías de Niñez, etcétera, que sí está muy documentado el estado de estos lugares”.
“¿Cómo tiene el Estado hoy a los adolescentes de más de 16 años? Son lugares que están en condiciones deplorables, lugares en donde no se logra el objetivo de la medida socioeducativa que indica la ley para estos adolescentes”, precisó.
En ese sentido, sostuvo que “si bien los proyectos que están en danza todos hablan de un abordaje especial, hablan de un abordaje donde se va a hacer hincapié en la educación, en la contención cultural, educativa, etcétera…sí, en la letra de la ley esto es muy lindo, pero hoy en día los lugares que ya deberían funcionar así, en la mayor parte del país, funcionan muy mal”.
“Son muy similares a cárceles de adultos, donde inclusive hay veces que las condiciones son aún peores. Creo que no están preparados, sobre todo los Estados provinciales, que son los que se van a tener que hacer cargo de este problema y que muy pocas veces son consultados respecto a este tipo de iniciativas para alojar a esta nueva población penal que va a empezar a ser alojada”, alertó Nielsen en diálogo con CIUDAD TV.
Medidas alternativas al encierro
El comisionado señaló que “cuando nosotros analizamos la población de adolescentes que comete delitos graves al punto de ser privados de libertad, han sido detectados por el Estado de múltiples oportunidades. De hecho esto es lo que pasó por ejemplo en el caso de Kim, esto es lo que pasa en los casos mediáticos. El Estado ya detectó que tenían un conflicto con la ley penal, que tenían falta de contención familiar, falta de contención educativa, que tenían consumo problemático de sustancias y lo que estamos ahora es haciendo lo que siempre hace el sistema penal, pensar que con el encierro que siempre llega después de un hecho muy grave, es decir que no lo previene por naturaleza. El sistema penal trabaja sobre las consecuencias, vamos a solucionar un problema que los Estados no están pudiendo solucionar antes”.
“Porque hay muchas medidas de lo que se llaman medidas penales en el territorio. ¿Qué significa esto? Medidas penales distintas al encierro. Cuando todos hablamos de medidas penales pensamos en el encierro, sin embargo la pena de prisión es una de las penas”, reflexionó Nielsen.
“En los adultos, por ejemplo, hay pena de multa, pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, otro tipo de penas. Bueno, en los adolescentes también existen estas otras medidas, pero que sin embargo no se está hablando de qué puede hacer el Estado para invertir en estas otras medidas que requieren una inversión comunitaria que son mucho más efectivas para que no se produzca el hecho más grave. Nos estamos centrando en la consecuencia que es esperar que ante los delitos más graves, ver qué podemos hacer con esa persona y la solución es encerrarlo”, insistió.
El caso de Chaco
Por otro lado, Nielsen subrayó que “los estándares internacionales indican que los adolescentes tienen que ser alojados en lugares distintos a los adultos, con lo cual hoy en día en la provincia de Chaco hay una prohibición absoluta de alojar adolescentes en comisarías. Aquí en la provincia tenemos el centro socioeducativo Aldea Tres Horquetas, que es un centro además especializado, gestionado por civiles, con una seguridad perimetral sí provista por el servicio penitenciario. Esto no fue casualidad, tuvo que ver mucho con el litigio habeas corpus mediante, el Comité para la Prevención de la Tortura, etcétera, para que ese lugar esté relativamente en buenas condiciones”.
En cambio, el abogado advirtió que “hay otras provincias donde estos lugares son gestionados por los servicios penitenciarios, donde en teoría uno va a la ley y dice deben ser lugares más similares a escuelas, donde estén todo el día adentro formándose, consumiendo una cultura sana, creando una cultura de la educación, del trabajo, del esfuerzo, vinculándose con la familia, recuperándose de un consumo problemático. Y lo que vemos son regímenes carcelarios, regímenes de encierro permanente, hasta 23 horas en celda, muy similar, inclusive a veces peores, a lo que tienen los adultos. Y nosotros venimos denunciando y señalando esta situación”.
En ese sentido, reveló que “estos adolescentes que atraviesan estos contextos de encierro, que a veces lo atraviesan por uno o dos años, no solamente no están saliendo mejor, sino que tal vez este abordaje penal está agravando el problema, es decir, que está destruyendo la psiquis de los adolescentes que lo atraviesan. Ni que hablar de la violencia policial, del hostigamiento, que también suele ser un fenómeno que afecta particularmente a los adolescentes que tienen un conflicto con la ley penal”.
“Cuando decimos conflicto con la ley penal nos referimos a desórdenes, disturbios, daños a la propiedad, pequeños delitos contra la propiedad que se cometen generalmente para solventar un consumo problemático, o inclusive también hay una cuestión de subcultura criminal que tiene que ver con adscribir a ciertos gustos, la cultura del ‘pibe chorro’, como generalmente se le denomina. Todo esto que el Estado podría abordar y que los estándares internacionales dicen que el Estado tiene que estar en los barrios conteniendo con clubes, con escuelas, con centros comunitarios”, explicó Nielsen.
Mencionó el caso del trabajo realizado por la sede de Sedronar en Fontana en la que “hay un muy buen ejemplo de pibes que pasan, que por ahí están a veces en situación de calle, pero pasan casi todo el día contenidos por los operadores sociales y gracias a eso hoy no están delinquiendo”. Sin embargo, advirtió que ahora el Estado “en lugar de invertir en estos lugares ha cambiado el enfoque, ha decidido cambiar el enfoque y muy probablemente sea ley. Muy probablemente, porque todo indica que se va a sancionar la ley, que es a partir de ahora, a partir de los 14 años, la respuesta va a ser el encierro. ¿Encierro en qué condiciones? Todo indicaría que las mismas condiciones que son alojadas los adolescentes hoy en día”.
Las mentiras de los medios
Nielsen advirtió que otro de los mitos que se pretende instalar es que hoy en día un adolescente de 14 o 15 años que comete un homicidio, el Estado “automáticamente” lo devuelve a los padres. “Y eso es mentira”, recalcó. En ese sentido, explicó que “hoy los sistemas de protección, que son un sistema distinto al sistema penal, lo que hace es institucionalizar a esos adolescentes, y esa institucionalización implica en los hechos privación de libertad, solamente que se hace en los denominados hogares. Por ejemplo, los denominados hogares que no tienen una estructura ni arquitectura ni un trato penitenciario policial, y que buscan trabajar sobre las causas de que esa persona con 14 años haya salido a hacer eso”.
“Porque, generalmente, no es casualidad, insisto, obedecen siempre a los mismos patrones, suelen ser del mismo estrato socioeconómico, suelen estar atravesados por las mismas problemáticas, suelen haber estado inmersos en una vorágine en la cual muchos pibes hoy en día, con los que uno habla, que cometieron delitos y están encerrados en estos lugares, ni siquiera se acuerdan del delito que cometieron”, concluyó.
Áreas desfinanciadas
Con respecto a las áreas que debieran trabajar en la contención de los adolescentes, Nielsen advirtió que “lo que falla es el Estado, el Estado en sí, porque hay áreas específicas, caso de Chaco, Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia, con una línea específica para las situaciones de abandono, porque muchas veces tienen que ver con situaciones de abandono, de consumo problemático, es decir, el Estado los detecta”.
“Una posible medida es la entrega a los padres u otros referentes afectivos, tal vez tiene una familia disfuncional respecto a sus padres y hay un tío, una tía, un abuelo, que el Estado luego de un análisis a través de un equipo interdisciplinario entienda que es un ambiente más contenido, puede alojarlo ahí y luego de eso debe haber un seguimiento de la situación y un abordaje. Lo que sucede, por definición, no solamente en la provincia del Chaco, sino en general que estos lugares, estas áreas del Estado, suelen estar profundamente desfinanciadas. Pensemos cuántas veces vemos que los gobernadores anuncian entrega de patrulleros y cuántas veces anuncian que entregan móviles para las líneas de atención a las niñeces vulnerables”, describió.
“Generalmente no pasa o no se anuncia. Veamos cuántas personas, cuántos trabajadores o trabajadoras sociales hay en las áreas de Desarrollo Social, que son los que van a la casa del pibe, que ven cómo está, que lo llevan a la escuela, que le hacen un seguimiento personalizado, que trabajan sobre su consumo, y cuántos policías hay en la calle…El Estado sigue vendiendo a la inversión en policía y en infraestructura penitenciaria como la solución a los problemas de la criminalidad”, reflexionó Nielsen.
“El policía hace lo que puede, va, interviene, si hay un hecho, un delito se está cometiendo lo interrumpe, va, cumple una orden de un fiscal, aprende a una persona, lo traslada, pero no puede hacer más que eso. Generalmente y cualquier policía que está escuchando sabe que en los barrios se le pide que sea mediador, que resuelva conflictos familiares, que intervenga en cuestiones de violencia doméstica, para lo cual el Estado debería tener otras agencias con gente muy especializada y bien paga para poder hacer eso”, insistió.
En ese contexto, Nielsen advirtió que “la precarización laboral hace que inclusive en muchos lugares, gente muy formada y muy mal paga, termine trabajando en otro lugar, se vaya al sector privado, psicólogos, trabajadores sociales, que por cobrar muy poco en estos lugares, que tienen mucha vocación de atender a los adolescentes en conflicto o con muchas vulnerabilidades, terminen trabajando en concesionarias, en telemarket, entonces en definitiva nosotros vemos hoy el fracaso de cuando un adolescente comete un delito grave y lo que no vemos es cómo el Estado fracasó antes con ese mismo adolescente, eso es lo que por ahí no se está hablando”.
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