Gisela Gaúna Wirz, Defensora General Adjunta del Poder Judicial chaqueño, radicó una denuncia penal contra el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, Fernando Romero y la directora del Servicio Penitenciario, Gilda Maidana, por el operativo de traslado de quince personas privadas de su libertad que se realizó el 31 de marzo en Sáenz Peña. La denuncia afirma que la acción fue humillante y mortificante, carente de toda justificación legal.
El espectáculo de humillación pública, linchamiento mediático y propaganda política que montó el gobierno del Chaco el 31 de marzo pasado con el traslado de 15 detenidos hacia el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña significó la comisión de una serie de delitos que tuvieron como responsables a las principales autoridades del Ministerio de Seguridad, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.
Así lo consideró la Defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gaúna Wirz, en su denuncia penal presentada este lunes. Según pudo saber LITIGIO, la funcionaria denunció al ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; al jefe de Policía, Fernando Romero y a la directora del Servicio Penitenciario, Gilda Maidana por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, apremios y vejaciones. La denuncia radicada en la fiscalía 10.
La Defensora indicó que el operativo por el cual 15 personas que se encontraban cumpliendo sus condenas en comisarías de Sáenz Peña, Tres Isletas y Castelli fue planificado, autorizado y difundido como un evento público, en el cual se cursaron invitaciones oficiales a medios de comunicación, autoridades y vecinos para asistir a la exhibición y posterior traslado de personas condenadas desde comisarías del interior hacia el Complejo Penitenciario II.
El despliegue comenzó con la exposición de los presos en el predio de Ferichaco, un espacio ajeno al sistema penitenciario, donde fueron mostrados ante las cámaras antes de ser finalmente llevados al penal. Las imágenes fueron ampliamente difundidas por redes sociales oficiales, sitios del gobierno provincial y medios de comunicación.
“Se trató de una exhibición pública gratuita de personas condenadas, llegando incluso a cursar invitaciones a los medios y a funcionarios públicos a fin de publicitar esta parafernalia desplegada por motivos pretendidamente securitarios, alardeando posteriormente de la misma en las redes y páginas oficiales del gobierno.”, sostiene Gauna Wirz en el escrito.
La denuncia afirma que la acción fue humillante y mortificante, carente de toda justificación legal y contraria a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Se argumenta que fue una puesta en escena para mostrar mano dura, sin tener en cuenta los derechos de los internos.
“La organización, autorización y supervisión por parte del Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía y la Directora del Servicio Penitenciario del operativo de traslado de personas condenadas, caracterizado por una deliberada exposición mediática y exhibición pública inclusive en un predio ajeno al ámbito penitenciario, representa un abuso de la autoridad inherente a sus cargos”, indicó la Defensora.
Argumentó que dicha actuación “excedió los fines legítimos de un traslado, instrumentalizando el poder estatal con una finalidad posiblemente ajena a la seguridad o la resocialización, como la búsqueda de rédito político o mediático”.
“Vejatorio”
Consideró que al exponer innecesariamente a los detenidos a la atención pública y de los medios, los funcionarios incumplieron sus deberes de garantizar un trato digno y respetuoso a las personas bajo su custodia, contraviniendo los mandatos de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación penitenciaria. “Dicha exhibición revistió un carácter vejatorio, al someter a los detenidos a una situación humillante y mortificante que atentó contra su dignidad personal”, sostuvo.
Además, señaló que la decisión de ejecutar este operativo de manera pública, apartándose de los protocolos habituales de traslado y generando un espectáculo, se interpreta como vejaciones, “al haber incrementado el sufrimiento de los detenidos más allá de las limitaciones propias de la privación de libertad y contradiciendo el principio constitucional de que las cárceles están destinadas a la seguridad, no al castigo”.
La denuncia cita jurisprudencia, normas nacionales y tratados internacionales que prohíben expresamente la exposición pública de personas privadas de libertad. Entre ellos, la Convención contra la Tortura, las Reglas Mandela de la ONU y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Puso en duda que haya habido intervención judicial para autorizar que dicho procedimiento incluyera la exhibición pública de detenidos en la Ferichaco y que, por el contrario, los jueces de ejecución nunca se prestarían a semejante acto público.
Un precedente peligroso
El traslado, calificado como “histórico” por el propio Ministerio de Seguridad, fue repudiado en redes sociales, donde fue comparado incluso con el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, por el enfoque represivo y el uso del castigo como espectáculo.
La denuncia incluye material probatorio, como capturas de publicaciones oficiales, invitaciones a medios, videos y enlaces a notas periodísticas que documentan el operativo. Además, solicita una batería de pruebas y testimonios, fundamentalmente de autoridades policiales, penitenciarias y judiciales.
El escrito judicial concluye que las máximas autoridades de seguridad y del sistema penitenciario habrían actuado con un claro abuso de poder, utilizando recursos estatales con fines propagandísticos y en detrimento de la dignidad humana.
