El diputado Dr. Juan Carlos Ayala, en colaboración con el concejal Mario González y el dirigente José María Fabián de la localidad de Sauzalito, ha encabezado una serie de gestiones en la ciudad de Resistencia con el objetivo de impulsar la aprobación de un proyecto de ley crucial para el futuro de dicho municipio: el ascenso a segunda categoría. Esta iniciativa, concebida y presentada por el Dr. Ayala, busca elevar el estatus administrativo y, por ende, las capacidades de gestión de Sauzalito, un paso considerado fundamental por sus representantes.
El proyecto de ley en cuestión no es una propuesta reciente o improvisada. Según se ha informado, la iniciativa ya ha superado una etapa significativa al obtener el aval de las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados de la provincia. Este respaldo indica que la propuesta ha sido sometida a un análisis exhaustivo y cumple con los criterios técnicos y legales necesarios para su consideración. De hecho, la delegación de Sauzalito ha enfatizado repetidamente que el proyecto reúne todos los requisitos legales exigidos para su concreción, lo que, a su juicio, debería acelerar su aprobación final.
La importancia de este ascenso de categoría radica en el impacto que tendría en el desarrollo institucional y administrativo de Sauzalito. Una vez aprobada la ley, el municipio se beneficiaría de una mayor autonomía y acceso a recursos, lo que le permitiría implementar políticas públicas de manera más eficiente y responder de forma más efectiva a las necesidades de la comunidad. En este sentido, la delegación de Sauzalito ha apelado directamente a los legisladores provinciales, instándolos a agilizar el tratamiento del proyecto en el recinto legislativo. La aprobación final, según argumentan, representaría un avance significativo hacia un desarrollo más equitativo de la localidad, proporcionando las herramientas necesarias para abordar los desafíos presentes y futuros. La gestión liderada por el Dr. Ayala, junto con los representantes de Sauzalito, subraya la importancia de la colaboración entre los niveles legislativo y local para lograr objetivos comunes que beneficien a las comunidades.
