Marta Soneira, ex ministra de Desarrollo Sostenible y Ambiente durante el gobierno de Jorge Capitanich, se refirió al pedido de imputación e indagatoria que recibió de parte del fiscal federal subrogante, Carlos Amad, por presuntas irregularidades en el manejo de tierras fiscales durante la gestión anterior.
«Nosotros hemos presentado pruebas contundentes de que no es verdad lo que plantea el fiscal, quién realizó su pedido en base a una denuncia que fue radicada por Ana María Canata el año pasado», dijo en una entrevista en ARGENTINOS DE MAL por Radio Independencia.
«La decisión del fiscal Amad de llamarnos a declarar en indagatoria es parte de un procedimiento judicial normal si él ha tenido dudas sobre esa denuncia que recibimos de Canata el año pasado», expresó.
«Sí nos parece extraño, nos llama la atención de que haya sido con tanta celeridad el proceso entre el pedido de imputación del fiscal y el decreto, o sea la resolución de la jueza que interviene, que es subrogante en el juzgado de San Peña», observó.
Al respecto, marcó que «sorprende que nosotros nos hayamos enterado de todo este proceso a través de los medios. Yo estaba en Buenos Aires y nos enteramos a través de los medios, en el expediente judicial entran casi en simultáneo, o sea, en menos de 24 horas tanto la solicitud del fiscal como la resolución de la jueza».
«También nos llama la atención la velocidad con que la información llega a los medios, inclusive el mismo dictamen o la misma resolución judicial que nosotros no la teníamos al alcance de la mano», insistió.
Sobre la acusación que realizó el fiscal contra la ex funcionaria de Capitanich sobre ciertos beneficios, ciertas prebendas que beneficiaron al a su pareja, Soneira contestó que «no es verdad eso, ni mi marido, ni mis hermanos, dos hermanos que están denunciados e imputados, han accedido a tierras fiscales, no es así».
En cuanto al supuesto «lavado de activos» que incluye en la denuncia que recibió de Canata, y que ahora impulsa el fiscal Amad, apuntó que
«no entiendo muy bien ahí cómo juega esto del lavado de activos, pero creo que en la declaración de indagatoria veremos eso».
Soneira explicó que la entrega de tierras fiscales lleva un proceso en los que se deben sortear varios pasos, y que no dependen de la mera voluntad de un gobernador o de una funcionaria.
«Antes que nada se debe aclarar que tanto Capitanich como yo no entregábamos las tierras. La provincia del Chaco tiene una ley de tierras, tanto en la Constitución con la ley de tierras, y con reglamentos y cuestiones administrativas que se deben cumplimentar», indicó.
Resaltó en ese punto que «la potestad absoluta de la entrega, regularización, potestad de adjudicación de tierras, está en el ámbito del Instituto de Colonización. Para poder entregar una tierra, no es que viene un productor y dice quiero tierra, entonces el gobernador ordena, tráiganme y le firmo la escritura. No, primero el gobernador no tiene la potestad de entregar una tierra porque la Constitución y la ley plantean que es Colonización y su estructura como organismo autárquico el que tiene la facultad de hacerlo».
