Carlos Vaudagna reveló cómo cobró sobornos para ayudar a evadir dinero y persiguió a contribuyentes para extorsionarlos.
La declaración como arrepentido de un funcionario de la mayor jerarquía de la ex AFIP en Rosario presenta tres novedades de enorme potencia. Primero porque acepta formar parte de una asociación ilícita donde había jueces y empresarios entre otras figuras poderosas del establishment provincial. También por reconocer que lo hacía a cambio de sobornos, con lo que arrastra a los que los pagaron. Por último, por transparentar desde adentro algo oculto que era ampliamente conocido, pero de lo que ahora no solo hay prueba variada sino una confesión estridente.
Carlos Andrés Vaudagna, máxima autoridad regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020, declaró haber concretado acciones coordinadas con el juez federal Marcelo Bailaque para perseguir contribuyentes en investigaciones fiscales y levantar el pie de las pesquisas en el momento en que los que eran víctimas del apriete pagaban.
También aceptó haber favorecido a la empresa Vicentin para que la cerealera pudiera, entre 2016 y 2020, cobrar 143 millones de pesos en reintegros por exportaciones de modo indebido. Estos delitos estaban probados en una pesquisa que tenía a 14 directivos de la agroexportadora procesados y en el camino de condena con prueba abundante. Este martes Vaudagna vino a decir que ayudó desde el organismo recaudador para que la maniobra se concretara.
Lo paradójico aquí es que su testimonio no servirá para que los empresarios implicados encuentren sanción. Ocurre que la reciente ley de blanqueo de capitales de Javier Milei tiene un capítulo de moratoria que permite levantar causas en trámite por evasión a quien haya blanqueado dinero. Uno de los 14 directivos se había acogido a la norma y gracias a él todos los procesados fueron sobreseídos el mes pasado por el juez federal Aldo Alurralde, el mismo que los había procesado por las maniobras de evasión.
Vaudagna declaró que asesoraba al presidente de Vicentin Omar Scarel y que se reunía con el rutinariamente fuera de la sede la AFIP e incluso en días no laborables para facilitarle argumentos legales y jurisprudenciales favorables a la compañía agroexportadora sobre la devolución de impuestos que formaron parte de la maniobra.
Otra confidencia de Vaudagna fue que efectivamente se presentó en una investigación en la Fiscalía Regional de Rosario para ser la coartada a fin de que Scarel, investigado allí por estafa, justificara la tenencia de algo más de 200 mil dólares encontrados en una caja de seguridad utilizada por su hijo en el Banco ICBC de Reconquista. Vaudagna aceptó que dijo ser el dueño de esa plata con una escritura falsa, que simulaba la cesión del dinero para adquirir un inmueble, tras concertar todo con el hombre fuerte de Vicentin.
Con el cobro de coimas y contribuciones por asesorar a empresarios, Vaudagna compró al menos dos mutuales, que puso a administrar con testaferros de sus círculos familiares y de allegados. Compró estancias en la provincia de Chaco, establecimientos lácteos e inmuebles en desarrollos inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe. Las mutuales las utilizaba para gestionar el cobro de honorarios por sus servicios.
De lo más significativo de una declaración que duró varias horas es que Vaudagna admitió haber obligado mediante una extorsión a dos contribuyentes que estos entreguen dinero para paralizar acciones de la AFIP y en la Justicia Federal en su contra. Esto lo aceptó ahora en una causa por la que había sido imputado en noviembre del año pasado junto al juez federal Bailaque. En ese entonces ya había sido exhibida evidencia de que el chantaje lo habían sufrido los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto en el año 2019.
Para esto Bailaque, según reveló el ex jefe de la AFIP, ordenó secuestro de documentación y autorizó que actuara personal del órgano recaudador contra Oneto e Iglesias. Estos fueron indagados y les exigieron una suma de dinero para que las actuaciones en el organismo fiscal y en la Justicia Federal se frenaran. Eso efectivamente ocurrió tres semanas después de la indagatoria cuando obtuvieron la falta de mérito.
Todo lo reconoció Vaudagna en la declaración que prestó el martes en la sede de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac) en su sede porteña de Juan Domingo Perón al 900. Lo que dijo se homologó un día después en Rosario en un acta de colaboración donde Vaudagna se reconoce como imputado colaborador. La firmaron los fiscales Matías Scilabra y Federico Reynares que son quienes en noviembre habían imputado al ex director regional de la AFIP y al juez federal Bailaque.
Bailaque está investigado actualmente en el Consejo de la Magistratura de la Nación por haber omitido autorizar 14 medidas cruciales en el año 2013 en investigaciones por narcotráfico contra Esteban Alvarado, en una causa que quedó paralizada. Alvarado, un actor fundamental de la criminalidad violenta en Rosario, recién fue condenado a prisión perpetua en 2020 y por delitos no relacionados con drogas. Bailaque también quedó muy comprometido cuando se descubrió que su contador personal, Gabriel Mizzau, era también contador en una de las empresas de Alvarado.
En la declaración de ayer Vaudagna reconoce haber prestado asesoramiento al empresario de medios santafesino Carlos Nahuel Caputto, accionista propietario del diario El Litoral de Santa Fe, para favorecerlo en cuestiones tributarias, fiscales y contables, cosa que no podía hacer como director regional de la AFIP. Además admite haber gestionado en favor de Caputto terrenos en las islas «Los Mellados» y «Sirgadero», frente a la ciudad de Santa Fe, en favor de la empresa Deusto de la que Caputto era director, ocultando mediante un complejo entramado de sociedades la real identidad de Caputto como propietario.
En marzo de 2018 el fiscal federal Gustavo Onel investigó a Caputto por la compra de esas islas desde la empresa Deusto, que tenía como actividad principal la de prestación de servicios periodísticos. Deusto pertenecía desde 2007 a una red societaria que integraba Caputto. El planteo del fiscal Onel fue que se utilizó la operación de la isla para tributar menos. Pero además siempre orilló la sospecha de que se compraban esas islas porque allí se emplazaría el trasladado puerto de la ciudad de Santa Fe. La conjetura era que la utilización fiscal de esos terrenos para la obra generaría millonarios ingresos a sus dueños por la expropiación.
Caputto no está, tras la declaración de Vaudagna bajo responsabilidad penal alguna, pero sí la conducta del ex director de la AFIP le generará reproche en el trámite. Desde el entorno de Caputto escuetamente niegan la comisión de delito alguno y aluden a la animosidad negativa hacia él del fiscal federal Walter Rodríguez por declaraciones efectuadas por éste funcionario en el pasado. No obstante las referencias que sobre el vínculo entre Caputto y Vaudagna, que éste reconoce, llegaron a la Justicia Federal de Santa Fe desde otra jurisdicción, a raíz de los contenidos del celular del jefe del organismo recaudador.
Asimismo Vaudagna confiesa haberle asignado a Caputto información reservada sobre diversos contribuyentes y que ordenó a inspectores de la ex AFIP no fiscalizar empresas relacionadas con él. Cita como ejemplo la que intervino para que se archivara una inspección contra la Consultora Arcadia, la agencia publicitaria del empresario, por pedido de Caputto.
Vaudagna reconoce haber asesorado al secretario general del Sindicato del Turf, Carlos Felice, presidente también de la obra social del sector, Ospat. En los intercambios telefónicos queda claro que el ex jefe de la AFIP actuaba como contador del sindicalista, que intervino para colocar dinero de Felice en cuentas offshore en las Islas Cook, un paraíso fiscal en Oceanía.
Las negociaciones que implicaron que Vaudagna declare como arrepentido se encaminan a que se defina un juicio abreviado en su favor en distintas jurisdicciones, donde Reconquista y Rosario pueden ser las primeras. Este martes el funcionario entregó las claves de dos teléfonos que se le secuestraron a partir de allanamientos en noviembre pasado que serán sometidos a pericias. Los contenidos que permitieron imputarlo provinieron de extracciones forenses a un celular que le secuestraron en 2022.
