La ministra de Seguridad dijo que prepara una denuncia por sedición y ensayó una versión disparatada para justificar el disparo contra el fotógrafo Pablo Grillo. Atacó a la jueza de la Ciudad que ordenó liberar a los 114 detenidos y puso en evidencia la arbitrariedad del accionar policial.
Por Luciana Bertoia
Patricia Bullrich fue responsable de un operativo que será recordado por lo violento y desmedido. Pablo Grillo pelea por su vida tras haber recibido un disparo de un lanzagases, arma que estaba prohibida hasta la llegada al gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Lejos de mostrar empatía con la familia o intención de investigar a las fuerzas, Bullrich primero justificó el ataque contra el fotógrafo diciendo que era militante; después alegó que el disparo se había hecho siguiendo “los manuales” y que el cartucho había rebotado –algo que descartan los primeros peritajes. No contenta con ello, la ministra de Seguridad apuntó contra la jueza que ordenó liberar a las 114 personas detenidas y trazó un panorama marcado por la arbitrariedad. Armas tiradas, patrulleros abandonados, niños detenidos, una mujer de 87 años arrojada de espaldas al piso por un efectivo policial son tan solo algunas de las postales de una jornada trágica que ya le depararon denuncias en el ámbito doméstico y en el ámbito internacional a la ministra de Seguridad de Javier Milei.
El gobierno está preocupado por la presencia de manifestantes en la calle. Una vez más, volvió a hablar de un intento de golpe de Estado. Los voceros de esta postura fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la propia Bullrich. Para ella, la marcha en apoyo a los jubilados del miércoles fue organizada por patotas, barrabravas y grupos de izquierda violentos. “Sectores que buscan la desestabilización total de nuestro gobierno”, los calificó en una conferencia de prensa que brindó al mediodía.
Bullrich advirtió que el gobierno estaba trabajando en una denuncia por sedición –que, hasta el cierre de esta edición, no había sido presentada. Se estima que debería ser radicada ante los tribunales de Comodoro Py, donde el Gobierno de Milei no viene encontrando demasiados problemas –más allá del tibio inicio de la pesquisa por la criptoestafa.
Donde sí encontró un límite el Gobierno fue con la jueza de la Ciudad Karina Andrade, que ordenó la soltura de las 114 personas que estaban detenidas a su disposición. Dijo, además, que las detenciones habían sido irregulares: que no se sabía ni dónde, ni cuándo ni por qué las personas eran aprehendidas. Y remarcó que estaban en riesgo derechos como la libertad de expresión y la situación de grupos vulnerables como son los jubilados y las jubiladas. Fue demasiada osadía para la administración libertaria. “Vamos a actuar contra esta jueza que ha decidido liberar a violentos”, amenazó Bullrich.
Desde su cuenta de X se sumó Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, que advirtió que la denunciaría a Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. La mesa de organismos de derechos humanos se solidarizó con la jueza al igual que el colectivo de abogados de lesa Mario Bosch. Lo mismo hizo la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) que lidera Julio Piumato.
Luz verde al caos
La marcha del miércoles estaba convocada para las 17. En ese momento, iban a confluir jubilados y los sectores que los apoyan –fundamentalmente hinchas de clubes de fútbol. Sin embargo, todo se aceleró. “La represión arrancó 45 minutos antes de que empezara la marcha”, afirma María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
La exdiputada del FIT Myriam Bregman coincide con la descripción. “Pasadas las 15 me llamaron los compañeros de la posta de salud que estaban recibiendo donaciones para Bahía Blanca en una de las esquinas de la Plaza del Congreso –cuenta la presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La policía me transmitió que Bullrich decía que el gazebo que tenían ‘podía ser un arma contra la policía’, es decir, donde nosotros vemos solidaridad, ella ve agresión. Me dijeron que el gazebo no podía estar ahí pasadas las 16. Y efectivamente a partir de esa hora la policía comenzó a provocar. Tenían el horario planeado, antes que llegue la mayor cantidad de gente”.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic estaba por la zona, pero nunca pudo llegar cerca de la plaza del Congreso. “Todo lo que pasó fue irregular. Diría que fue ilegal. Bullrich decidió reprimir y evitar la manifestación. El operativo no estaba pensado para encauzar la movilización sino para exterminarla, para que no hubiera concentración”, explica.
“Fue un operativo absolutamente desordenado”, apunta Marcelo Sain, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Cada grupo operativo hacía lo que quería. No había una organización operacional, como hubo en otras manifestaciones”.
Chicos atados, patrulleros abandonados, armas plantadas
La represión dejó postales. Una, la de Beatriz Bianco –una jubilada de 87 años– que fue empujada por un efectivo de la policía y terminó derrumbada en el piso con un traumatismo de cráneo. Dos chiquitos –uno de doce y otro de catorce– terminaron demorados y hasta atados con precintos. No es la primera vez que las fuerzas que dependen de Bullrich atacan a niños. Ya lo habían hecho con Fabrizia, la nena de diez años que en septiembre fue con su mamá a una marcha en favor de los jubilados y terminó gaseada.
La televisión también registró a un efectivo que estaba vestido de civil pero con chaleco de la Policía Federal Argentina (PFA) al que se lo veía pateando un arma. Hubo distintas explicaciones para el hecho. Por un lado, la intención de plantar armas para justificar detenciones y agravar los cargos –de hecho, Bullrich dijo que había detenido personas armadas. Por otro lado, dentro de las fuerzas, estaban quienes sugerían que podría dejar en evidencia que no estaba habilitado para portar el arma en el contexto de la movilización.
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene que el miércoles se vio que la Policía de la Ciudad estaba mucho más alineada con el esquema de Bullrich. Más allá de las detenciones, una imagen recorrió las redes: la de un camión hidrante desde donde se escuchaba decir “vengan, zurdos”. También se vio un patrullero estacionado, con las puertas abiertas y las balizas encendidas, que después terminó dado vuelta e incendiado.
La explicación que dan en la Ciudad fue que el móvil estaba haciendo tareas de prevención y que se topó con dos columnas de manifestantes. Supuestamente en ese momento, el auto tuvo un desperfecto y quien lo manejaba avisó a su superior y lo abandonó porque entendió que corría riesgo su vida. La versión no convence a muchos, que ven una escena montada para justificar la represión. “Un policía pierde la hebilla del cinturón y le hacen un sumario. ¿Va a dejar un patrullero?”, se pregunta Verdú. En la Ciudad dicen que el costo del móvil ronda los 55 mil dólares.
“No hay forma de que una orden como las que da Bullrich se haga sin irregularidades y sin alentar el descontrol de los efectivos”, insiste Frederic.
Las mentiras de la ministra
Las granadas de gases lacrimógenos deben ser arrojadas hacia arriba y en casos extremos. Siempre con un ángulo de 45 grados. Nada de eso pasó en la tarde del miércoles cuando Pablo Grillo estaba registrando unas imágenes detrás de un foco de fuego. Bullrich defendió el accionar del efectivo de las fuerzas que disparó y dejó gravemente herido al fotógrafo. “Lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales”, se atajó la ministra. Su hipótesis no es que hayan tirado directo hacia donde estaba Pablo sino que el proyectil “rebotó”. Tampoco es la primera vez que hay una hipótesis descabellada: también pasó con la nena de diez años cuando el Ministerio instaló que había sido gaseada por los manifestantes.
El Mapa de la Policía analizó imágenes y concluyó que hubo decisión de apuntar a matar, que tiraron a la altura del cuerpo –como ya había pasado en la represión en la que murió el maestro Carlos Fuentealba. Para el análisis, convocaron a los peritos Willy Pregliasco y Martín Onetto.
La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) denunció lo sucedido con Grillo y Bianco ante la Cámara del Crimen. Los ataques que sufrieron deberán ser investigados por el juez Jorge López y el fiscal Daniel Togni.
El CELS también hizo una presentación ante la Procuvin. “Hay que hacer una investigación amplia. Este operativo entra en la serie de como vinieron siendo otros operativos que tienen lugar cuando se discute una cuestión económica. Está claro que al gobierno le molesta cuando se conectan distintas luchas. Hubo un nivel de violencia mayor, un uso abusivo de las armas menos letales y detenciones arbitrarias”, enumera Tufró.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) también dijo que promoverá investigaciones ante lo que calificó como un operativo brutalmente represivo con uso abusivo de gases y de balas de goma disparadas de forma antirreglamentaria directamente al cuerpo y rostro de los manifestantes.
Desde el Gobierno buscaron presentar la movilización como una marcha de los barras. “Bullrich amenazó con que quien fuera a la marcha no iba a poder entrar más a la cancha. Con la misma lógica va a decir que quien se movilice por la educación pública no va a volver a ingresar a la universidad. Es una aberración constitucional”, dice Sergio “Cherco” Smietniansky, de la Coordinadora de Derechos Humanos de los clubes. “No podemos dejar que nos sigan cercenando los derechos democráticos y no podemos naturalizar lo que pasó con Pablo Grillo”.
Fuente: Página/12
