El gobierno de Leandro Zdero promueve la transparencia como un valor central, pero en la práctica evita brindar información de interés público. A pesar de los pedidos formales realizados por LITIGIO, sigue sin responder sobre despidos en la administración pública y la evolución de los salarios de funcionarios. El acceso a la información es un derecho, pero la gestión provincial mantiene los datos en la opacidad.
Además de “orden” y “austeridad”, otra de las palabras que la gestión de Leandro Zdero repite con insistencia es “transparencia”. El gobernador y sus ministros la mencionan en cada declaración pública, casi como un mantra. Sin embargo, en la práctica, esta afirmación se incumple de manera sistemática. Pasó con diversos pedidos de acceso a la información presentados por este medio al secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, quien los respondió con groseras omisiones (aquí y aquí). Y ahora también pasa con la Secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, quien directamente optó por el silencio.
Abogada de profesión y conocedora de la administración pública (fue subsecretaria de Gobierno del municipio de Resistencia y coordinadora de la Dirección de Defensa al Consumidor), Meiriño mostró un total desinterés por evacuar consultas realizadas por LITIGIO sobre dos cuestiones elementales: despidos y salarios.
Para intentar acceder a dicha información, vale mencionar, existe una herramienta legal que cualquier ciudadano o ciudadana del Chaco puede utilizar. La Ley 1774-B de Acceso a la Información Pública establece que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información gratuita, completa, veraz, adecuada y oportuna de los Poderes, empresas y organismos que componen el Sector Público Provincial y de los Municipios de la Provincia. Se otorga un plazo de 15 días hábiles a partir de recibido el pedido formal de acceso a la información pública para responder, con la opción de una prórroga excepcional por el mismo tiempo.
Esta revista presentó los pedidos de acceso a la información el 9 de enero pasado, a través de la plataforma Mi Gobierno Digital. En primer lugar, se solicitó información sobre algo que se viene reiterando en el gobierno de Zdero: los despidos y bajas de contratos. Un caso paradigmático es el del multimedio estatal “Somos Uno”, con más de un centenar de trabajadores que quedaron en la calle.
Se pidió que se indique la cantidad de personadas despedidas y contratos laborales dados de baja en la órbita de la Administración Pública Central, organismos autárquicos, entes descentralizados, empresas del Estado, empresas de capitales mixtos con mayoría estatal y sociedades del Estado desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha.
Además, se requirió que se especifiquen los motivos de las desvinculaciones, porcentaje de ahorro estimado de dichas bajas en relación al Presupuesto General y que se indique si se pagaron indemnizaciones y el monto total de las mismas.
En simultáneo, se solicitó información de lo que se sabe poco y nada: los salarios de los funcionarios provinciales y cómo fue aumentando desde la llegada de Zdero al poder. El pedido apuntó a requerir datos detallados sobre los salarios netos y brutos de diversas autoridades provinciales, incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y responsables de empresas estatales y organismos descentralizados. Para realizar esta comparativa, se pidió que se informe sobre los salarios de enero y noviembre de 2023, y de los mismos meses, pero de 2024.
Ambas cuestiones fueron derivadas por la Secretaría de Coordinación de Gabinete hacia la Secretaría General de la Gobernación. El 20 de marzo, tras dos meses y 11 días de haber realizado el pedido, con plazos vencidos y sin ningún pedido de prórroga de por medio, LITIGIO presentó un reclamo ante la falta de respuesta. A través de una planilla, se informó que ambas solicitudes fueron elevadas al área de Meiriño el 10 de enero. El último movimiento del expediente data del 5 de febrero, cuando quedaron “en gestión”.
La información, un derecho humano
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con rango constitucional. La publicidad de los actos de gobierno es un pilar del sistema republicano. Los funcionarios deben informar a la sociedad sobre sus acciones.
La Ley de Acceso a la Información Pública provincial sostiene los principios de máxima publicidad de los actos de gobierno, limitaciones excepcionales, informalismo y gratuidad. Su artículo 2 establece que los funcionarios responsables deben organizar, sistematizar, publicar y asegurar un acceso amplio y fácil a la información bajo su control o producida por su sector, salvo excepciones legales.
Asimismo, la Ley Provincial 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública establece que los funcionarios deben garantizar el acceso a la información sin restricciones. El incumplimiento de esta obligación tiene sanciones. El artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública indica que negar arbitrariamente la información solicitada, entregarla de forma incompleta u obstaculizar su acceso constituye una falta grave, sancionable conforme a la ley 678-P y otras normas aplicables. Además, esto puede acarrear responsabilidades civiles y penales. Meiriño debería saberlo.
