En el marco de la acción de amparo presentada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, para exigir asistencia con agua y alimentos a la comunidad wichí —proceso que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6— el Ministerio de Desarrollo Humano reconoció oficialmente que las familias deben esperar siete semanas para recibir un módulo alimentario.
La información surgió de un informe incorporado al expediente judicial, en el cual el gobierno provincial detalló su estrategia para afrontar la emergencia en El Impenetrable. Todo esto ocurre mientras continúan los cuestionamientos por el elevado gasto gubernamental en cartelería callejera, publicidad en redes sociales y medios tradicionales, y contratación de figuras del espectáculo como Carolina “Pampita” Ardohain, quien estuvo la semana pasada en el provincia promocionando los meteoritos de Gancedo.
“Las entregas de módulos se realizan aproximadamente cada 50 días”, admitió Lorena Kaenel, coordinadora provincial del Plan Ñachec, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Según el informe al que accedió LITIGIO, la funcionaria explicó que el plazo se debe a las “particularidades del terreno” y las frecuentes “condiciones climáticas adversas”.
No obstante, Kaenel sostuvo que “el compromiso de todos los actores involucrados ha permitido que la ayuda llegue de manera oportuna a las comunidades, fortaleciendo el tejido social y la resiliencia de la región”.
En su presentación, fechada el 24 de marzo pasado, Kaenel —exasistente del Secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico— también informó que entre abril y septiembre de 2024 se distribuyeron unos 62.320 módulos alimentarios en la Región VIII. Luego, entre octubre y diciembre, mediante la licitación del programa social Ñachec, se sumaron alrededor de 40.550 módulos más. Los destinos principales fueron Misión Nueva Pompeya, Comandancia Frías, El Sauzalito, Wichí El Pintado y los parajes rurales cercanos.
Sin embargo, los módulos entregados a través del programa Ñachec están lejos de cubrir adecuadamente las necesidades alimentarias básicas. Con suerte, alcanzan para (mal) alimentar a una familia durante apenas 10 días. Cada caja contiene: 400 gramos de lentejas secas, un kilo de azúcar, un kilo de harina de maíz, un kilo de harina de trigo, un kilo de arroz, una botella de 900 cc de aceite de girasol, un kilo de yerba mate y 800 gramos de leche en polvo.
Al comparar este contenido con la histórica caja PAN —implementada durante el gobierno de Raúl Alfonsín hace 40 años y que fue de directa inspiración para la creación de la Ñachec— las diferencias resultan evidentes. La PAN incluía dos kilos de leche en polvo, dos kilos de harina de trigo, dos kilos de harina de maíz, dos litros de aceite, un kilo de fideos, un kilo de arroz, un kilo de porotos y un kilo de carne enlatada, y, por si fuera poco, se entregaba con mayor periodicidad: una vez por mes.
La caja Ñachec tiene un menor aporte proteico debido a la ausencia de carne enlatada y la menor cantidad de leche en polvo. También proporciona menos calorías, ya que la cantidad de aceite es inferior a la de la caja PAN. Además, contiene menos fibra. A esto se suma la inclusión de azúcar en Ñachec, un producto que no aporta nutrientes esenciales y cuya presencia en un programa de asistencia nutricional es cuestionable.
“Efectos nefastos”
Tal como ocurrió en 2007, cuando la Corte Suprema ordenó al gobierno del Chaco garantizar condiciones de vida dignas para las comunidades indígenas y evitar así el “exterminio silencioso” al que estaban siendo expuestos, una vez más la Justicia ordenó la implementación de medidas urgentes que enfrenten la pobreza crónica, la falta de alimentos y la escasez de agua potable en El Impenetrable chaqueño.
En esta ocasión, lo hizo el juez Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la Defensora General Adjunta del Chaco. Fechada el 18 de marzo, la sentencia ordena al gobierno de Zdero a garantizar la provisión de forma “continúa, oportuna y adecuada” de agua potable y alimentos a la comunidad Wichí asentada en El Impenetrable, además de reforzar las acciones gubernamentales en este sentido. Todo esto hasta tanto se resuelva la acción de amparo que se tramita en dicho juzgado.
La medida alcanza a las comunidades asentadas en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías; Fortín Belgrano y todas aquellas ubicadas en el Departamento General Güemes.
Tras evaluar las pruebas presentadas por la Defensora General Adjunta, así como de los informes entregados por el propio gobierno provincial, el magistrado consideró que el pueblo Wichí se encuentra en una situación de “extrema pobreza”, y que dicha situación es “consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas por parte del Estado Provincial”.
Asimismo, advirtió que la gestión de Zdero llevó a cabo medidas que resultan a todas luces “insuficientes a efecto de satisfacer, en tiempo y forma, las necesidades humanas básicas de los pueblos originarios accionantes”. Añadió como agravantes de esta situación las amplias distancias que existen entre las localidades y parajes con los centros urbanos y la constante discriminación que sufren dichas comunidades.
Consideró que existe un “presupuesto del peligro en la demora” dado que se trata de acceso a cuestiones básicas y vitales como lo es una alimentación adecuada y contar con agua potable. Señaló en este sentido que la urgencia en la aplicación de la medida cautelar “resulta evidente” especialmente teniendo en consideración que el “mero transcurso del tiempo hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva” podría tener “efectos nefastos” en las comunidades.
En lugar de acatar directamente la decisión judicial, que resulta a todas luces razonable y humanitaria, la gestión provincial la apeló. La Fiscalía de Estado del Chaco señaló que la presentación de la Defensora General Adjunta se basa en planteos “abstractos” y que “no acredita ni someramente o mediante una presentación seria que respalde o justifique tal petición, la falta de asistencia en esas áreas, ni contrarresta con prueba alguna en contrario o contradice los informes presentados al respecto”.
Para el Ejecutivo, la defensora general no contradijo “las medidas que positivamente se vienen llevando a cabo por la Provincia en la zona informadas en la causa” y consideró que la medida judicial fue dictada “con un claro fin efectista y/o publicitario”.
La apelación de la Fiscalía de Estado lleva la firma de la abogada Verónica Sudar Klappenbach y es patrocinada por el fiscal de Estado subrogante, Matías Kuray, hijo de la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle.
LITIGIO
