La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que intentaba frenar la decisión judicial de rehabilitar el CUIT de Juana Brahim. Madre del contador Walter Pasko, recientemente detenido en una megacausa por emisión de facturas truchas y lavado de dinero, Brahim también está procesada en el mismo expediente, pero en calidad de integrante de esa asociación ilícita fiscal. Sobre ella, pesa un embargo por casi mil millones de pesos.
A pesar de estar procesada por el delito de asociación ilícita fiscal en una causa por emisión de facturas truchas por montos multimillonarios, Juana Brahim podrá continuar facturando. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia al desestimar un recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que intentaba frenar la decisión judicial de rehabilitar el CUIT a la madre del contador Walter Pasko, recientemente detenido por la misma causa, acusado de ser el cerebro detrás de este entramado ilegal.
El fallo, firmado el lunes por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, confirmó una medida cautelar previa que había ordenado dejar sin efecto la cancelación del CUIT y clave fiscal de Juana Elsa Brahim. ARCA había apelado esa decisión, argumentando que afectaba su capacidad para controlar posibles maniobras fraudulentas, y sostuvo que el caso tenía implicancias de “gravedad institucional”.
Sin embargo, el Tribunal consideró que el recurso interpuesto por el organismo debía tramitarse con “efecto devolutivo”, lo que implica que la medida judicial sigue vigente mientras se resuelve la apelación. En otras palabras, la CUIT de Brahim seguirá activa hasta que haya una decisión definitiva.
La Cámara rechazó el planteo de ARCA, que pretendía que la apelación tuviera “efecto suspensivo”, es decir, que frenara la medida cautelar. Para las juezas, acceder a ese pedido hubiera significado “desnaturalizar la decisión judicial” y poner en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos frente al Estado.
En los fundamentos, el Tribunal cuestionó también la constitucionalidad de una parte de la Ley 26.854, que otorga efecto suspensivo automático a las apelaciones del Estado contra medidas cautelares. Citando doctrina y fallos anteriores, consideraron que esa norma puede usarse para bloquear derechos de las personas mientras se tramitan los recursos, lo que calificaron como “irrazonable”.
La causa principal por lavado de activos continúa su curso en la justicia federal, pero mientras tanto, la decisión permite a Brahim continuar utilizando su clave fiscal y operar formalmente ante la AFIP.
Procesamientos y embargos
En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Resistencia, respecto de una organización criminal dedicada a emitir facturas truchas desde el Chaco, Brahim está procesada por el delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de integrante.
Esta medida fue confirmada en agosto del año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones. Sobre ella también pesa un embargo por casi 950 millones de pesos sobre sus bienes y tiene prohibida la salida del país.
En aquella ocasión, también se confirmó el procesamiento de su hijo, el contador, Walter Pasko y Adrián Ayala por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de jefes de la organización. Ambos se encuentran detenidos desde hace dos semanas y embargados por 1.400 millones de pesos a cada uno.
Los videos en los cuales se lo ve a Ayala contar miles de millones de pesos en efectivo en su departamento, con la ayuda de sus hijos y otros colaboradores, fue el detonante para que se efectivicen ambas detenciones, las cuales vienen con demora: solicitadas hace más de un año por el fiscal, Patricio Sabadini, ambas fueron sistemáticamente desestimadas tanto por la jueza, Zunilda Niremperger, como por la Cámara Federal de Apelaciones de la capital chaqueña, con el argumento de que los imputados siempre cumplieron con las obligaciones procesales dentro del procedimiento judicial.
La esposa de Ayala, la empresaria María José Reinau, dueña del salón de belleza “Brilla”, también quedó procesada. Se le trabó un embargo por idéntico monto que a su marido y también se la imputó el delito de lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la banda.
La esposa de Pasko, la abogada Diana Daniel y el hermano del contador, Álvaro Pasko, quedaron procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también en calidad de integrantes. Al igual que a Brahim, a ellos también se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país. En tanto que a Carlos Pasko se le dictó la falta de mérito, sin perjuicio de que pudiera reveerse esta situación en caso de que surja alguna prueba que lo involucre.
También se ordenó el embargo de los bienes de las empresas y cooperativas involucradas en la maniobra, las cuales son: Fundación Amarte, Fundación Manos de Vida, Fundación Insert-Arte, Fundación Solidaria es una elección de Vida, Fundación Brilla Mujer, Cooperativa de Trabajo Solidaridad es Mi Mundo, Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando, Cooperativa de Trabajo Construir Más, Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III, Ferraya Sociedad Anónima Simplificada (SAS), Tercer Norte SRL, La Reina del Norte SAS, Soluciones Impositivas SAS y Friva (Cooperativa de Productores Ganaderos de la Sociedad Rural de Villa Ángela, de Provisión, Comercialización e Industrialización Limitada). El total embargado en este punto supera los 670 millones de pesos.
El origen
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
A este grupo se le añadió un periodista de Resistencia. A él no lo visitaron los inspectores, sino que se dio cuenta de la irregularidad al constatar que su CUIT estaba bloqueado debido a que la AFIP señaló irregularidades. El fisco le informó que entre 2021 y 2022 tenía facturas emitidas por $21 millones, un monto notablemente mayor al que usualmente facturaba.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Posteriormente se constató que, abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes con la intención de generar IVA crédito de manera fraudulenta.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiques facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”. La AFIP estimó una evasión impositiva de más de $115 millones.
La red
Además, Pasko montó una red de empresas y cooperativas que casi no tenían actividad (no tenían empleados ni compraban materiales) pero que emitían una gran cantidad de facturas por supuestos servicios prestados. En algunas, está registrado como cotitular y en otras como asesor contable.
Las facturas, en este caso, fueron entregadas en su gran mayoría a organismos públicos, principalmente al Instituto de Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde trabajaba su esposa, Diana Daniel. Estas cooperativas y empresas de dudosa existencia emitieron facturas por más de $440 millones, solamente al IAFEP.
La emisión y utilización de facturación apócrifa es funcional para el delito de evasión de impuestos, para el lavado de activos ilegales y la corrupción.
Una factura trucha involucra una documentación comercial que, pudiendo cumplir recaudos formales, no se condice con la realidad de los hechos y o sujetos intervinientes en una operación que se intenta respaldar.
La intención es la simulación de un hecho económico con transcendencia tributaria, que puede involucrar una falsedad ideológica (el comprobante instrumentalmente es válido, pero trasmite una verdad adulterada) o una falsedad material del comprobante (no existe como tal).
En esta causa en particular, las facturas se emitían con dos finalidades específicas: por un lado, generar crédito fiscal espurio para que empresas y personas físicas paguen menos IVA de manera ilegal; y por otro, conciliar la caja con las reales salidas de fondos validando gastos de organismo públicos que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en otros términos: blanquear dinero de la corrupción estatal.
LITIGIO
