El ex mandatario fue arrestado tras llegar con su familia desde Hong Kong al aeropuerto de Manila. Su país cumplió una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de orquestar ejecuciones sumarias en medio de su guerra contra las drogas
El ex presidente filipino Rodrigo Duterte salió este martes de Manila con destino a La Haya, horas después de su detención en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional vinculada a su sangrienta guerra contra las drogas.
“El ex presidente Rodrigo Duterte despegó a las 23:03 horas de esta noche y abandonó el espacio aéreo filipino”, confirmó el presidente Ferdinand Marcos durante una rueda de prensa poco después del despegue.
“El avión se dirige a La Haya, en los Países Bajos, lo que permitirá al expresidente enfrentarse a los cargos de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”.
Duterte fue arrestado el martes por la mañana tras llegar con su familia desde Hong Kong al aeropuerto internacional de Manila en cumplimiento de una orden de arresto de la CPI. El tribunal internacional había ordenado su arresto tras acusarlo de crímenes contra la humanidad por una mortífera campaña antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo, según informó el gobierno filipino.
Caminando lentamente con un bastón, el ex presidente de 79 años se volvió brevemente hacia un pequeño grupo de ayudantes y partidarios, que lloraban mientras se despedían de él, antes de que una escolta lo ayudara a subir las escaleras hasta el avión.
Vestido con una chaqueta oscura, un furioso Duterte protestó por su detención tras su llegada y preguntó a las autoridades la base legal de su detención. Sus abogados pidieron inmediatamente al Tribunal Supremo de Manila que bloqueara cualquier intento de sacarlo de Filipinas para entregarlo a la CPI en Europa.
“Muéstrenme ahora la base legal de mi presencia aquí”, pidió Duterte a las autoridades en unas declaraciones captadas en vídeo por su hija, Verónica Duterte, que lo publicó en las redes sociales. “Tienen que responder ahora por la privación de libertad.
El arresto sorpresivo provocó una conmoción en el aeropuerto, donde los abogados y asistentes de Duterte protestaron en voz alta porque, junto con un médico y otros abogados, se les impidió acercarse a él después de que fue detenido por la policía. “Esto es una violación de su derecho constitucional”, dijo a los periodistas el senador Bong Go, un aliado cercano de Duterte.
Duterte, de 79 años, fue arrestado a las 9:20 hora local (1:20 GMT) por las fuerzas de seguridad filipinas, después de aterrizar procedente de Hong Kong, donde había asistido a un acto electoral. Tras su detención, fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde expresó su inconformidad con la medida y exigió conocer los fundamentos legales de su arresto.
Las primeras declaraciones de Duterte después de su arresto
“¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”, preguntó el ex mandatario en un video publicado en Instagram por su hija, Verónica Duterte. También aseguró que no había sido detenido por su propia voluntad y que los responsables de su captura deberían responder por la “privación de su libertad”.
En los videos se ve también a Duterte afirmando que llamaría a testificar a quienes ejecutaron su detención en un eventual juicio. “Cuando llegue el momento del proceso, los citaré al estrado. Diré: ‘Usted es la persona que me arrestó. ¿Puede decirme la razón? ¿Leyó los documentos o al menos el caso antes de hacer el arresto?’”
La CPI emitió la orden de arresto contra Duterte en el marco de su investigación sobre la guerra contra las drogas emprendida durante su mandato (2016-2022), en la que murieron al menos 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía Nacional de Filipinas. Organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos, al incluir víctimas de supuestas ejecuciones sumarias a manos de grupos parapoliciales.
El e xpresidente retiró a Filipinas de la CPI en 2019 con el argumento de que el tribunal carecía de jurisdicción sobre el país; sin embargo, la corte decidió continuar con la investigación en 2021, argumentando que los crímenes denunciados ocurrieron cuando Filipinas aún era miembro del organismo.
(Con información de AP)
