La temporada de lluvias en Bolivia inició a finales de noviembre y alcanzó su nivel más crítico esta semana, cuando casi un centenar de municipios se declararon en desastre por las inundaciones, riadas y derrumbes causados por los aguaceros.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por lluvias en prácticamente todo el país que está vigente hasta el 5 de abril. Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, los últimos cuatro meses las lluvias dejaron a 368.702 familias afectadas y damnificadas por los desastres, de las cuales 770 quedaron sin vivienda. Las víctimas suman 50 en todo el país y hay ocho personas desaparecidas por causas relacionadas con las lluvias.
“Estamos enfrentando los peores desastres en los últimos diez años, la furia de la naturaleza golpea a todos los departamentos”, manifestó Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil y coordinador de la atención de desastres.
De los 342 municipios del país, 99 se declararon en situación de desastre y otros 18 en emergencia. Si las precipitaciones continúan, el Gobierno no descarta declarar emergencia a nivel nacional, indicó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, en una conferencia de prensa realizada este domingo.
Ante esta situación crítica, el presidente Luis Arce realizó el sábado una reunión de evaluación con siete de sus ministros y algunos equipos técnicos para evaluar los efectos de los desastres naturales y reforzar las acciones de reconstrucción, prevención y auxilio a los municipios afectados.
Este miércoles por la mañana, en entrevista con la radio El Deber, el viceministro Calvimontes solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un segundo crédito para atender emergencias por desastres naturales. Se trata de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 250 millones de dólares. La semana pasada, el Senado ya aprobó un crédito de 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para los mismos fines.
Pérdida de viviendas y cultivos
Según el reporte oficial, 770 viviendas quedaron destruidas por efecto de las lluvias y deslizamientos de tierra en los últimos cuatro meses. Uno de los primeros casos ocurrió el a finales de noviembre cuando una mazamorra cayó en la zona de Bajo Llojeta en La Paz, dejando 40 viviendas bajo el lodo y provocando la muerte de una niña de cinco años.
También hubo grandes afectaciones en la zona del Trópico de Cochabamba donde cuatro personas murieron por un deslizamiento que afectó decenas de viviendas y en la localidad de Quime, en el área rural de La Paz, el desborde de dos ríos arrasó viviendas, árboles y dejó al pueblo sin servicios básicos durante varios días.
En la sede de Gobierno también se tuvo que evacuar familias de barrios en los que había riesgo de colapso de viviendas, como el barrio Codavisa, donde un deslizamiento provocó daños en 43 viviendas el pasado 10 de marzo.
En todo este tiempo, en varias comunidades de La Paz y el norte de Santa Cruz los cultivos se vieron afectados por las inundaciones y generaron pérdidas para los productores. “Estos fenómenos están golpeando a la gente más pobre, a los campesinos, los pequeños productores y son daños irreparables, están perdiendo toda su producción, es difícil llevarles alimento para todo el año y lo más fácil para ellos va ser migrar a las áreas urbanas”, explicó Calvimontes.
En ese contexto, el viceministro recomendó realizar tareas de prevención en cuanto a la organización del territorio urbano debido a que los desastres por las lluvias pusieron de manifiesto una mala planificación e incumplimiento de normas de construcción.
