Este miércoles se realizará la apertura de los teléfonos de Daniel González y Adriana Crucitta en una sede de la Policía Federal. El estudio del contenido estará a cargo de la Fiscalía de Entre Ríos. Un juez debe definir si el caso se investiga en esa provincia o en el juzgado de Arroyo Salgado
El miércoles a las 11, en una sede de la Policía Federal, finalmente se abrirán los teléfonos de dos personajes clave en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider, que sigue con prisión domiciliaria en Asunción (Paraguay). Se trata de Daniel González, “dueño” de la camioneta que utilizó el ex senador para viajar a Paraguay, y la abogada Adriana Crucitta, que aparece en varias de las sociedades creadas en la ciudad de Buenos Aires. La apertura de los teléfonos fue pedida por el fiscal de Entre Ríos Jose Arias y es el primer paso para analizar el contenido de esos aparatos.
El celular de Crucitta fue secuestrado a mediados de diciembre, durante un allanamiento en su estudio jurídico, en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso. Ese domicilio fue utilizado por González al momento de crear la empresa ICELER SA, dedicada a la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). También se utilizó para registrar otra empresa llamada Peninsular Sudamericana SAS.
Crucitta fue empleada de la Biblioteca del Congreso desde 1985, donde habría conocido a González.
El amigo de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió al Kueider y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio.
Además de buenos amigos, Kueider y González fueron socios en Betail SA, una empresa clave que está siendo investigada en varias causas por la compra de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis. “la documentación secuestrada en los allanamientos demuestra que los departamentos son de un particular, y no de la empresa que integra Kueider”, sostuvo una fuente de la defensa del ex senador.
“Gonzalito”, como lo conocen en Entre Ríos, aparece en al menos dos sociedades más: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con la abogada Crucitta. En una de esas firmas, González declaró como domicilio un departamento ubicado en el barrio de Caballito.
Cuando estalló el escándalo, el fiscal Arias y la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenaron varios allanamientos en todos sus domicilios pero no lo pudieron ubicar. Después de varios días, González se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Entre Ríos, entregó su teléfono, y designó a Oscar Bacigalupe, un veterano penalista local que participó en varios casos resonantes.
La apertura de los teléfonos está prevista para este miércoles 12 en el Laboratorio Forense Digital del Departamento Técnico del Cibercrimen, en Cavia al 3300.
“Los chats están, no se borró nada, pero no van a encontrar nada relevante para la causa”, dijo Bacigalupe ante una consulta de Infobae. Para la investigación, igualmente, pueden ser importantes porque la Justicia de Paraguay nunca secuestró los teléfonos de Kueider ni de su secretaria.
El futuro de la causa depende de una puja de competencia
La investigación sobre el patrimonio de Kueider en Entre Ríos está a la espera de una decisión clave. El juez de Concordia, Edwin Ives Bastián, debe decidir si la competencia se mantiene en esa provincia o si pasa al juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, donde hay otra causa contra el ex senador. En Tribunales descuentan que la disputa terminará en la Corte Suprema.
La disputa comenzó en diciembre del año pasado, cuando Arroyo Salgado le envió un oficio a Bastián para que se inhibiera de seguir investigando al ex senador. Hace pocos días, el fiscal Arias sostuvo que en el planteo de la jueza federal “se advierte una interpretación que pretende extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria con los otros hechos investigados por el fuero de excepción (el Federal) y que justifique esa conexidad”.
La causa de Entre Ríos comenzó en junio del año pasado por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco, quien llevó a la Justicia una publicación del sitio El Disenso. Ese expediente investiga el patrimonio de Kueider entre 1999 y 2019, cuando asumió en la Cámara baja. Además de las sociedades y las propiedades, también se analizaron los viajes al exterior. La mayoría fueron a Uruguay.
En tanto, Arroyo Salgado comenzó a investigar a Kueider a raíz de una denuncia del periodista Christian Sanz que también apuntaba a su patrimonio. La jueza luego vinculó esa causa con otra anterior donde se investigan los sobornos pagados por la empresa Securitas a funcionarios públicos de Entre Ríos. ¿Quiénes? En el expediente, hay un mensaje que menciona directamente al ex gobernador Gustavo Bordet, jefe político de Kueider.
